Tras demolición de Altos del Lago, propietarios piden respuestas

Mientras los bomberos terminaban de acentuar la montaña de cables, ladrillos, pedazos de vidrio, barandas retorcidas y columnas partidas, Gloria Valencia permanecía sentada en una de las mesas de su restaurante, a unas cinco cuadras del lugar. Con los ojos fijos en el suelo, mirando al vacío, permanecía en silencio mientras al fondo solo se escuchaba la televisión y el ruido de su esposo moviendo unos trastos en la cocina, preparando un par de almuerzos recién encargados.

Aunque era medio día, el lugar estaba vacío, y según explicaba Gloria desde hace varios meses las ventas han bajado y no sabe cómo conseguirá el dinero para pagar muchas de sus cuentas. Sin embargo, aquello es tan solo una parte de sus preocupaciones. Desde las 10 a. m. del pasado viernes el derribamiento controlado del edificio Altos del Lago acabó con muchos años de trabajo y ahorro de su familia.

“Desde 2014 nos queríamos retirar del proyecto. Fuimos a la oficina y les dijimos que como eso estaba tan demorado, ya no estábamos interesados. Los representes de la constructora primero nos decían que esperáramos, pero luego dejaron de contestarnos las llamadas. Cuando pararon el edificio, a mediados de 2016, ya no hubo forma de hacer nada”, agrega Aurelio Guzmán, esposo de Gloria.

Aurelio emerge de la cocina del restaurante y toma la palabra para explicar que el apartamento no era para ellos, sino para su hija Laidy, que vive en Bogotá. Calculan que invirtieron 98 millones de pesos, 38 millones entre los dos y los 60 restantes su hija.

Altos del Lago era un proyecto que contemplaba la construcción de 116 apartamentos, distribuidos en dos etapas. La segunda nunca se construyó, ya que mientras se levantaba la primera la estructura empezó a inclinarse.

Una propietaria acudió a la Secretaría de Planeación de Rionegro diciendo que una columna del edificio había explotado y que se estaban “presentando grietas por todas partes” y que el “edificio estaba a desnivel”. Era el 7 de junio de 2016.

Un equipo de la Secretaría de Planeación acudió al lugar una semana después y emprendió un conjunto de revisiones que derivaron luego en la orden de evacuar el edificio y hacer estudios de vulnerabilidad sísmica.

En total fueron realizados cuatro estudios: tres contratados por la Alcaldía de Rionegro y uno por Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S. A. S., la constructora del proyecto. El primer estudio fue hecho por expertos de la Universidad Eafit y el segundo por uno de la Universidad Nacional. A ellos les siguió el de la constructora, que proponía una repotenciación.

Nicanor Marín, abogado de 38 propietarios, aseguró que ese estudio carecía de rigor científico, por lo que se propuso contratar un último estudio con la firma Sodinsa donde se corroboraban los hallazgos de los dos primeros estudios y se afirmaba que la “gran cantidad de defectos de construcción” se debía a la “negligencia y el desconocimiento del personal encargado de la ejecución del proyecto”.

La Alcaldía declaró la calamidad pública y ordenó demoler el edificio, utilizando como principal insumo este último estudio contratado. Sin embargo, un conjunto de litigios frenó dos veces la demolición, hasta que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro negó las pretensiones de la constructora y dio vía libre a la demolición el pasado viernes. El operativo salió según lo planeado. Después de tres semanas de cálculos y cerca de 75 kilogramos de Indugel derribaron la torre en 2,4 segundos.

Hernán Velasco, ingeniero de Atila Implosión, empresa encargada del derribamiento, explicó que dadas las graves fallas en la estructura, la sola vibración del taladro sobre una de las columnas defectuosas podía provocar el desplome inesperado del edificio. Por ello adhirieron a las paredes los explosivos.

Cristian Ospina, subsecretario de Gestión del Riesgo de Rionegro, calculó que 1.300 personas fueron evacuadas, de más de 400 viviendas y locales comerciales. El número de efectivos de la defensa civil, Policía, Bomberos, entre otros, ascendió a los 170.

Andrés Julián Rendón, alcalde de Rionegro, calculó el costo de la demolición en 1.400 millones de pesos que serán asumidos por el municipio. Aseguró que el derribamiento fue el último recurso que tenían, luego de los resultados de los estudios realizados.

“¿Por qué las autoridades no estuvieron pendientes de la obra para ver cómo iba? ¿Por qué aprobaron y dejaron que siguiera? Desde que comienzan los primeros trabajos, los organismos que vigilan están en la obligación de hacer eso”, dice Gloria Valencia, que considera insuficientes los controles a las constructoras

Varios propietarios ya emprendieron procesos legales contra la constructora de Altos del Lago por estafa. Sin embargo, aún es incierto el camino para que algún día puedan recuperar lo perdido.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Para EL TIEMPO
MEDELLÍN
En Twitter: @JacoboBetancur