William Monroy Calderón, capturado este domingo después asesinar con un cuchillo a Leonardo Linch –un funcionario de TransMilenio que lo reprendió por colarse en este sistema de transporte en Bogotá–, había recobrado su libertad hace siete días. Un juez le concedió la libertad condicional el 11 de enero, a pesar de que en su contra pesa una investigación por tentativa de homicidio, y de tener indagaciones preliminares por falsedad en identidad, daño en bien ajeno, dos casos por violencia intrafamiliar, hurto calificado y tráfico de armas.
Como Monroy hay decenas de procesos en los que jueces les han otorgado polémicos beneficios a peligrosos delincuentes a pesar de sus antecedentes. En la última semana se han conocido por lo menos cinco robos protagonizados por personas que gozaban la detención domiciliaria o la vigilancia con brazaletes electrónicos (ver notas anexas).
Ante la avalancha de casos, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, aseguró que los jueces están hoy sometidos a la aplicación de las normas vigentes para conceder ese tipo de medidas y deben tener en cuenta que no se trate de personas peligrosas para la sociedad.
Londoño recordó que la legislación excluye de estos beneficios a quienes cometan delitos graves como el porte de drogas, hurto calificado, violencia intrafamiliar, hasta delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
Sin embargo, el ministro dice que frente a los delitos que no han sido excluidos de esos beneficios, “el otorgamiento está totalmente sujeto con el avance en el proceso de resocialización de los privados de la libertad”.
Sobre las fallas en el control de los brazaletes y de las medidas de casa por cárcel, Londoño asegura que “si bien hay casos aislados, la población privada de la libertad con mecanismo de vigilancia electrónica es la que presenta un menor índice de reincidencia de todo el sistema penitenciario”.
El ministro dice que el Inpec tiene en vigilancia electrónica a 4.764 personas privadas de la libertad en su casa. Agrega que solo un 2,5 por ciento de los casos de delincuentes que reinciden tenían ese tipo de medida, mientras que las personas que cumplen la sanción en prisión reportan un 79,3 por ciento de los casos de reincidencia.
Londoño insistió en que en los procesos en los que se compruebe que los beneficiados con brazaletes o casa por cárcel incumplieron con su medida, la ley es clara en que debe revocarse el beneficio, teniendo que pagar la condena en prisión. “Adicionalmente al cumplimiento de dicha pena, la persona debe responder por las nuevas acciones delictivas, dentro de las que se encuentra la fuga de presos, por el cual se ve abocado a una pena entre 3 y 6 años de prisión”, aseguró.
Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, dice que este tipo de beneficios son efectivos siempre y cuando haya controles. “El Inpec no tiene capacidad para controlar a todos y cada una de las personas con vigilancia electrónica, o restricciones de su movilidad. Lo máximo que puede hacer en algunos casos es realizar llamadas sorpresas, pero en muy pocas oportunidades se va a los sitios a verificar que estén cumpliendo con su pena privativa, o restrictiva de la libertad, como lo estableció el juez. Los delincuentes reinciden porque saben que no hay controles fuertes”, dice.
Agrega que los casos en los que haya duda sobre las acciones de los jueces, que deben aplicar los agravantes para no conceder los beneficios en personas reincidentes, deben ser estudiados por el Consejo Superior de la Judicatura.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Bogotá, Daniel Mejía, coincide con Acero en que es importante que se castigue la reincidencia. También asegura que los jueces deben diferenciar si el delito fue cometido con violencia al punto de colocar en riesgo la vida de la víctima, lo que debe llevar a un incremento de la pena. “El caso de Monroy es un claro ejemplo. Es un reincidente, y los jueces deben ser informados de su historial para adoptar las medidas acordes a la peligrosidad del delincuente”, aseguró.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermns Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, afirmó que los jueces actúan conforme a lo que las normas y leyes vigentes dictan. Asegura que, “por lo general, nuestros jueces no deciden por fuera de la ley, sino que toman sus decisiones basándose en lo que la Fiscalía, Policía o el Inpec les reportan, o con las normas y leyes que el legislador y el Gobierno adoptan en su momento”.
El exfiscal y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez dice que el problema radica en que en las cárceles del país no hay verdaderos programas de resocialización, por lo que los internos salen nuevamente a delinquir. “Lo que ha faltado es una política criminal que sea seria. Un día aumentan las penas y al otro día las flexibilizan; no todo se puede hacer a la luz del Código Penal. En las cárceles, resocialización”.
El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra asegura que “los jueces deben hacer un estudio juicioso, no generalizado, de cada caso. Verificar los antecedentes y la situación del sindicado para que esto no se convierta en un rey de burlas, ni que quienes se hagan beneficiarios de la medida vuelvan a salir a delinquir”.
Nuevos líos de tres liberados1 Porte ilegal
El sábado pasado fue capturado en Barranquilla, junto con otra persona, Bryan Andrés Coll Martínez, alias El Perro, luego de un operativo realizado por la alerta de la comunidad. Ocurrió en el barrio Simón Bolívar, dentro de las oficinas Brasilia, debido a la actitud sospechosa que mostraba junto con su compañero.
Se les halló un arma de fuego. Coll está cobijado con la medida de casa por cárcel por los delitos de porte ilegal de armas y hurto.
Se informó que el pasado 14 de diciembre había sido capturado por la Policía luego de un robo de celulares a dos mujeres en la calle 30 con carrera 21, en el suroriente de la ciudad.
2 Hurto en vivienda
Esta semana, dos hombres y una mujer que cometieron un robo en un conjunto residencial en el occidente de Bogotá fueron capturados por las autoridades.
Tras realizar el operativo para dar con los delincuentes, la Policía encontró que uno de los ladrones era vigilado con un brazalete electrónico del Inpec. Tenía una investigación en su contra por hurto.
3 Robaba con un taladro
Un hombre que había sido condenado en Barranquilla por portel ilegal de armas, y que fue beneficiado con detención domiciliaria por un juez de esa ciudad, fue capturado hace cinco días en Bogotá después de que dos víctimas denunciaron que las había atracado en el sector de Usaquén, con un taladro al que hacía pasar por una pistola.
A pesar de que en su contra pesaba una medida restrictiva de la libertad, las autoridades encontraron que no portaba brazalete electrónico.
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