Personas con discapacidad, por fuera de nóminas públicas de Antioquia

Personas con discapacidad, por fuera de nóminas públicas de Antioquia

De los 122 municipios del departamento, 94 ni siquiera reportaron cuál es su avance en ese tema.

Oportunidades laborales discapacitados

El Ministerio del Trabajo y el DAFP estructuraron el Decreto 2011 de 2017, que fijó un porcentaje de personas con discapacidad que debían formar parte de todas las instituciones públicas del país

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Esneyder Gutiérrez

Por: Jacobo Betancur Peláez
21 de abril 2020 , 11:01 a.m.

A mediados de febrero, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) pasó revista a las políticas para aumentar la participación laboral de las personas con discapacidad en las principales instituciones públicas del país.

En el caso de Antioquia el balance dejó un sabor agridulce, ya que mientras para grandes entidades como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín o Empresas Públicas de Medellín (EPM) los datos arrojaron un balance positivo, en el caso de los pequeños municipios el estudio destapó una brecha que dejó en evidencia las deudas que persisten hacia este segmento poblacional.

La última fotografía disponible que da cuenta del número de personas con discapacidad fue tomada por el Dane en 2010, cuando el consolidado departamental ascendía las 75.134 personas.

Aunque es muy probable que ese estimado haya variado, los datos mostraban que al menos el 41,44 por ciento de las personas con discapacidad vivían en alguno de los diez municipios del área metropolitana del valle de Aburrá. En la subregión, Medellín encabezaba la lista con 15.640 personas, seguido de Itagüí con 5.566 y Envigado con 2.344.

Aquel vistazo del Dane también mostraba que el 26,1 por ciento de las personas con discapacidad en Antioquia no estaban afiliadas a ningún plan de salud. Además, en materia educativa, al menos 26.681 personas no reportaban ningún tipo de formación académica, 34.087 tenía su primaria o su bachillerato incompleto, y tan solo 500 personas tenían un título técnico, tecnológico, de pregrado o de posgrado.

Los datos mostraban que al menos el 41,44 por ciento de las personas con discapacidad vivían en alguno de los diez municipios del área metropolitana del valle de Aburrá

Con el objetivo de establecer un precedente y mejorar la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad, el Ministerio del Trabajo y el DAFP estructuraron el Decreto 2011 de 2017, que fijó un porcentaje de personas con discapacidad que debían formar parte de todas las instituciones públicas del país.

Según contempla esa la norma, aquel porcentaje depende del tamaño de la entidad y unas metas anuales. Por ejemplo, en el caso de las entidades con una nómina de menos de 1000 empleados el porcentaje de inclusión debe ser del 2 por ciento, para las que tienen entre 1000 y 3000 es del 1 por ciento, y las de más de 3000 empleados es del 0,5 por ciento.

En cuanto a las metas, se estableció que cada uno de esos porcentajes deberían irse incrementando con el paso de los años.

Por ejemplo, en el caso de las entidades con una nómina de menos de 1000 empleados, el 2 por ciento exigido para el 31 de diciembre de 2019 debía convertirse en un 3 por ciento el 31 de diciembre de 2023 y luego 4 por ciento en 2027.

Según el último reporte del DAFP, con datos actualizados a abril de 2020, de los 112 municipios de Antioquia, 94 no habían ni siquiera reportado si tenían personas con discapacidad en sus nominas.

Los 112 municipios de Antioquia, 94 no habían ni siquiera reportado si tenían personas con discapacidad en sus nominas

Por otra parte, dentro de un grupo de 44 alcaldías y entidades públicas locales que sí reportaron información, 13 no cumplían con los porcentajes, mientras otras 31 sí lo hacían.

En el caso de los municipios del valle de Aburrá, paradójicamente, a pesar de ser los que mayor número de personas con discapacidad registraban en los datos del Dane, al menos cinco de ellos no cumplían con los porcentajes mínimos exigidos, según los datos del DAFP: Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas, Girardota y La Estrella.

Así mismo, entidades como el Hospital Mental de Antioquia, el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia y la Personería de Medellín tampoco cumplían con la cuota de personas con discapacidad en sus nóminas.

Dentro de las entidades que sí cumplían, según el reporte del DAFP, las que más personas contratadas reportaban eran EPM con 44 personas con discapacidad, la Alcaldía de Medellín con 58 y la Gobernación de Antioquia con 33.

Al menos cinco de ellos no cumplían con los porcentajes mínimos exigidos, según los datos del DAFP: Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas, Girardota y La Estrella

Para Diana Marcela Ramírez, coordinadora de inclusión ocupacional y laboral del Comité de Rehabilitación de Antioquia, estas cifras dan cuenta de dos caras del asunto.

Por un lado, destaca que Antioquia es uno de los departamentos que más personas con discapacidad tiene incorporadas al sector público. Sin embargo, aclara que en la región todavía hay muchas barreras para que esa población pueda integrarse al mundo laboral.

“El Decreto 2011 es una iniciativa en donde cobra importancia los esfuerzos por mejorar las condiciones en la calidad de vida de las personas con discapacidad, derribar los estigmas frente a ella e incrementar los niveles de responsabilidad social. Sin embargo, necesitamos generar mayores procesos de articulación institucional y alianzas para eliminar las barreras que existen. Mientras los diferentes actores de inclusión no logren generar alianzas, los índices de empleabilidad no lograran incrementar”, plantea Ramírez.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Para EL TIEMPO @JacoboBetancur
MEDELLÍN

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