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Medellín

Revelan detalles de cómo operaba red de corrupción en Antioquia

El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga (izq) y el gerente del Hospital de Copacabana, Héctor Darío Cano (der) están salpicados en el caso de corrupción en la contraloría

El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga (izq) y el gerente del Hospital de Copacabana, Héctor Darío Cano (der) están salpicados en el caso de corrupción en la contraloría

Foto:Alejandro Mercado / EL TIEMPO

El contralor habría recibido títulos mineros en San Carlos a cambio de coimas. Van cuatro imputados

Sorpresivas revelaciones se dieron este viernes 23 de agosto en la primera audiencia de imputación de cargos a los 10 vinculados en la presunta red de corrupción que operaba desde la Contraloría de Antioquia.
La fiscal 28 seccional, encargada del caso, informó que desde el año pasado comenzaron las labores de investigación, que en su mayoría fueron enfocadas en la presunta manipulación de hallazgos en las auditorías hechas por la mencionada entidad.
Manipulaciones que, principalmente, consistían en minimizar los hallazgos para que no fueran ni penales ni fiscales y así, la responsabilidad fuera menor para las entidades auditadas.
En el caso, la Fiscalía reveló una cercana relación de la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín y su esposo, Juan Alberto García, exalcalde del municipio y quien en 2014 fue condenado por peculado, con el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga y el subcontralor, Rubén Darío Naranjo.
En la imputación a la alcaldesa por el delito de cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía indicó que la alcaldesa les ofreció "una excelente atención con favores y ayudas", a través de su esposo, quien es socio de una mina caliza.
Allí, Zuluaga y Naranjo "participaron directamente en la auditoría de la vigencia 2017, hecha en 2018, con resultados favorables para la alcaldesa". Dicha auditoría la hizo el contralor auxiliar Dioner Ortíz, también vinculado al proceso.
El 22 de enero del 2018, reveló el ente acusador, fue constituida la Sociedad de la mina Calizas Portugal SAS. en la que los tres (Zuluaga, Naranjo y Marín) eran socios.
Otra de las revelaciones fue la participación dentro de la llamada 'contraloría de bolsillo' del subcontralor Rubén Darío Naranjo, quien estaría en Estados Unidos y por quien las autoridades solicitarían Circular Roja a la Interpol para dar con su paradero.
Según la fiscal, Naranjo tenía relaciones cercanas con los alcaldes de Jardín y La Pintada, así como con el gerente del hospital de hospital de Copacabana, a quienes habría favorecido en las auditorías a cambio de contratos y favores.

Zuluaga y Naranjo participaron directamente en la auditoría de la vigencia 2017, hecha en 2018, con resultados favorables para la alcaldesa

Precisamente, fue César Augusto Zapata, alcalde de La Pintada, el primer imputado. A él, lo acusaron de cohecho por dar y ofrecer, contratación sin cumplir requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
En caso de ser hallado culpable, aclaró la Fiscal, se le aplicará la pena más grave, que son de 4 a 12 años de prisión y 5 a 12 años de inhabilidad.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, el mandatario celebró 9 contratos por más de 180 millones de pesos con dos empresas de la familia de Subcontralor, una, Transporte Farallones (a nombre de la hija de Naranjo) y la segunda, inversiones Naranjo, de la esposa del subcontralor.
Fue ocupado la empresa Transportes Farallones, perteneciente a la hija del subontralor Rubén Darío Naranjo, quien tiene orden de captura.

Fue ocupado la empresa Transportes Farallones, perteneciente a la hija del subontralor Rubén Darío Naranjo, quien tiene orden de captura.

Foto:Cortesía Fiscalía General de la Nación

En el caso de transporte Farallones, reveló la Fiscalía que fueron 7 contratos de más de 20 millones de pesos cada uno y que supuestamente era para transportar estudiantes de las zonas alejadas del municipio durante el calendario escolar.
Sin embargo, la duración de cada contrato fue solamente entre 15 y 20 días y tuvieron a dicha empresa como única oferente.
"No se encontró evidencia de los soportes de ejecución de estos contratos por lo que se asume que no se cumplieron. De igual forma, algunos de estos debían ser publicados en el Secop, y no aparecían", reveló la fiscal.
Por estos contratos, acusó la Fiscalía, hubo contraprestación pues el mandatario se vio beneficiado en las auditorías del 2016 y 2017, en las que incluso, de acuerdo con lo presentado por el ente acusador pasaron en 2016 de 19 hallazgos administrativos, 3 fiscales, 4 disciplinarios y 0 penales, al año siguiente con 14 hallazgos administrativos, 2 disciplinarios, 0 penales y 0 fiscales.

No se encontró evidencia de los soportes de ejecución de estos contratos por lo que se asume que no se cumplieron

Los otros dos imputados fueron: el alcalde de Jardín, William Enrique Rendón y el gerente del Hospital de Copacabana, Héctor Darío Cano.
Al primero lo acusaron de Cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos y en caso de ser hallado culpable, podría pagar más de 216 meses de prisión y una inhabilidad entre 80 y 216 meses.
A Rendón le indicó la Fiscalía, que direccionó contratos para favorecer al subcontralor Naranjo a cambio de beneficiarse en la auditoría de la vigencia 2017, que arrojó 9 hallazgos administrativos, uno disciplinario, ninguno penal y ninguno fiscal.
En el caso del gerente del Hospital de Copacabana, la Fiscalía reveló audios en los que el subcontralor Naranjo le solicitaba de manera expresa, la contratación de una odontóloga, quien sería sobrina de Naranjo. Esto, en contraprestación de una ayuda en los resultados de las auditorías.
Reveló el ente acusador, que en dicho reporte, les bajaron tres hallazgos Disciplinarios a categoría Administrativos y, además, "hubo hallazgos penales y fiscales que no se reportaron".
Al funcionario lo acusaron de tres conductas punibles: prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. De ser hallado culpable, se le aplicaría la condena del delito más grave, que sería el tercero, que es entre 74 y 216 meses de prisión, sumados a otros más de los otros delitos.
DAVID ALEJANDRO MERCADO
Redactor de EL TIEMPO
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