Las promesas para el hacinamiento en las cárceles de Antioquia

Las promesas para el hacinamiento en las cárceles de Antioquia

El ministro de Justicia acordó construir dos cárceles para sindicados en el departamento.

Yarumal

Cárcel de Yarumal, uno de los elefantes blancos de Antioquia, solo llegó al 20%.

Foto:

Archivo/El Tiempo

Por: Melissa Álvarez
29 de noviembre 2020 , 03:36 p. m.

Ya hay varias promesas convertidas en proyectos que buscan bajarle las cifras a la grave crisis de hacinamiento que vive Antioquia, que concentra el 10,8 por ciento de la población privada de la libertad en Colombia, (15.500 internos) según el Ministerio de Justicia.

Una de las promesas la anunció el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, el pasado 30 de octubre, cuando dio a conocer que la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional acordaron construir dos cárceles para sindicados en el departamento, una en Yarumal y otra en Bajo Cauca, con capacidad entre las dos para 2.000 internos.

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“La idea es que cada una pueda albergar a cerca de 1.000 internos. El costo total estaría entre los 150.000 y los 200.000 millones de pesos”, indicó Ruiz.

La de Yarumal sería la misma cárcel agrícola de Yarumal (Norte de Antioquia), que fue denominada por la Contraloría General de la Nación como uno de los 85 elefantes blancos del departamento. Esta requería más de 65.000 millones de pesos, de los cuales, entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín aportaron 14.000.

Y, aunque la construcción comenzó en marzo del 2018, la obra fue frenada por Minjusticia desde mediados del año pasado porque, al parecer, el lote no tenía las características suficientes para que allí pudieran estar privados de la libertad. Ahora, con miras a retomarlo, el Ministerio de Justicia confirmó a EL TIEMPO que todavía se encuentra en estudios para determinar si esa construcción es apta para la cárcel, porque requiere unas características especiales.

Desde que asumí como Ministro me propuse hallar soluciones prontas y efectivas a una problemática que nos afecta hace muchos años

A su turno, durante el Consejo Ministerial de Justicia el pasado 30 de octubre se nombró una comisión conformada por las distintas entidades, la cual trabajará bajo la orientación del secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, para proceder con la liquidación de los convenios existentes para la construcción de la cárcel de Yarumal, que culminen en un nuevo proyecto carcelario que se desarrollaría en ese municipio.

“Se conformó un equipo de trabajo para entregar al gobernador y el ministro las conclusiones a mediados de diciembre, para que podamos aclararlo y definir avances a futuro, explicó el gobernador Aníbal Gaviria.

Cabe anotar que la cárcel agrícola de Yarumal prometía cupos para unos 1.400 internos, distribuidos en 5,4 metros cuadrados por persona en celda individual para 300 presos de mínima seguridad y 3,4 metros cuadrados por persona en celda múltiple para 1.100 de mediana seguridad.

A la par de las promesas de solución, la crisis carcelaria no frena. De acuerdo con Luis Alberto Pinzón, dragoneante del Inpec y presidente del sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, el hacinamiento en los establecimientos carcelarios “supera todas las tasas”, teniendo en cuenta que en Bellavista en un 71 por ciento de hacinamiento y los establecimientos carcelarios en el área metropolitana, todas superan el 80 o 90 por ciento de hacinamiento.

Cifras del Inpec señalan que de los 19 establecimientos carcelarios manejados por la entidad, 14 se encuentran en nivel rojo de hacinamiento (ver gráfico). La cifra importante tiene que ver con los sindicados pues, en este caso, son 2.077 según el Inpec (18,04%) y los dos centros carcelarios que se prometen construir es para esta parte de la población privada de la libertad, que según la Ley 65 de 1993 compete sostener a las Administraciones Municipales.

De acuerdo con el presidente del sindicato del Inpec, la cifra es mucho más alta y debería reflejarse más el compromiso de las alcaldías.

“En estos momentos hay un 43 por ciento de la población privada de la libertad, que se encuentra en los centros carcelarios a cargo del Inpec, en calidad de sindicados. La responsabilidad grande que tienen los entes territoriales se debe ver reflejada precisamente en ello, en la toma de medidas para construir centros de reclusión para sindicados”, criticó Pinzón.

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Hacinamiento

El hacinamiento no para en las cárceles.

Foto:

Esneyder Gutiérrez

Descongestionar las estaciones de Policía

Al respecto específicamente de este punto, el Ministerio de Justicia afirmó que en las URI’s y estaciones de policía del departamento hay 3.300 detenidos, e hizo la promesa de que de ellos serán trasladados a centros de reclusión 500 que hay en Medellín y 302 de otros municipios.

“El compromiso del Ministerio y de dos de sus entidades adscritas, el Inpec y la Uspec, es claro: contribuir a mejorar las condiciones de la población condenada. Desde que asumí como Ministro me propuse hallar soluciones prontas y efectivas a una problemática que nos afecta hace muchos años”, dijo Ruiz durante una reunión con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y otras autoridades departamentales y municipales.

La Personería de Medellín ha venido denunciando las precarias condiciones en los que se encuentran los privados de la libertad en estos espacios. El pasado octubre, se alertó de un porcentaje del 526 por ciento de hacinamiento, algo que va en contravía de la ley, teniendo en cuenta que una persona no puede estar en los centros transitorios más de 36 horas.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, consolidado hasta el 19 de noviembre, aunque cinco estaciones de policía están en peores condiciones (ver el gráfico), en todas se presenta hacinamiento, pues cuando la capacidad en 26 de estos lugares es de apenas 683 internos, hay 2.538, de los cuales solo 615 están condenados.

El Ministerio de Justicia y el Inpec, se comprometieron a trasladar a otras regiones del país, a 800 personas privadas de la libertad, de los cuales 569 se encuentran en centros transitorios del área metropolitana, 213 en otros municipios del departamento y 20 detenidos que se encuentran bajo la custodia del CTI.

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¿Una cárcel en el Valle Aburrá?

De acuerdo con el gobernador Aníbal Gaviria, durante esta reunión también “se expuso el proyecto que se ha estado liderando para la construcción de una cárcel para sindicados en el área metropolitana, continuaremos avanzando para lograr los apoyos financieros para su concreción”.

No obstante, su construcción no es tan opcional como suena. De hecho, fue la orden que dio el Tribunal Superior de Medellín, el 21 de julio de 2019, cuando falló una tutela interpuesta por la Personería local, a raíz de los niveles históricos de hacinamiento.
En la decisión el plazo fijado para la construcción de dicha cárcel era de tres años y ahora, más de un año después, se encuentra en una fase de factibilidad.

“Ya la cárcel está diseñada, los costos y los servicios administrativos ya está definidos en este estudio de factibilidad. Cuando el alcalde me llamó a preguntarme sobre el proyecto, el sintonizó eso con la sentencia que pesa sobre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana (AMVA) y otros municipios y su instrucción fue que vincule a los demás municipios, a ver qué disponibilidad de recursos tienen de participar en el proyecto”, explicó a EL TIEMPO Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP (Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas).

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El proyecto ya se le socializó a todos los alcaldes del valle de Aburrá, aunque algunos no están del todo “entusiasmados”, algunos porque tienen resuelto su problema y otros porque no están obligados por la sentencia. “Lo que está haciendo el director del Área Metropolitana es mirar cuántos alcaldes van (en el proyecto) y con cuántos internos”, afirmó Foronda. Esta entidad confirmó que tiene en la vigencia 2020, 5.000 millones de pesos para este proyecto, pero espera comprometer más el próximo año.

Por ahora, la prioridad es, además de gestionar los recursos. la gestión del predio, pues el 40 por ciento pertenece al Municipio de Medellín, el 50 por ciento a la Policía y 10 por ciento más a un privado. La subsecretaría de Suministros ya está negociando su adquisión.

Tras el estudio de factibilidad, se estima que esta cárcel, que se ubicará en el terreno contiguo a la cárcel actual del Pedregal, tenga capacidad para albergar 2.282 reclusos. Aún no empieza a construirse y ya genera incomodidad en sus vecinos.

MELISSA ÁLVAREZ
EL TIEMPO
​@Melissalvarez3

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