11 años de suspensión e inhabilidad para el gerente del Hospital General de Medellín (HGM), Jesús Eugenio Bustamante, acaba de determinar la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de un contrato de prestación de servicios con el concejal de Girardota, Diego Andrés Cataño Peña -entre 2016 y 2019-, quien también fue suspendido por el órgano de control, por siete meses.
Cataño fue contratado por Bustamante para que ejerciera como médico auditor de la entidad de salud, desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016, labor por la cual recibió una remuneración de 25 millones de pesos.
De acuerdo con la Procuraduría, durante el periodo de tiempo del contrato entre los dos individuos, "celebraron y ejecutaron un contrato de prestación de servicios con la E.S. E, a pesar de que Cataño Peña estaba incurso en inhabilidad para contratar con entidades públicas" .
"El gerente permitió que durante ese periodo el concejal percibiera dos asignaciones del tesoro público: honorarios por valor de $5.597.332 como concejal y $24.066.805 de pesos como médico auditor del Hospital General de Medellín", indicó el ministerio público a través de comunicado de prensa.La falta de Bustamante Cano, indicó la Procuraduría, se calificó como gravísima con culpa gravísima y las de Cataño Peña como graves con culpa grave.
Procuraduría (@PGN_COL) destituyó e inhabilitó por 11 años al gerente del Hospital General de #Medellín, Antioquia
— Procuraduría Colombia (@PGN_COL) January 23, 2020
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Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el funcionario recibe una sanción del Ministerio Público, por este hecho. El 27 de febrero del año pasado, el gerente de la entidad de salud, la institución había tomado la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 13 años. Sin embargo, la decisión fue apelada en primera instancia por el funcionario.
Sobre los hechos, indicó Bustamante a EL TIEMPO luego de la decisión de primera instancia, en febrero de 2019, que el hospital siempre ha requerido del servicio de auditor médico y que cuando él llegó al cargo surgió una vacante en ese cargo, por lo cual se hizo el contrato de prestación de servicios con el concejal.
El Hospital General de Medellín atiende en primer nivel de complejidad a las personas de menos recursos del departamento.
Guillermo Ossa. Archivo.
"Primero, no fue un contrato hecho para ese concejal, cuando él terminó el contrato continuó otro médico auditor ejerciendo esas funciones. Segundo, él es concejal en un municipio diferente a Medellín y no era de la mesa directiva del concejo donde estaba ejerciendo. Tercero, los honorarios que se le pagaron fueron igual a los que se le pagan a cualquier auditor médico de la institución", manifestó el funcionario.La inhabilidad anunciada hoy por la Procuraduría es la decisión de segunda instancia, que no podrá ser apelada, indicó el órgano de control.
MEDELLÍN