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Medellín

Este viernes arranca mesa entre Gobierno y bandas en busca de ‘paz total’ en Antioquia

Comisionado de paz anuncia inicio de diálogos con bandas criminales de Medellín.

Comisionado de paz anuncia inicio de diálogos con bandas criminales de Medellín.

Foto:Luis Noriega / EFE

Rentas ilegales, presencia criminal y cambio de nombre son las inquietudes que despierta el proceso.

Expertos y otros actores involucrados en los acercamientos que se inician hoy entre el Gobierno Nacional y bandas de Medellín y el valle de Aburrá se mantienen a la expectativa de lo que pueda pasar en estos primeros pasos hacia el sometimiento en la búsqueda de la ‘paz total’.
El proceso —luego de su anuncio a finales de abril— ha sido hermético y poco se conoce sobre los grupos involucrados. No obstante, para el momento de los anuncios se dijo que se trata de unas 350 bandas (entre 12.000 y 14.000 personas) las que participarían. En el comunicado enviado al Gobierno, se firmó como ‘Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el valle de Aburrá’.
EL TIEMPO pudo establecer que los cabecillas que harían parte de esta negociación son Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, quien controla el 70 por ciento del crimen organizado de la zona, y el grupo de José Leonardo Muñoz, alias Douglas, de ‘la Oficina’, quien controla el 30 por ciento de las redes delictivas. Tanto ‘Tom’ como ‘Douglas’ están privados de la libertad, y trascendió que varios de los jefes de estos grupos capturados fueron trasladados a la cárcel de Itagüí, donde hoy se instalará la mesa.
“Unos interrogantes que hay que ir planteando para que la conversación sea con total transparencia y sí signifique la terminación de estas organizaciones criminales, es que se asegure que no muten de unas hacia otras”, agregó Pardo.
Cuestionamientos similares tiene James Zuluaga, director nacional del Comité de Derechos Humanos y líder de la comuna 13, quien reconoce que, aunque Medellín viene presentando una reducción importante en los homicidios, las extorsiones, los hurtos, el tráfico de drogas, el desplazamiento intraurbano y las desapariciones forzadas siguen a la orden del día
“A nosotros como representantes de la sociedad civil nos interesa que no solo se respete la vida, sino también los otros derechos. Que la gente pueda vivir tranquila y no tenga que desplazarse. Eso tiene que empezar con un desescalamiento del conflicto”, recalcó Zuluaga.
Si bien la ley de sometimiento —el marco jurídico que servirá como base para la negociación— no ha arrancado su discusión en el Congreso —recién está semana se radicó la ponencia—, desde el Gobierno ya piensan en alternativas por si el proyecto no es aprobado en esta legislatura. Una es sustentar el diálogo en la Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, que propició el proceso de desmovilización de las de las Auc.

¿Quiénes son?

Jorge Mejía, facilitador de paz designado por el Alto Comisionado para participar de las exploraciones con estas estructuras, al ser consultado sobre los interrogantes que deja el anunció de paz y el comunicado enviado desde prisión, contó que entre las estructuras involucradas están ‘los Chatas’, del grupo de ‘Tom’, que de acuerdo a informes de inteligencia contaría con unos 80 hombres en armas, con injerencia en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. La cabeza visible de la red es Henry de Jesús Chavarría, alias el Flaco.
También aparecen el ‘Mesa’, al mando de Luis Rodrigo Rodríguez, el ‘Montañero’, hoy en la cárcel; su zona de injerencia se ubica en Itagüí y cuenta con unos 85 hombres en armas, cuyo jefe visible, en la calle, es alias el Diablo.
De igual forma, ‘los Pachelly’, quienes venían expresando su deseo de entrar a la ‘paz total’, se unieron a la propuesta. Albert Antonio Henao Acevedo, uno de sus principales jefes, está capturado.
Este grupo hace presencia en Bello y cuenta con unos 68 hombres en armas. Su jefe en la calle es alias Ómar.
Otra de las redes que se habría subido en la ‘paz total’ es el grupo de Reyner Ramírez García, ‘Carlos Pesebre’, capturado, y jefe visible de ‘los Robledo’, con incidencia en las comunas de Robledo y San Javier en Medellín. Esta estructura cuenta con unos 50 hombres en armas. Y estarían los de ‘la Terraza’, la red de ‘Douglas’, cuyo jefe visible es alias Pichi Gordo, quien cuenta con 90 hombres en armas, con zona de injerencia en la comuna 10 Candelaria de Medellín.
Igualmente los de ‘la Unión’, cuyo jefe visible es alias Romeo, quien cuenta con unos 35 integrantes, especialmente en Itagüí.
Estas redes son las que inicialmente habrían acordado llegar al proceso de acercamiento y están dedicadas al microtráfico, las extorsiones y los homicidios por encargo. Autoridades han reiterado que sus jefes, pese a que están privados de la libertad, siguen delinquiendo desde la cárcel.
Por fuera, pero con interés de hacer parte, aparecen ‘los Triana’, una estructura que desde los años 80 tiene su base en Santa Cruz (comuna 2) de Medellín, pero que no hace parte de ‘la Oficina’, según la Defensoría del Pueblo.
Los miembros de estas estructuras que no entrarán a una negociación, en el sentido más estricto de la palabra, sino a un diálogo socio-jurídico y podrían recibir entre 6 y 8 años de cárcel a cambio de entregar sus armas, confesar delitos, dejar el narcotráfico y entregar parte de sus fortunas ilegales.
De hecho, la ponencia radicada señala en su artículo 41 que aquellos que se sometan podrán quedarse con hasta un 6 por ciento de su valor, sin exceder los 10.000 salarios mínimos (es decir, casi 11.000 millones de pesos). De igual forma, se mantiene la posibilidad de que la Fiscalía conceda el beneficio de principio de oportunidad para las bases de esas organizaciones que no tengan procesos por delitos graves.
Más allá de esto, los facilitadores aseguran que este proceso ya tiene un protocolo en donde está definida la metodología de la negociación y las líneas rojas del Gobierno. Este espacio socio-jurídico contará, además, con el acompañamiento de las Naciones Unidas, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y de la Embajada de Noruega.
Desde la Personería de Medellín, liderada por William Vivas, dicen estar convencidos de que este proceso disminuirá la violencia en el territorio.
POLÍTICA, JUSTICIA y LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Redacción EL TIEMPO 
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