Un carro de Uber fue incinerado por los pasajeros que solicitaron el servicio en la madrugada del sábado, cerca del mall Niquía, en el municipio de Bello, norte del valle de Aburrá.
La víctima le atribuye este ataque a taxistas, quienes le declararon la guerra a la aplicación Uber, y según su versión los pasajeros con ayuda de un tercero le quitaron las llaves del carro, rompieron los vidrios y le prendieron fuego, en el sector Santa Ana de ese municipio, a pocas cuadras de donde los recogió.
El conductor, quien pidió reservar su nombre por seguridad, contó que esos pasajeros bajo amenazas lo obligaron a bajarse del carro y con la ayuda de otra persona, que los estaba esperando, cerca del mall Niquía, le rociaron gasolina al vehículo, que quedó completamente ‘chamuscado’.
Todo estaba planeado. El conductor relató que los hombres solicitaron el servicio y le dijeron que el destino sería el parque Lleras en El Poblado, pero que tenían que pasar por unas amigas al barrio Santa Ana. De acuerdo con la versión, los pasajeros le pidieron que conduciera por una zona específica. “A mí me pareció maluco, pero arriba habían unas casas, entonces pensé que íbamos para allá”, dijo.
El conductor de Uber afirmó que este hecho fue “muy grave y difícil de afrontar” y que con ese carro llevaba el sustento a su casa. Entre tanto, el coronel Juan Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, confirmó el hecho y describió que se registró cerca 2:00 de la mañana del sábado y que la comunidad fue quien dio aviso a las autoridades.
El oficial dijo que se realiza la recolección de material probatorio para “establecer las circunstancias claras del hecho y realizar las investigaciones con la Fiscalía para dar con los móviles y los autores”. Por ello, la Policía verifica las cámaras de seguridad del sector y recoge información con testigos.
La Policía también verifica un panfleto que circuló en redes sociales, advirtiendo una presunta ‘limpieza social’ de las aplicaciones Uber, Cabify y el transporte ilegal en los 10 municipios del área metropolitana, en el que amenazan con destruir estos vehículos.