Si bien son 10 los capturados en el caso ‘Contraloría de bolsillo’ que presuntamente amañaba auditorías a entidades públicas a cambio de coimas, los tentáculos de esta red se extenderían a más personas y con el pasar de las audiencias se van conociendo más nombres de políticos que, de una u otra manera, estarían envueltos en este caso.
Uno de los primeros en salir a colación fue Juan Alberto García, exalcalde de San Carlos condenado en 2014 por peculado, y quien es esposo de la actual alcaldesa, Luz Marina Marín, quien hace parte de los 10 capturados en este caso.
Sobre él, indicaron que es dueño de una mina caliza en la que fueron ingresados como socios el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga y el subcontralor, Rubén Darío Naranjo.
Durante la audiencia de imputación de cargos a Zuluaga, revelaron audios en los que el servidor dialogaba con otra persona sobre algunos hallazgos en Hidroituango, de los que no volvió a hablar de ello para no "echar al agua al gobernador", aunque no especificó a cuál gobernador.
Allí se barajó el nombre del actual mandatario departamental, Luis Pérez, quien aseguró que no se trata de él.
Sin embargo, el nombre del gobernador volvió a salir a colación durante la audiencia de este miércoles 28 de agosto, cuando la Fiscalía reveló la declaración juramentada de una fuente protegida, quien indicó que tanto el gobernador Pérez como el exrepresentante a la Cámara por Antioquia del Partido Conservador, Luis Horacio Gallón, incidieron en que Liz Margareth Álvarez, esposa de este último, fuera nombrada como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), algo que ocurrió el 29 de enero del 2019 tras ser gerente encargada a finales de octubre del 2018.
Álvarez ya se había desempeñado como secretaria de Minas departamental, secretaria de Productividad y Competitividad y asesora del gobernador de Antioquia.
En la misma audiencia, salió el nombre del diputado de la Asamblea departamental por el Partido Conservador, Jaime Cano, quien según el testimonio del testigo, habría hecho trámites para alterar las auditorías de una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Segovia (Nordeste).
Tengan la plena CERTEZA que existen, lamentablemente, diputados de Antioquia involucrados en el carrusel de corrupción de la Contraloría y otras entidades departamentales. Existe una profunda crisis ética en la actividad política antioqueña. #CeroCorrupción cc: @BernardoAGuerra
— Andrés Mesa Valencia L 60 🚩 (@AndresMesaL) August 29, 2019
Cabe recordar que la Contraloría de Antioquia vigila a más de 440 entidades públicas, por lo que serían muchas más las personas que podrían verse salpicadas en esta presunta red de corrupción.
En cuanto a alcaldías, también están en la lupa las de Caldas y La Estrella, en el valle de Aburrá; Apartadó y Turbo, en Urabá; Amalfi y Yalí (Nordeste), y Zaragoza, Amagá y Puerto Triunfo, en otras subregiones de Antioquia.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien desde 2016 ha venido denunciando al contralor Zuluaga, indicó que esta presunta red de corrupción también llegó a la Rama Judicial con la llegada de Juan Carlos Peláez, quien desde el 13 de mayo es director Ejecutivo Seccional de la Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura para Antioquia y Chocó.
Según Guerra, tanto Zuluaga como Peláez han intercambiado cargos y puestos en el ejercicio de sus carreras desde hace años.
“En la misma época que hubo el allanamiento practicado por la Fiscalía General a la Contraloría de Antioquia, Peláez atendió esta diligencia pues se desempeñaba como subcontralor encargado”, aseguró el concejal Guerra.
MEDELLÍN