Antioquia es el segundo departamento del país donde más árboles se talan, con el 12,8 por ciento del total nacional. A esta preocupación se suma que las autoridades ambientales carecen de herramientas o políticas claras para evitar estos desastres naturales.
La problemática se evidencia en que el déficit de árboles en el valle de Aburrá es de 700.000 ejemplares; es decir, casi el doble de los 418.154 que en este momento sobreviven en los 10 municipios que conforman el territorio metropolitano.
Para Juan Guillermo Páramo, director de AnimaNaturalis de Antioquia, a pesar de las cifras, el Área Metropolitana sigue otorgando permisos de aprovechamiento forestal sin el consentimiento de las comunidades, sin tener en cuenta el bienestar y salud de los ciudadanos.
Un ejemplo de esto es que el pasado mes de agosto le otorgó a una empresa constructora el permiso de aprovechamiento forestal de 300 árboles silvestres, para la edificación de un centro comercial ubicado en el sector de La Mota, en el suroccidente de Medellín.
“Ellos se excusan en que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) declaraba ese terreno como apto para la urbanización y que ya le había sido otorgada la Licencia de Construcción de la Curaduría”, dijo Páramo.
Sin embargo, para el ambientalista estas son instancias diferentes que no se encargan de la protección del medio ambiente, como sí lo debe hacer la autoridad ambiental.
“El Área Metropolitana y Corantioquia deben tener la independencia para parar proyectos que vayan en detrimento de los ciudadanos. Hemos propuesto que el avance de la ciudad debe ser en armonía con la naturaleza, que si tengo 200 árboles pueden preservar la mitad con el solo cambio de los diseños”, explicó el activista.
Páramo señaló que a todo esto se agrega que la comunidad interpuso una acción de grupo y aún la juez no ha fallado; sin embargo, los 300 árboles ya están en el suelo y algunos animales silvestres murieron mientras ocurría el desastre.
María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana, reconoció que no hay políticas claras que cierren las brechas entre lo que es el índice constructivo y la calidad ambiental del territorio, pero dijo que desde el Área están comenzando a gestar estas iniciativas.
“Por eso tenemos que afinar mucho la metodología y proponer nuevos modelos de desarrollo. Hay que modificar temas como la participación ciudadanas, porque podría estar en la ley de una forma más contundente, lo que sería más armónico con las comunidades”, dijo la funcionaria.
En este sentido, según Daniel Carvalho, concejal de Medellín, la solución a estos dilemas medioambientales es que haya mejores mecanismos de socialización de las obras urbanísticas para que sean concienciadas por las comunidades y puedan modificarse.
“Hay que mirar hasta dónde podemos construir y si vale la pena sacrificar árboles para fines comerciales y cómo los diseños se pueden adecuar a esa diversidad”, agregó Carvalho.
PAOLA MORALES ESCOBAR
MEDELLÍN
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