La ‘milla de oro’ es un cotizado y exclusivo sector en El Poblado, en Medellín, donde se encuentran hoteles, centros comerciales, oficinas y reputados locales, incluida la sucursal estrella de la multinacional McDonald’s en la capital de Antioquia.
Este último local, con más de 3.000 metros cuadrados, figura en la lista de desalojos pendientes por parte de la Inspección de Policía de la Alcaldía, que espera instrucciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proceder. Hace cinco días, la Inspección informó a la cadena sobre la medida, a través de un correo.
EL TIEMPO estableció que la orden de desalojo se produjo cuando la SAE, por instrucción del Gobierno central, hizo un barrido a todos los bienes incautados al narcotráfico para saber su estado, monetizarlos y obtener recursos equivalentes a una reforma tributaria.
En cuanto al terreno en disputa, se estableció que está incluido en la fortuna de Ivonne Escaf de Saldarriaga, alias Rutera, y que desde hace 14 años ocupa la multinacional sin un contrato de arriendo. Por eso se les pidió formalizar su situación.
En 1999, la Fiscalía capturó a Escaf, la convirtió en la primera mujer extraditada a los Estados Unidos y dispuso de sus bienes, incluido el lote situado en la carrera 43A n.º 4 Sur-115.
Según conoció EL TIEMPO, la propiedad era de la sociedad Constructora de Locales y de Oficinas S. A. y luego de FSC Ltda. & Cía., hasta que la Fiscalía la incautó en agosto del 2000 y le impuso medidas cautelares.
En diciembre de ese año, el predio pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que a su vez se la entregó en el 2003 de manera provisional a Habitamos Propiedad Raíz Ltda. En marzo del 2016, la SAE inició su recuperación.
McDonald’s, que de entrada se declara un tercero de buena fe, informó que adquirió el bien antes de que se supiera que estaba en un proceso en la Fiscalía.
En negociaciónSegún documentos que reposan en la Alcaldía de la ciudad, para la SAE “actualmente no media un contrato de arrendamiento que genere productividad para el Estado”.
Por eso han buscado recuperar el predio, cuyo arriendo mensual le generaría al Estado ingresos por 48 millones de pesos, los que se han dejado de percibir desde hace varios años.
En la Sociedad de Activos Especiales calculan que en 14 años, el Estado habría ganado más de 8.000 millones por el inmueble.
En septiembre pasado, la Alcaldía le notificó a McDonald’s que el 8 de octubre debía ejecutar una “diligencia de entrega real y material del inmueble” y advirtió que este debía “encontrarse totalmente desocupado”.
Además, que la cesión se debía hacer “voluntariamente; de lo contrario, se procederá al desalojo”. Pero a finales de septiembre, la SAE suspendió la orden y dio 60 días para llegar a un acuerdo.
Según conoció EL TIEMPO, el expediente fue trasladado de Medellín a Bogotá, donde la multinacional y la SAE llevan varios días conversando para evitar la desocupación del inmueble.
McDonald’s ha sido clara en advertir que ellos le han hecho mejoras al lote, pues lo adecuaron y construyeron dos pisos, donde funciona el restaurante de comida rápida. Por eso, si bien están dispuestos a pagar un arriendo, sería sobre el lote y ascendería a unos 16 millones de pesos.
La SAE hizo un avalúo que indica que por la ubicación y magnífico estado, el canon debería ser tres veces más alto, o sea 48 millones de pesos, que incluyen las mejoras de la empresa.
Aunque el proceso judicial está todavía en curso, la multinacional espera resolver el asunto con la mayor celeridad, en un escritorio y no en la inspección.
El caso es seguido de cerca por directivos latinoamericanos de la multinacional, pues en 22 años de presencia en Colombia, el crecimiento de la marca de los famosos arcos dorados y del payaso Ronald ha sido constante.
‘Somos terceros de buena fe’En comunicación con EL TIEMPO, el abogado Pablo Elías González, que representa a la multinacional en el litigio, dijo que “hay buena fe de McDonald’s”, pues cuando compraron el predio hicieron los estudios de los títulos de propiedad y no detectaron anomalías. Añadió que “McDonald’s nunca compraría un predio si existe la mínima sospecha de que hay un delito” y que en este caso son terceros de buena fe.
También afirmó que “desde 2002 hay un proceso judicial y es un juez quién deberá determinar quién es el propietario del predio. Incluso por este caso McDonald’s ganó una demanda civil contra la Dirección Nacional de Estupefacientes”.
Añadió que la DNE nunca solicitó el desalojo y que cuando la SAE remplazó esa institución hizo un balance de los bienes incautados y que desde entonces han estado dialogando y buscando un acuerdo para aclarar la situación.
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