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Hidroituango ahora enfrentará demandas que tomarían años en resolverse
Hidroituango

El megaproyecto ha enfrentado problemas jurídicos, de construcción, ambientales y sociales.

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Jaiver Nieto

Hidroituango ahora enfrentará demandas que tomarían años en resolverse

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EPM demandará a contratistas y estos también lo harán contra la empresa, tras no llegar a acuerdos.

Un camino largo tendrán las demandas que enfrentarán EPM con los contratistas de Hidroituango, lo que indica que el megaproyecto comenzará a generar energía en 2022 pero en medio de un enfrentamiento jurídico.

Esta situación se generará luego de que fracasara la conciliación, que inició el 10 de agosto de 2020, entre EPM y los contratistas del proyecto, con lo que se pretende recuperar 9,9 billones de pesos.

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Bajo estas circunstancias, se espera que EPM en esta segunda semana de enero adelante la demanda para recuperar dichos dineros, producto del daño emergente y el lucro cesante en el megaproyecto. Esto será en contra del consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCC Ituango (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H), el consorcio interventor Ingetec-Sedic y las empresas reaseguradoras y las reaseguradoras Suramericana y Chubb Seguros.

Pero esto no será fácil. De acuerdo con David Suárez Tamayo, profesor investigador de derecho público de la Universidad Eafit, esto tomará años en resolverse.

“EPM, la semana entrante, el martes o miércoles tiene que iniciar las demandas y va a haber dos tipos de demanda porque frente a unos contratistas existe algo que se llama compromiso o cláusula compromisoria que se va ir a tribunales de arbitramento o la justicia arbitral que es mucho más rápida, que pueden durar entre un año y dos años, pero con un tema tan complejo como Hidroituango puede durar dos años o dos años y medio”, precisó el docente.

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El otro tipo de demanda será por la jurisdicción administrativa. Lo que quiere decir que habrá una primera instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia y la segunda instancia sería ante el Consejo de Estado, lo que hará que todo esto sea más largo e incierto.

“La justicia administrativa, normalmente, puede demorar 5, 6 o 7 años pero con la complejidad de esto puede demorar hasta 8, 10 e incluso 12 años porque el tema probatorio va a ser muy denso y va a haber muchos peritazgos técnicos, de ingeniería, de geotecnia, geología, de hidráulicos, va a haber peritazgos financieros”, explicó Suárez.

A este panorama se le suma que el consorcio constructor CCC Ituango, integrado por las firmas Camargo Correa, de Brasil y las colombianas Conconcreto y Coninsa-Ramón H, informó que acudirá a las instancias jurídicas correspondientes, como un tribunal internacional, para resolver las diferencias contractuales que tiene con EPM, las cuales tienen que ver con la construcción de la presa, la central y las obras asociadas a Hidroituango.

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De manera paralela, EPM también adelanta una solicitud de conciliación con la asegurada Mapfre que, según el docente, se ha adelantado hasta el momento con buenos términos. Igualmente, Suárez visiona que EPM deberá enfrentar y rendir cuentas a la Sociedad Hidroituango, dueña de este megaproyecto y que es constituida por el IDEA, la Gobernación de Antioquia, EPM, la Nación y otros socios privados que son minoría.

Por ahora, mientras las demandas avanzan, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se espera que en 2022 el proyecto esté en funcionamiento generando energía para el país.

“Si hay responsables pues que respondan porque no está bien que la gente pague por sus servicios públicos cualquier error que cometa cualquier persona y en definitiva los recursos de todos los antioqueños y hay que defenderlos”, reiteró Quintero, quien apoya la pretensión de EPM por recuperar los dineros.

MEDELLÍN

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