El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que la decisión de demandar a los contratistas del proyecto Hidroituango quedó en firme luego de que la nueva junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidiera dar luz verde a esa acción legal.
El anuncio se produjo durante la noche de este lunes 31 de agosto, un par de horas después que ese órgano corporativo terminara una sesión en donde se debatió el tema.
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A través de un comunicado conjunto, los nueve miembros de la junta, conformada el pasado 25 de agosto, explicaron que la decisión habría sido tomada luego de evaluar un informe elaborado por la gerencia de esa compañía, en donde se sopesaron las variables legales, financieras y técnicas de la idea.
“Luego de conocer el informe de la gerencia y de las diferentes dependencias encargadas de los asuntos legales, financieras, técnicas y de riesgos, relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango y que sirvieron de fundamento para la formulación de las solicitudes de conciliación extrajudicial presentadas por EPM y con el propósito de dirimir de mutuo acuerdo las controversias derivadas de la contingencia ocurrida en el citado proyecto, manifiesta su total respaldo al procedimiento conciliatorio en curso, en espera de lograr acuerdos satisfactorios para EPM y la comunidad en general” expresó la junta en un comunicado.
Esta determinación marca el comienzo del que podría ser un largo litigio en el que EPM busca una indemnización de hasta 9,9 billones de pesos por parte de los contratistas de Hidroituango.
La compañía antioqueña argumenta que los hechos que generaron el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que desató una crisis el pasado 28 de abril de 2018, fueron causados por una cadena de errores que involucran a los constructores, diseñadores e interventores de la megaobra.
Desde la otra orilla, el consorcio CCC Ituango dirigió el pasado viernes 14 de agosto una carta a EPM en donde le pidió revisar su decisión de iniciar acciones legales, calificando de “extraño” ese giro de la compañía.
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A lo largo de ese documento, el consorcio constructor anticipó una parte de lo que podría ser su enfoque para afrontar el litigio, planteando que los errores que condujeron al colapso de la GAD no podían ser atribuidos a los constructores.
“(…) no podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras a nosotros encomendadas, sino por una supuesta falta consistente en no advertirle a EPM sobre unos presuntos errores de diseño, pues, en consonancia con lo anterior, debe destacarse que el informe de Skava que soporta su solicitud de conciliación prejudicial, descarta de plano las hipótesis que podrían recaer sobre nuestras obligaciones contractuales como constructores, relacionadas con asuntos tales como la calidad del soporte instalado, los concretos, etc”, planteó el consorcio en su carta.
Con la luz verde de la junta directiva, el paso siguiente será la realización de una conciliación prejudicial en la que los contratistas de Hidroituango y EPM tendrán la última oportunidad para decidir si llegan a un acuerdo o van a los estrados.
MEDELLÍN
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