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Medellín

‘Rentas criminales son la raíz de violaciones a los derechos humanos'

Pese a la presencia pública, en Altavista sigue la violencia.

Pese a la presencia pública, en Altavista sigue la violencia.

Foto:Juan Augusto Cardona

Así lo considera el personero de Medellín, quien dijo que persisten altos niveles de violencia.

Pese a las acciones de las autoridades en contra de las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad, no se ha logrado una verdadera desarticulación de las rentas ilegales, lo que lleva a que las capturas no surtan los efectos deseados y haya constantes reacomodos. Así lo expresó con preocupación Guillermo Durán, el personero de Medellín, durante la presentación del informe parcial de la situación de derechos humanos en 2018.
Para el funcionario, esta situación es la raíz de diversos tipos de violencia que persisten en la capital antioqueña, como las amenazas, los desplazamientos intraurbanos y los homicidios. En este último punto, preocupa que aún faltando 20 días para que se acabe el año, ya se superó la cifra de todo 2017.
En este cúmulo de asesinatos, hay 38 que corresponden a menores de edad. Según la entidad del Ministerio Público, el 56 por ciento de los casos en este grupo poblacional obedeció a amenazas, narcotráfico y enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
“Es necesario el desmonte en Medellín de estas economías criminales que generan las graves afectaciones a los derechos humanos”, indicó el personero, quien añadió que a esto se suma que hay registros de nuevas víctimas por conflictividades diferentes a las que se presentaban antes del acuerdo final con las antiguas Farc.
Solo entre el primero de enero y el 3 de diciembre de este año, se reportaron 7.079 nuevas víctimas en la ciudad, situación que se agrava porque podría haber subregistro, debido a que persiste la falta de denuncias, ya sea por temor o porque las personas no encuentran un apoyo real en la institucionalidad.
Por ello, Durán hizo un llamado a la administración municipal para que implemente acciones encaminadas a atacar dichas rentas, que se configuran como el “combustible” de las violaciones a los derechos humanos. Además de narcotráfico, microtráfico y extorsiones, los grupos armados ilegales ejercen monopolio de productos de la canasta familiar en muchas de las comunas.

Es necesario el desmonte en Medellín de estas economías criminales que generan las graves afectaciones a los derechos humanos

Organizaciones sociales y de derechos humanos también se refirieron ayer a este punto y argumentaron que es una estrategia de las estructuras criminales para consolidar el poder, que se basa principalmente en la prestación ilegal de seguridad, exigiendo un pago a cambio, así como en obligar a los ciudadanos a dar dinero por servicios o productos ilegales mediante amenazas e intimidación que van desde lesiones personales, daños, usurpación de su patrimonio y despojo de sus bienes hasta la muerte.
Una de las mayores problemáticas que trae consigo esta situación es el desplazamiento intraurbano, que en lo que ha transcurrido del año ha afectado a más de 3.500 personas. Ello, sin contar las más de 4.500 víctimas de desplazamiento que llegaron a Medellín este año solo desde el Bajo Cauca, por causa de la violencia.
En el caso de la capital antioqueña, el informe de la Personería indicó que los principales responsables del desplazamiento son los grupos delincuenciales presentes en las comunas, en los que también hay alta presencia de jóvenes entre los 15 y los 28 años de edad.
Asimismo, esta problemática afecta en mayor medida a los niños y adolescentes, pues son foco de utilización y reclutamiento por parte de las estructuras delincuenciales y ello provoca que las familias prefieran huir.
Organizaciones sociales también expresaron su preocupación y criticaron que haya incrementos en varios indicadores de inseguridad. Para los líderes sociales, esto “pone en entredicho las afirmaciones de la actual Alcaldía, en el sentido de aseverar la desarticulación de estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad con base en el modelo de capturas y judicialización.

¿Qué pasa en las familias?

Para el personero, otra de las grandes preocupaciones sobre derechos humanos es la descomposición familiar, lo que se evidencia en violencia y abandono contra los adultos mayores, maltrato y abuso sexual contra los niños y adolescentes y aumento de la violencia intrafamiliar contra la mujer.
“La inversión debe ser de puertas para adentro, a veces se hace mucha inversión para tener ciudades bonitas, escenarios cómodos, pero hay que mirar qué pasa en los hogares”, manifestó Durán.
De hecho, según el informe, en el transcurso de 2018 hubo un incremento del 33 por ciento en la violencia intrafamiliar contra los menores de edad, respecto al mismo periodo de 2017. Esto se representa en un total de 3.464 casos para 2018, frente a 2.582 del año pasado.

La inversión debe ser de puertas para adentro, a veces se hace mucha inversión para tener ciudades bonitas, escenarios cómodos, pero hay que mirar qué pasa en los hogares

De la mano de este problema, sigue siendo elevado el nivel de violencia sexual en contra de los niños y adolescentes y siguen siendo los padres, los tíos, los abuelos o los hermanos los principales victimarios, lo que lleva a que muchos casos no se denuncien y haya subregistro.
Este año se han denunciado 1.831 casos de abuso sexual contra esta población, lo que significa un 6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Las comunas con mayor incidencia son La Candelaria (139 casos), Manrique (121 casos), Robledo (117 casos), Doce de Octubre (111 casos) y Villa Hermosa (101 casos).
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
Medellín
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