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Medellín

En Colombia, más de 3.000 niños y niñas venezolanos están en el ICBF

Las mujeres fueron sorprendidas con la menor y no pudieron argumentar su parentesco

Las mujeres fueron sorprendidas con la menor y no pudieron argumentar su parentesco

Foto:Policía de Bucaramanga

La mendicidad, el trabajo infantil o la falta de salud o educación son las razones.

En Colombia, 3.471 niños, niñas y adolescentes venezolanos están bajo protección del Instituto Nacional de Bienestar Familiar porque sus derechos no han sido garantizados por su familia, según argumenta la entidad.
En el país, los sitios donde más se presenta este fenómeno son precisamente los departamentos con mayor cantidad de migrantes venezolanos, como lo son Bogotá (340.711), Norte de Santander (187.121), Atlántico (162.396), Antioquia (157.949), La Guajira (150.806) y Santander (113.208), de acuerdo con las cifras de Migración Colombia.
Según el ICBF, el trabajo infantil y la mendicidad son algunas formas de que los niños y niñas tengan vulnerados sus derechos, pero no las únicas. La entidad explicó que la apertura de un PARD (proceso administrativo de restablecimiento de derechos) ocurre también cuando estos niños no tienen su derecho a la salud, a la educación, no cuentan con un lugar digno para vivir o están en desnutrición.
“Son familias muy vulnerables. Hemos evidenciado ocasiones de trabajo infantil en los asentamientos informales de Arauca y Guajira, en los que básicamente algunos cuidadores y padres tienen que enviar a sus hijos a trabajar, por ejemplo, en mendicidad, o ayudando a mamá o papá en la calle, por la falta de acceso a un recurso económico”, expuso Amy Smith, gerente de programa de Protección Infantil de la organización Save the Children.
Agregó que, sin dejar de lado que los derechos de los niños van primero, la crisis económica provocada por el covid-19 ha acrecentado este tipo de situaciones.
Muy lejos de las fronteras con el vecino país, pero siendo uno de los seis departamentos con más de 100.000 venezolanos, Antioquia registra 299 niños con dicha nacionalidad en proceso de restablecimiento de derechos, mientras en contraste, solo hay un caso del mismo tipo con menores de edad provenientes de países como Argentina, Camerún, Chile, China, Costa Rica; cuatro de Chipre, tres de Comoras y dos de República del Congo. Los casos de colombianos son 8.382.

Un caso preocupante

Alondra Padilla Meneses*, de 26 años de edad y madre de un niño de 2 años calificó como una injusticia su caso, ocurrido el pasado 24 de abril cuando su hijo fue llevado a un hogar de paso del ICBF por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia.
Argumento que las medidas tomadas en Medellín para contener el covid-19 trajo varias dificultades económicas en su hogar en el municipio de Itagüí. En ese momento, en la capital antioqueña y en todo el departamento había cierres durante tres días (desde la noche del jueves y la madrugada del lunes) y apertura durante cuatro, conocido como el modelo acordeón.
Por esta razón, cuenta el jefe del local de batidos y frutas donde trabaja, decidió poner a rotar por turnos a sus empleados para no despedirlos, pero tener menos días de trabajo golpeó la economía familiar, al recibir menos pago.
“En esa semana yo no trabajé, trabajó mi pareja de lunes a jueves. El jueves la encargada no canceló el pago. El sábado nos tocaba el arriendo (450.000 pesos), le escribimos al jefe y nos dijo que nos iba a colaborar (…) Pasó el viernes y salimos el sábado. No teníamos ni cinco minutos de haber llegado a la esquina, cuando llegaron los policías”, relató la mujer.
Y admitió: “nosotros estábamos vendiendo confites para terminar de completar el arriendo, porque esa semana no cancelaron el pago, pero era la primera vez que hacíamos eso”. Después de ese día, manifiesta, todo lo que ha vivido ha sido un verdadero calvario, puesto que hoy en día su hijo se encuentra en un hogar sustituto.
En el lugar, una esquina de la comuna 14, en El Poblado, los uniformados indicaron a la mujer que al niño le harían una verificación de derechos. Selma Patricia Roldán Tirado, directora de la regional Antioquia del ICBF subrayó que esto consiste en que un defensor de familia y un equipo psicosocial asumen el caso para determinar si los derechos del niño están siendo vulnerados o no.
Además de la mendicidad, preocupa que usen a los niños en actividades ilegales.

Además de la mendicidad, preocupa que usen a los niños en actividades ilegales.

Foto:Héctor Fabio Zamora

Esto ocurre después de que, por ejemplo, la policía de Infancia y Adolescencia los encuentra en condiciones indignas en la calle o evidencia que están siendo maltratados, aunque también llegan casos por otros medios, como la línea 141 o los recorridos de las autoridades.
“En este caso, el niño estaba siendo sometido a mendicidad y no tenía ningún derecho garantizado, es decir, no tenía salud, no tenía educación, ni unas condiciones dignas para una alimentación segura, todas esas cosas que hacen que usted vea que el niño está siendo atropellado en sus derechos”, aclaró Roldán sobre el hijo de Padilla.
En contraste, la madre denunció que la defensora de familia que llevó su caso no tuvo en cuenta sus pruebas de que tiene un trabajo formal, vive en una casa arrendada y paga una cuidadora para su hijo. Su jefe, parte de los siete testigos de la mujer, también le contó a este medio que la mujer y su esposo trabajan para él desde hace más de dos años y que el día que ocurrieron los hechos, no pudo pagarles por las dificultades provocadas por las medidas. Pese a la carta que certificaba el trabajo, al hombre no lo llamaron desde el ICBF para comprobar su veracidad, según afirmó.
"Me dijo que yo no estoy apta para tener a mi hijo. Me dice que no tengo los recursos, ¿y yo le digo qué es eso? ¿Plata? Y me dice sí, no le puedes dar eso, claro, el amor incondicional de madre obvio que se lo puedes dar, pero los recursos de educación y eso no. Entonces le digo que si necesito conseguir otro trabajo, y me dijo que eso lo va a ver a medida del comportamiento que tenga cuando vaya a visitar al niño", contó la madre.
En contraste, la directora de la regional del ICBF explicó que la entidad no determina que una madre no es apta, sino que en el momento de los hechos “no es garante de los derechos de su hijo”, asunto que no depende de sus recursos económicos, de acuerdo a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia.).
“Si los padres trabajan, ¿por qué el niño estaba en mendicidad? El caudal probatorio sí está, lo que pasa es que, como cualquier proceso, un fiscal no va a revelar las pruebas que tiene. La procuraduría vigila el proceso. Si ella considera que el proceso no tiene garantías, puede pedir el acompañamiento de procuraduría, para que revise”, cuestionó Roldán Tirado.
A su turno, la madre manifestó que las explicaciones que le dieron las razones por las cuales su hijo ahora se encuentra en este proceso es que, en el acta, el policía al cargo del caso indicó que la presencia de esta pareja y su hijo en dicha esquina era a diario, motivo por el que la mujer indicó que tiene fotos de unas personas con las que presuntamente los están confundiendo.
Incluso, aseguró que solicitó a la Secretaría de Movilidad las imágenes de las cámaras de la zona.
MELISSA ÁLVAREZ
EL TIEMPO MEDELLÍN
EN TWITTER: @Melissalvarez3

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