Lo que está en juego en Hidroituango

Lo que está en juego en Hidroituango

La búsqueda de culpables ha relegado la atención a la necesidad de completar el proyecto.

hidroituango

A finales de abril de 2018, una obstrucción en uno de los túneles de desvío ocasionó la emergencia en el megaproyecto hidroeléctrico.

Foto:

Cortesía EPM

Por: ALFONSO SÁNCHEZ
21 de marzo 2019 , 08:29 p.m.

La opinión pública se ha enfocado recientemente en las investigaciones sobre las causas del derrumbe de la galería auxiliar de desviación (GAD) en la central de Hidroituango, que generó una emergencia ya conocida, y en las pesquisas y diligencias que adelantan los organismos de control para identificar a sus responsables. Esta emergencia está siendo superada gracias a la capacidad de reacción, competencia y dedicación de las entidades encargadas del proyecto.

La búsqueda de causas y culpables de la emergencia ha relegado a un segundo plano la atención a la necesidad de completar el proyecto y a las consecuencias que tendría un fracaso de la obra que, como sabemos, generaría el 17 por ciento de la energía que consumiría el país en el momento su entrada en operación.

Estas consecuencias, para solo mencionar algunas, incluyen: a) la inseguridad energética y posibles racionamientos a partir de 2021 y los costos económicos asociados; b) una mayor participación de energías térmicas más costosas y altamente contaminantes, y c) el desfinanciamiento de EPM como institución y de los planes regionales de desarrollo para Medellín y Antioquia, que dependen en forma sustancial de los recursos provenientes del proyecto.

Esta pérdida de foco en la necesidad de completar el proyecto ha sido aupada por la manera como muchos medios han titulado y presentado la información, frecuentemente con una insinuación de incompetencia o dolo en la toma de decisiones, y dándoles más credibilidad y visibilidad a las opiniones de actores externos al proyecto mal informados que a las de aquellos que sí conocen íntimamente los aspectos técnicos de este, o sea EPM, Integral, los interventores y los contratistas con sus paneles de asesores y especialistas de talla mundial reconocida.

Podrán decir los críticos del proyecto y de las entidades que lo manejan que sus opiniones no son objetivas o que ocultan información deliberadamente.
Sin embargo, es relevante el récord impecable tanto de los diseñadores (Integral) como de los gestores (EPM) y su trayectoria en el desarrollo de grandes y complejos proyectos, que hoy constituyen una parte sustancial de los patrimonios nacional y regional, así como su honestidad en el manejo de estos. Nunca hasta ahora se han podido encontrar conductas dolosas, a pesar de las muchas acusaciones que se han lanzado contra esas organizaciones durante sus muchas décadas de vida. Esta historia debería ser ahora un predictor creíble de su honestidad.

El fracaso de Hidroituango podría ocurrir por problemas técnicos que nunca hay que descartar, pero que cada vez parecen menos probables según los especialistas, dado el conocimiento y control técnico del proyecto que ya tienen las entidades responsables. Una muestra de ello es el manejo que estas le han dado a la emergencia con diligencia, competencia, seriedad y responsabilidad. No se ha perdido una sola vida. Desde luego que siempre hay lugar a críticas y habrá lunares en un manejo tan complejo como el de esta emergencia. Imagínense qué habría pasado si el proyecto hubiera estado en manos de otras entidades con capacidades inferiores, o si no se hubiera manejado la emergencia como se hizo.

El fracaso también puede ocurrir por daños que se causen a la reputación o la capacidad institucional, financiera y técnica de las entidades encargadas o a su misma existencia.
Crear una reputación del nivel que tienen EPM o Integral toma años de esfuerzo, dedicación y buenos resultados. Por eso, las entidades financieras nacionales e internacionales y las compañías aseguradoras han estado prestas a apoyar sus actividades y proyectos. Todo esto se puede venir abajo por un manejo imprudente, sesgado u oportunista de la información o de las investigaciones, causando un daño colosal al país.

Dichas investigaciones, requeridas legalmente, son indispensables para saber lo que pasó y sacar lecciones hacia el futuro, y deben adelantarse hasta encontrar la verdad de todo lo ocurrido. Sin embargo, algunas de estas instituciones han dado como sentadas conclusiones antes de terminar los procesos o de oír los descargos de los presuntos acusados, o por lo menos así lo ha anunciado la prensa.

Como el lector podrá imaginar, la cantidad de recursos y talento de su mejor gente que las entidades acusadas tienen que dedicar a defenderse es relevante. Estos son recursos que se le substraen al manejo de la emergencia y la recuperación de la planta. Todas estas declaraciones también crean un ambiente de desconfianza en las entidades que puede terminar debilitándolas para enfrentar los retos que vienen. También está en riesgo su excelente reputación internacional. Se requiere, pues, información veraz de todos los actores, pero no tendenciosa ni sesgada a lo sensacional o a las agendas políticas o personales.

Para tener una idea de la magnitud del daño que puede hacer este ambiente y no perder de vista lo que hay en juego, basta imaginar un escenario sin Ituango, sin EPM y sin Integral.
Por todo lo anterior, sería prudente que las entidades de control acordaran un aplazamiento de las investigaciones hasta cuanto la emergencia esté superada, de acuerdo con la determinación que haga la Anla.

Una ilustración de lo que está sucediendo y de la tendencia a disparar desde las cartucheras es el informe que EPM publicó hace unos días de la firma Skava, cuyo propósito era determinar la causa-raíz física del derrumbe que obstruyó la GAD. El informe concluye que la causa física “más probable” del derrumbe fue la falta de revestimiento adecuado en una zona débil de la roca, lo que produjo una erosión acelerada y la falla del túnel, y atribuye la responsabilidad a Asesores Diseñadores.

Sabemos que Integral tiene su propio estudio y que las compañías aseguradoras están haciendo los suyos. Sin embargo, varios medios y algunos funcionarios ya condenaron a los diseñadores sin escucharlos, sin esperar esos informes y sin hacer un análisis crítico del informe de Skava. Se sabe que las especificaciones técnicas y los diseños del proyecto incluyen provisiones suficientes y precisas para el tratamiento de esas zonas débiles.

El análisis de Skava no fue más allá al preguntarse si hubo una falla de comunicación entre los responsables sobre la existencia y el tratamiento del problema o si pudo ser una falta en la asignación clara de dicha responsabilidad; es decir, una causa-raíz más allá de lo físico (tal como falta de claridad en la toma de decisiones, fallas documentales, etc.) en la cual puedieran estar involucrados varios actores.

Como se esperan otros informes al respecto, el debate de este asunto y su determinación final también deberían posponerse hasta cuando se haya superado la emergencia. Hacerlo ahora, como las otras investigaciones, substrae recursos del proyecto y no aporta, para nada, apoyo alguno, al igual que tampoco ayuda en su recuperación.

En este ambiente hostil a las instituciones, el riesgo es que se entre a investigarlas con una presunción de culpabilidad que es contraria al derecho nacional e internacional. Una investigación que parte de la hipótesis de culpabilidad dolosa puede resultar en la destrucción de dos de las joyas de la corona en materia de ingeniería y servicios públicos. El esfuerzo y el costo de haber desarrollado y establecido la excelente reputación nacional e internacional de EPM y de Integral no son insignificantes.

Debe investigarse lo sucedido partiendo de la presunción de inocencia de los investigados. Sabemos que en estos grandes proyectos, los diseños se ajustan y revisan sobre la marcha para adecuarlos a las condiciones que se encuentran en el terreno, que nunca se pueden predecir con un ciento por ciento de certeza. Pero ahora se presume dolo en esas revisiones. Una central hidroeléctrica es el problema más complejo de ingeniería civil y electromecánica que se puede enfrentar, no es igual al cálculo de un edificio ni al diseño de una carretera.

En estos proyectos hay que tomar muchas decisiones importantes y críticas bajo incertidumbre, usando las mejores herramientas y el mejor criterio profesional disponible en el momento. La decisión sobre el manejo de la desviación del río Cauca fue una de esas. Desafortunadamente, fue un riesgo calculado que se materializó con todas las consecuencias conocidas. Pero eso no implica necesariamente que haya habido una actitud dolosa. Es fundamental que los investigadores de los organismos de control entiendan esto y que sus equipos incluyan expertos en el diseño y construcción de este tipo de proyectos.

Hay que determinar si la toma de decisiones se hizo bajo criterios internacionalmente aceptados y usando las mejores ingeniería y metodologías de decisión bajo incertidumbre y riesgo disponibles. De otra forma sería un ejercicio de verificación de cumplimiento a rajatablas con la normatividad escrita (permisos, licencias, firmas, sellos, etc.). Todo blanco o negro sin matices. También es esencial que la información se maneje con seriedad y objetividad, y sin sensacionalismos ni sesgos. De esto son en gran parte responsables las cabezas de los organismos de control y los editores de los medios. Para ellos es el llamado a la discreción y a la prudencia en sus editoriales, titulares y declaraciones.

Lo patriótico y lo profesional ahora, para beneficio del país, es apoyar el proyecto y las entidades gestoras para que se superen los problemas y exigir que la investigación se haga bajo la presunción de inocencia, así como incluir expertos técnicos de capacidad igual o superior a aquella de los involucrados en el proyecto y con un claro entendimiento de cómo se toman las decisiones en emprendimientos de esta naturaleza.

Los responsables deberán poner la cara, pero no se pueden destruir las instituciones en el proceso. Sería dispararnos un balazo en el pie. El país necesita estas dos entidades y necesita un Hidroituango que pueda entregar la energía requerida protegiendo el río Cauca aguas abajo. Por eso hay que rodearlas y enfocarse en cómo sacarlas adelante.


ALFONSO SÁNCHEZConsultor independiente en contratación pública. Ha asesorado al Banco Mundial, el BID, la Brookings Institution y la Ocde. Es ingeniero civil de la Escuela de Minas en Medellín, máster en economía de recursos naturales (Universidad de Michigan) y árbitro graduado de la Universidad de Reading (Reino Unido). Durante 25 años fue funcionario del Banco Mundial, en el que ocupó puestos técnicos y de alta gerencia en el área de infraestructura, así como el de ‘ombudsman’. Antes había sido director de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación, gerente técnico de las Empresas Públicas de Medellín, gerente administrativo del Consorcio ICA-Grandicón e ingeniero de diseño y supervisión de Integral, donde inició su carrera.

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