Revelan más problemas en Antioquia por contratos durante la pandemia

Revelan más problemas en Antioquia por contratos durante la pandemia

Contraloría de Antioquia documentó inconsistencias en la compra de mercados y suministros médicos.

Contratos irregulares en Antioquia

Varias contrataciones están en la lupa de los organismos de control

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Jacobo Betancur Peláez
23 de mayo 2020 , 06:00 a.m.

Documentos incompletos, cotizaciones desfasadas, información falsa y desorden administrativo hacen parte del panorama que la Contraloría General de Antioquia encontró en varios municipios del departamento, luego de emprender una serie de auditorías relámpago y revisar cómo decenas de alcaldes vienen gastándose los recursos públicos en el marco de la emergencia sanitaria.

Según datos de Colombia Compra eficiente, desde el pasado 17 de marzo, en Antioquia se habían reportado la firma de por lo menos 11.337 contratos por más de 576.000 millones de pesos.

Aunque en el país, la Contraloría General de la República ya había abierto el 24 de abril indagaciones en contra de la Secretaría de Educación de Medellín y la Alcaldía de Abejorral por presuntos sobrecostos en la compra de mercados, a nivel departamental la Contraloría General de Antioquia también había iniciado desde el 13 de abril una estrategia de vigilancia hacia los 121 municipios y 335 entidades que hacen parte de su jurisdicción.

El organismo de control dividió su revisión en dos frentes principales: el primero, a través de un grupo de control territorial desplegado en las nueve subregiones del departamento y el segundo, enfocado exclusivamente en priorizar cuáles municipios tenían el mayor número de denuncias ciudadanas y necesitaban ser visitados con urgencia.Como resultado de esta estrategia, hasta el cierre de esta edición, el ente había hecho públicos al menos 31 informes técnicos en los que analizó los contratos más problemáticos, la mayoría destinados a la compra de paquetes alimentarios y suministros médicos.Le puede interesar: Abren proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Medellín

En la subregión del Urabá antioqueño, uno de los municipios peor librados fue Necoclí, que luego de firmar un contrato por 450 millones de pesos, con una empresa identificada como Stage Events, se vio en problemas para responder a varias preguntas realizadas por los auditores.

Además de cuestionar la idoneidad de la empresa, que cumplió un papel de intermediario en la compra de los productos, el hallazgo más grave para los investigadores fue la ausencia de soportes que probaran la entrega de los paquetes.

Según aparece en el informe técnico, aunque en el contrato el número de beneficiarios era de 3.000, al revisar las planillas de entrega se habían encontrado a 680 personas registradas. Es decir, que de los 450 millones firmados, tan solo estaba probada la entrega de productos por 72 millones. Esta inconsistencia, sumada a otros gastos sin soportes, hizo que la entidad calculara un presunto detrimento patrimonial por más de 355 millones de pesos, dando traslado la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría para que iniciaran procesos contra el gobierno local.

Es importante que nos sigan informando. La comunidad es nuestro mayor y mejor aliado para tener conocimiento de cualquier presunta irregularidad que se esté realizando

Una situación parecida sucedió en el municipio de La Ceja, subregión del Oriente de Antioquia, en donde el contrato que mayor atención despertó fue uno firmado por 200 millones con una empresa identificada como Vibe Distribuciones S.A.S., en el que se repartirían 4.000 paquetes alimentarios de 50.000 pesos cada uno.

Aparte de cuantificar un posible sobrecosto de 12.257 pesos por cada mercado, los investigadores encontraron serias inconsistencias al verificar la dirección de la sede que el contratista reportaba. Según aparece en el informe, el representante legal había asegurado que su empresa tenía locales en el municipio de Rionegro, uno en el centro comercial José María Córdoba y otro en la Plaza de Mercado.

Pero, al visitar ambas direcciones, los funcionarios encontraron que en el primero funcionaba una firma de asesorías contables y en el segundo, la noticia de que estaba cerrado hacía aproximadamente cuatro años y estaba en “proceso de recuperación por parte del municipio”, tal como lo aseguró la administración de la plaza.

Por esta última inconsistencia, el ente trasladó sus hallazgos a la Fiscalía para el inicio de investigaciones.

La falta de soportes también puso a dar explicaciones a la Alcaldía de Mutatá, en Urabá, luego de firmar un contrato por 39 millones de pesos para repartir 400 mercados entre la población vulnerable.

En el municipio de Barbosa, ubicado en el norte del valle de Aburrá, la compra de suministros médicos también puso a dar explicaciones al gobierno local.
En este caso, la Contraloría cuestionó la firma del contrato 186 de 2020, por 150 millones de pesos, que contemplaba la compra de tapabocas N95 para la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de ese municipio.

Además de encontrar defectos en los tapabocas, cuyos hilos sujetadores se rompían al ser utilizados, el organismo no encontró lógico que de las 1.000 unidades que habían sido compradas, tan solo 550 hubieran sido entregadas a los profesionales de la salud del hospital, tal como lo estipula el Ministerio de Salud. El resto habría quedado en las manos de personas que “no los requerían, ni debían hacer uso de ellos”.

Aunque las irregularidades e inconsistencias son muchas, el ejercicio no ha arrojado hasta ahora un gran volumen de sanciones administrativas.

Esto a causa de que en la mayoría de los municipios, muchos de los pagos y movimientos presupuestales no se habían efectuado al momento de las auditorías, impidiendo a la Contraloría actuar sobre presuntos detrimentos ya consumados.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Para EL TIEMPO

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