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Medellín

Internos en Antioquia parecen condenados al hacinamiento carcelario

Tanto cárceles como centros de paso sufren por el exceso de personas en sus instalaciones

Tanto cárceles como centros de paso sufren por el exceso de personas en sus instalaciones

Foto:Cortesía Jorge Carmona

Mientras en Colombia el sobrecupo es del 50 %, en el departamento la cifra supera el 80 %.

Pocas acciones y muchas críticas se vieron en el Encuentro territorial de la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación realizado ayer en la Universidad Eafit y cuyo eje central fue la situación carcelaria y el derecho a la salud en Antioquia.
Las cifras no son alentadoras. De acuerdo con el Procurador General, Fernando Carrillo, el hacinamiento carcelario en el Departamento es del 82,24 por ciento. Lejos del promedio nacional, que del 50 por ciento y más de tres veces más el promedio en América Latina (25 por ciento).
Cifras entregadas por la Corte Constitucional indican que Antioquia tiene 20 centros de reclusión, siendo el que más tiene en el país. Estos tienen una capacidad para 7.592 reclusos pero albergan a 13.836 personas privadas de la libertad.
No solo eso. De esos 20 centros penitenciarios, 19 presentan más del 20 por ciento de hacinamiento y 12 tienen más del 100 por ciento de sobrecupo.
Antioquia nos preocupa. Esos más 13.800 presos tienen muy vulnerados sus derechos. También nos inquieta el incremento de acciones de tutela por esta vulneración, pues en 2018 se interpusieron 129.364 acciones de tutela por afectación a los derechos de la salud. Esto es el 21,3 por ciento del total de tutelas”, expresó Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.

Antioquia nos preocupa. Esos más de 13.800 presos tienen muy vulnerados sus derechos. También nos inquieta el incremento en las acciones de tutela

De allí la importancia de realizar este tipo de encuentros, para averiguar qué está pasando y por qué es insuficiente la eficacia del derecho a la salud.
Añadió que la falta de construcción de más centros de reclusión no ha podido aplicarse la regla de protección de derechos de personas recluidas, que indica que por uno que entra salen dos.
Por su parte, el Procurador Carrillo aseguró que hay una “negligencia extrema” por parte de algunos mandatarios municipales y departamentales por lo que comenzaron procesos contra estos.
“Estamos iniciando indagación contra 28 alcaldes por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional. Pero para eso es necesario visitar los centros penitenciarios”, precisó Carrillo.
La indagación incluye a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.
Entre tanto, en su intervención, Martha Lucía Feho, directora Regional Noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), aseguró que en comparación con el 2013, el hacinamiento carcelario intramural se redujo entre 20 y 25 por ciento, lo que se traduce en 1.800 internos menos.
“Pero el problema se ha trasladado a las estaciones de Policía y el búnker de la Fiscalía. Las estaciones de Policía de Medellín tienen 1.499 internos y las de Policía Antioquia 324. El búnker Fiscalía tiene 54 internos para un de 1.828 personas por fuera de centros de reclusión”, informó Feho, quien añadió que el Inpec ha recibido en lo que va de este año a 1.218 internos entre condenados y sindicados. “El resto se ha dejado de recibir por la regla del equilibrio (salen 2 entra 1)”, aclaró.
En lo referente al derecho a la salud, directora informó que hay 6.884 internos con plan de tratamiento, lo que equivale al 67,42 por ciento. De igual forma, hay 3.010 en observación y diagnóstico, 304 sin fase y 8 que no aceptan ningún tipo de tratamiento.
En cuanto a la alimentación, Feho reconoció los problemas que hubo el año pasado en los que se presentaron más de 4.000 intoxicaciones y aseguró que los contratistas se les aplicaron las respectivas multas.
“Desde el 20 de febrero de este año iniciamos un nuevo contrato de alimentación con diferentes empresas y les estamos haciendo seguimiento”, culminó Feho.
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