Luego de nueve días de paro minero en los municipios de Remedios y Segovia (nordeste de Antioquia), del que participan 8.000 pequeños mineros y 2.500 comerciantes, habrá una reunión esta tarde que pondría fin a ese cese de actividades.
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Así lo anunció la Gobernación de Antioquia, que junto al Gobierno Nacional sostendrá hoy una reunión con la Mesa Minera para llegar a un acuerdo y analizar el pliego de peticiones que hacen los trabajadores.
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, contó que la reunión fue convocada después de la alteración de orden público que se registró el pasado sábado en Segovia en la que los manifestantes se enfrentaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
Precisamente, Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera del nordeste antioqueño, contó que hubo hubo 36 heridos civiles y aclaró que hasta ese día la manifestación fue pacifica.
La funcionaria pidió a la Mesa que no bloquee vías porque con ello estarían perjudicando la asistencia de los alumnos a colegios y el comercio, asimismo, dijo que los mineros deben restablecer la tranquilidad en los municipios del nordeste del departamento.
Castañeda dijo que están dispuestos a terminar el paro, siempre y cuando, les den garantías y soluciones al pliego de peticiones.“Llegar a un acuerdo sería lo principal, pedimos garantías para que nuestros mineros, más del 95 por ciento de la población, tengan estabilidad y seguridad”, agregó.
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En ese pliego, la mesa pide la reforma al código de Minas para que se reconozca e incluya la minería tradicional y ancestral, reglamentando nuevos procesos de legalización y formalización.
Castañeda agregó que “sabemos que hay minería irresponsable, minas localizadas en sitios donde hay daños que perturban barrios, incluso, hay unas que las usan para delinquir, pero no hay que confundirlas con las informales ni quitarnos los derechos”, aseguró.
Entre los pliegos de peticiones está la protección a los informales, garantizar sus derechos y oportunidades de formalizarse.
La mesa le solicita al Gobierno que proteja a los informales, garantice sus derechos y les dé oportunidad de formalizarse con herramientas económicas, territoriales y jurídicas hasta llegar con una metodología amigable con el medio ambiente y segura para su ejercicio.
Castañeda aseguró que las políticas adoptadas por el Gobierno afectan la economía de las familias mineras. El cierre de120 entables por el Ministerio de Minas y Energía los perjudicarían porque son el único sustento para las personas que viven de las actividades relacionadas con la minería.
MEDELLÍN
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