Polémica por pedido de intervención militar en minas

Polémica por pedido de intervención militar en minas

Mineros dicen que la mayoría son prácticas ancestrales. Gobierno antioqueño no respalda medida.

Minería en Segovia y Remedios

El paro de 2017, que duró 43 días, causó graves afectaciones en seguridad y desabastecimiento para Segovia y Remedios.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por: Heidi Tamayo Ortiz
12 de enero 2019 , 10:06 p.m.

La petición de GranColombiaGold (GCG) de hacer una intervención militar y policial para combatir la minería ilegal en los municipios de Segovia y Remedios (nordeste de Antioquia) y Marmato (Caldas) ha generado una fuerte polémica en Antioquia.

El CEO de la compañía, Lombardo Paredes Arenas, envió una carta a autoridades nacionales y locales, que se conoció la semana pasada, en la que indica que en estos lugares la multinacional tiene los derechos exclusivos sobre depósitos de oro y plata, pero que estos son explotados por grupos de mineros ‘ilegales’ sin permisos y sin títulos. “Esto representa un riesgo significativo para ellos mismos, nuestros empleados, los habitantes y el medioambiente en las áreas circundantes, y además pone en peligro la integridad física y la infraestructura de las minas de la GCG”, dice la carta.

Por ello, piden la intervención de la Fuerza Pública, en tanto que en muchas de las minas donde la multinacional tiene títulos, los ilegales no la dejan explotar e, incluso, dicen, ha habido amenazas en contra de los empleados, sin contar los riesgos de hacer explotación sin las condiciones requeridas.

Mencionan casos de acción en territorios como Buriticá (occidente de Antioquia), donde hay presencia de Continental Gold y donde se llevó a cabo un plan militar y policial para erradicar la minería ilegal de forma exitosa, con capturas, expulsión de mineros ilegales e informales y cierre de minas ilegales.

José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos Corporativos de GranColombiaGold, manifestó que la multinacional tiene 2.800 hectáreas de título minero en las que hay alrededor de 70 minas ilegales operando.

El funcionario aseguró que la empresa ha interpuesto contra ellas más de 90 amparos administrativos. “El comercio ilegal paga menos del 50 % del precio fijado, utiliza mercurio, explosivos ilegales, no afilia empleados a seguridad social ni les paga prestaciones, no paga impuestos ni compensaciones ni regalías. El daño a la región y hasta al país es muy grande”, dijo.

Aunque la solicitud fue dirigida al Gobierno Nacional y este aún no se ha pronunciado, en diálogo con EL TIEMPO, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, sentó una posición al expresar que no contemplan la intervención militar en la zona, debido a que en Segovia y Remedios ha mejorado mucho la situación de orden público y la convivencia.

En ambos municipios, que son vecinos, hay alrededor de 200 policías y 600 soldados, que se encargan de la seguridad en el territorio.

La funcionaria añadió que esta intervención tampoco es necesaria, debido a que ambos municipios tienen alta incidencia de mineros ancestrales y artesanales y muchos ya se han formalizado.

Por ello, la solución más sensata, dijo, es seguir buscando una buena salida para las negociaciones, con la aclaración de que si alguien opera sin permiso, la mina se debe cerrar.

Esta situación la están discutiendo con el Ministerio de Minas y esperan hacer una reunión con mineros de la zona, la multinacional y representantes de las instituciones que puedan ayudar a encontrar una solución.

Se vienen protestas

La petición de militarizar la zona no cayó bien entre los representantes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, para quienes ello va en contravía de los derechos de los mineros ancestrales.

Jaime Alonso Gallego, presidente de la Mesa, indicó que de cumplirse la petición de la compañía, sería una represión a ‘sangre y fuego’ en contra de los mineros tradicionales, que lo único que buscan es la formalización, y que habría graves violaciones de los derechos humanos.

“Eso nos tiene muy confundidos, es una alerta de despojar a los mineros ancestrales. Aquí no estamos plagados de minería ilegal, como ellos dicen, sino que hay mucha minería informal, si la multinacional conoce cuáles son los mineros criminales, que hablen con las autoridades y vayan por ellos”, expresó el líder.

Los mineros ancestrales son quienes han estado por años, generación tras generación dedicados a la minería, mientras que los ilegales son considerados los que están asociados a grupos armados ilegales.

La incertidumbre se mantiene en la zona. Mientras que para la multinacional el peor escenario es que vuelva a hacerse un paro que se prolongue por varios días, la Mesa Minera de Segovia y Remedios tiene planeada una movilización el martes a las 4 de la tarde y a la misma hora, en Marmato, también habrá una manifestación.

Jeison Atehortúa, personero de Segovia, aclaró que el caso de Segovia y Remedios no es similar al de Buriticá.

“El municipio (Segovia) tiene una ancestralidad minera y, lastimosamente, por muchos años se permitió la actividad de mineros informales, pero acá no hay minería ilegal”, dijo el representante del Ministerio Público.

La funcionaria añadió que esta intervención tampoco es necesaria, debido a que ambos municipios tienen alta incidencia de mineros ancestrales y artesanales y muchos ya se han formalizado

Para el diputado de Antioquia, Luis Peláez, la solicitud de la multinacional contiene términos amenazantes y de hacerse sería una violación a fallos jurídicos vigentes que protegen la actividad minera ancestral y tradicional.

“No es aceptable que una empresa venga a dictarle la política pública en materia minera a las autoridades colombianas y mucho menos que las incite a violentar fallos judiciales, en un abierto desafío a nuestra normatividad jurídica”, expresó el diputado del Polo Democrático.

Postura que concuerda con la del representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez, del mismo partido, para quien esta petición “significa nada más y nada menos que acabar con la minería ancestral y tradicional de forma lícita, y si no se puede, de forma ilícita”.

Entre tanto, Noguera explicó que desde septiembre del 2017 han venido solicitando apoyo del Gobierno Nacional y consideran que este no les ha brindado la protección que requieren, como sí lo ha hecho con otras multinacionales en el país, que han estado en circunstancias similares.

Recordó los efectos negativos que ocurrieron durante el paro minero del 2017 en Segovia y Remedios, que duró 43 días y dejó tres personas fallecidas, más de 50 heridas y 32 detenidos (13 menores de edad y 19 adultos), pues hubo una supuesta filtración de la protesta pacífica por parte de grupos armados ilegales, como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y ‘los Rastrojos’.

Asimismo añadió que hasta el momento no han recibido respuesta del Gobierno Nacional.

“Pero quiero aclarar que la compañía nunca le ha pedido al Gobierno Nacional que actúe contra la minería tradicional legal de las poblaciones, sino contra la ilegal”, sostuvo.

Recordó los efectos negativos que ocurrieron durante el paro minero del 2017 en Segovia y Remedios, que duró 43 días y dejó tres personas fallecidas, más de 50 heridas y 32 detenidos

El precio del oro frena acuerdos

El precio del oro es el gran problema para que la compañía GCG y seis empresas mineras lleguen a acuerdos de formalización, que fue uno de los compromisos para levantar el paro de 43 días del 2017. La minera dice que hay minas que pretenden que se les pague el 90 por ciento del precio internacional, lo que es muy difícil porque la compañía debe pagar regalías, impuestos y costos de procesamiento. “Dependiendo del tipo de mina, se les ha ofrecido hasta el 70 por ciento del precio internacional del oro pero ahí hemos tenido dificultades con algunas, con otras no”, afirmó. Gallego lo contradijo y explicó que en muchos casos les ofrecen solo el 20 por ciento a los mineros.

HEIDI TAMAYO ORTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO @HeidiTamayo

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