Si la primera turbina de la central hidroeléctrica más grande del país no entra en funcionamiento a finales en 2018, no será por problemas en la construcción de la presa de un kilómetro de largo en base, 700 metros de ancho y 225 metros de alto (casi dos veces el edificio Coltejer).
La razón, desde hace tres años se está tramitando una licencia ambiental para las líneas de transmisión de energía ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA), pero aún no se concreta.
Por eso, el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Mauricio Tobon, se reunió el pasado martes con el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para pedirle acelerar el proceso y no poner en riesgo la puesta en marcha de la hidroeléctrica que producirá el 17 por ciento de la energía del país.
“El Ministro se comprometió a acompañarnos a gestionar con nosotros esta licencia en el menor tiempo posible siempre y cuando se cumplieran con todos los requisitos, como lo son manejo de procesos constructivos, aprovechamiento forestal y buen manejo de medio ambiente por donde pase la línea de transmisión”, contó el Gerente.
Añadió Tobón, que la licencia debe estar aprobada para el 18 de abril.
“Su retraso impactaría negativamente al país. Antioquia perdería entre 3.000 y 4.000 millones de pesos por cada día de no operación de la Central”, explicó.
Esta fecha, continuó el funcionario, se estipula para poder comenzar en agosto del próximo año las pruebas de la central.
Dicho trámite ambiental ha sido la mayor dificultad que ha tenido la obra según Tobón, pero hay optimismo tras la reunión con el ministro Murillo.
De otro lado, las obras de la hidroeléctrica también fueron cuestionadas debido a que en el consorcio encargado de las obras civiles, CCC Ituango, hace parte la firma brasilera Camargo Correa S.A., implicada en escándalos de corrupción y la cual está siendo investigada en Perú por presuntos sobornos.
“Es motivo de gran preocupación por las repercusiones y consecuencias que estos hechos puedan tener en la ejecución de Hidroituango. Es por ello que se hace necesario un análisis urgente con toda la rigurosidad técnica, jurídica, financiera y administrativa sobre los riesgos del contrato del proyecto”, manifestó la concejal de Medellín, Maria Paulina Aguinaga.
En una carta enviada al Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y con copia al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, al gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta y los presidentes del Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, la corporada manifestó una preocupación por la posibilidad de una adición al contrato con ese consorcio por 600.000 millones de pesos.
“Hay que analizar esa adición, teniendo en cuenta que las adiciones, prórrogas, y sobrecostos se han vuelto reiterativas en los últimos proyectos ejecutados por EPM. Precisamente, a ese consorcio se le hicieron adiciones considerables en el proyecto Porce III, que tenía un costo inicial de 911 millones de dólares y terminó costando 1.330 millones”, indicó la concejal.
Sobre las investigaciones, EPM emitió un comunicado en el que aclara que el contrato es el resultado de una licitación pública internacional, que contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
“EPM pondrá a disposición de las autoridades toda la información necesaria sobre el proceso y sobre cualquier relación con el consorcio y otras obras en las que haya tomado parte la firma Camargo Correa.
De otro lado, el gerente del IDEA aseguró que se están adelantando todas las averiguaciones posibles sobre el tema.
“Esperamos que no afecten la obra. Pero hay algo para tranquilidad de todos, es que el proyecto ya superó el 65 por ciento en su etapa constructiva y el porcentaje que falta es del consorcio CCC Ituango. Estamos más cerca que nunca que culminar las obras civiles, si hay algún inconveniente creemos que no estaría en riesgo la construcción, aunque podría haber demoras”, contó Tobón.
MEDELLÍN
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