Quemas ilegales amenazan a Antioquia durante temporada seca

Quemas ilegales amenazan a Antioquia durante temporada seca

Corporaciones harán alianza con la IV Brigada para que soldados se conviertan en guardabosques.

Incendios forestales resultados

HOli

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Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (Devimed)

Por: Jacobo Betancur
30 de enero 2020 , 09:19 a.m.

Durante los últimos cuatro años, al menos 600 incendios de cobertura vegetal han consumido cerca de 2.428 hectáreas en Antioquia, según cálculos del Departamento Administrativo de Gestión de Desastres (Dapard). Una cifra que equivale al área de 3.351 canchas de fútbol juntas.Aunque la tendencia de estos eventos ha disminuido ostensiblemente, pasando de 340 incendios en 2016 a 81 en 2019, la llegada de la temporada seca tiene en alerta máxima a las autoridades del departamento.

El pasado diciembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó un informe en el que explicó que el 95 por ciento de los incendios de cobertura vegetal que ocurren en el país son causados por personas.

En la mayoría de los casos, sostiene el documento, se trata de campesinos que realizan quemas ilegales con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, preparar sus terrenos o incinerar residuos sólidos.

Para enfrentar este problema, el Ministerio de Medio Ambiente ha expedido varias resoluciones en las que ha establecido prácticas agrícolas que les permitan a los ganaderos y campesinos trabajar sin poner en riesgo el medioambiente.

De igual forma, desde 1974 se han expedido al menos nueve leyes y decretos para reglamentar estas prácticas y, sobre todo, establecer los criterios que los gobiernos locales deben seguir para prevenir los incendios y enfrentar las emergencias.

Sin embargo, según coinciden varias entidades departamentales, a pesar de los esfuerzos por eliminar esta práctica todavía son muchas las personas que infringen la norma. Además, en materia de gestión del riesgo, aún son muchas las tareas pendientes.

Ana Ligia Mora Martínez, directora general de Corantioquia, corporación autónoma regional que vigila a 80 municipios del departamento, explica que controlar y sancionar las quemas ilegales es una tarea que desborda las capacidades operativas de la entidad. Según precisa, durante el último cuatrienio tan solo han logrado abrir y decidir siete procesos sancionatorios por quemas ilegales.

Nosotros atendemos entre 10 y 15 casos de quemas por oficina cada año y en la mayoría de ellos no es posible identificar a los infractores

“Nosotros atendemos entre 10 y 15 casos de quemas por oficina cada año y en la mayoría de ellos no es posible identificar a los infractores. Este tipo de sanciones son muy complejas, ya que se tiene que tener absoluta certeza de la culpabilidad para emitir una sanción. Nosotros tenemos muy poca capacidad humana de estar allí, por lo que a veces se dificulta ese proceso de investigación”, agrega Mora Martínez.

La funcionaria dice que por esta razón la Corporación se ha enfocado en fortalecer los programas de prevención, bajo la lógica de que es mejor prevenir que se produzca el daño a intentar repararlo luego. Por ello, insiste en que la entidad ha fortalecido su presencia en las instituciones educativas del departamento y viene asesorando a 28 municipios para que incorporen en su planeación un enfoque para combatir el cambio climático.

Jaime Enrique Gómez Zapata, nuevo director del Dapard, enfatiza en que durante las primeras semanas de este año viene reiterando un llamado a los nuevos gobiernos locales para que actualicen sus políticas de gestión del riesgo, aprovechando que están formulando sus planes municipales de desarrollo para el próximo cuatrienio.

A la pregunta sobre qué falencias había encontrado en este aspecto durante el proceso de empalme, Gómez prefiere no identificar los municipios con mayores problemas ya que, asegura, la entidad todavía está recabando información para construir un diagnóstico detallado.

Con base en ese diagnóstico, precisa el director, el departamento fijará el presupuesto para la gestión del riesgo durante los próximos años y formulará la estrategia en ese tema en el plan de desarrollo departamental.

“Dentro de los planes de gestión del riesgo hay que hacer una revisión muy juiciosa. Hemos encontrado algunas falencias o faltantes y se están haciendo las recomendaciones para que los municipios actualicen esos planes. La idea es que en el transcurso de los próximos meses tengamos toda la información actualizada sobre la capacidad de respuesta de cada municipio”, agrega Gómez.

Desde el inicio de la temporada seca, el pasado 16 de diciembre de 2019, el Dapard ha calculado que al menos 62 hectáreas de coberturas vegetales de 20 localidades se han visto afectadas por 40 conflagraciones.

JACOBO BETANCUR
Para EL TIEMPO@JacoboBetancur

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