La violencia y el temor se recrudecen en el Norte de Antioquia

La violencia y el temor se recrudecen en el Norte de Antioquia

Habitantes y defensores de derechos humanos denuncian alza en homicidios, extorsiones y amenazas. 

Ituango Antioquia

Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el Ituango van 46 homicidios en lo corrido del año.

Foto:

EFE / Archivo

Por: Heidi Tamayo Ortiz
15 de julio 2018 , 08:15 a.m.

“Alertamos sobre el inminente peligro al que estamos expuestas las comunidades del Norte de Antioquia y cuyos riesgos se maximizan para aquellas personas que se encuentran organizadas en los diferentes movimientos sociales existentes en el territorio”.

Con estas palabras, varias organizaciones de esta subregión del departamento lanzaron un llamado de urgencia para que el Estado les brinde protección ante el inminente peligro en el que se declaran por el aumento de la violencia en el territorio.

A las palabras de auxilio se suman las estadísticas contundentes. En los dos últimos meses se han registrado varios homicidios a líderes sociales, así como a campesinos y pequeños mineros. Se cuenta también la aparición de grafitis alusivos a disidencias de grupos armados ilegales, un helicóptero incinerado, destrucción de maquinaria de obras de infraestructura, amenazas a líderes de sustitución de cultivos ilícitos, un alcalde amenazado, entre otros hechos que reportan con horror las comunidades y ONG.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Antioquia, entre el primero de enero y el 2 de julio de este año, en el Norte se han reportado 107 homicidios, frente a 61 en el mismo periodo de 2017. De los 107 asesinatos de 2018, 40 corresponden a Ituango, uno de los municipios en los que más se ha incrementado la violencia, según los defensores de derechos humanos de la zona.

A esta fecha, el año pasado, se cometieron siete homicidios allí. En la subregión, con corte a julio 2 de este año, a Ituango le siguen Yarumal (26 homicidios) y Valdivia (17).

Sin embargo, el aumento de las muertes violentas no es la única consideración que tienen los habitantes para pedir atención urgente.

De acuerdo con integrantes del comité de derechos humanos de esta región, cada vez se deteriora más la seguridad en la zona, lo que vulnera los derechos a la vida, la libertad, el patrimonio y la integridad. Según los líderes, que pidieron guardar su identidad por temor, siguen siendo fuertes las extorsiones a comerciantes, transportadores y productores –incluso pequeños y medianos– quienes ya tienen como obligación alimentar con sus ingresos legales las rentas criminales de grupos al margen de la ley.

Asimismo, muchas de las comunidades de las veredas sienten miedo de salir a las cabeceras municipales a comprar alimentos o hacer diligencias, debido a la confrontación armada de los grupos que hoy hacen presencia allí. Esto tiene el agravante de que en el Norte nadie se ha coronado como el dueño del territorio, que aún se disputan el ‘Clan del golfo’ y sus disidencias, el Eln, las disidencias de las Farc y hasta la banda delincuencial los ‘Pachelly’.

Esto ha llevado a que se vean con una frecuencia que no se veía hace 15 años la presencia de hombres armados circulando por las localidades.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que las disidencias de las Farc “están en un proceso acelerado de crecimiento para armarse y delinquir, por lo que esta subregión se ha convertido en un lugar de interés criminal”.Agregó, que los campesinos quedan en medio del fuego cruzado entre estas disidencias y el ‘Clan del Golfo’.

Otra de las preocupaciones es que ya se empezaron a ver de nuevo enfrentamientos entre el Ejército y grupos ilegales

Esta violencia que se recrudece está más marcada en la zona que agrupa a los municipios ubicados en la vertiente hacia los ríos Nechí y Cauca, es decir, Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Valdivia, Angostura, Campamento y Yarumal. Estas zonas, indicaron algunos líderes, están ubicadas en un lugar estratégico para los grupos criminales, pues les permite tener control del Nudo de Paramillo, una situación histórica, que ha hecho que la región haya vivido sumida en el conflicto desde hace más de 40 años.

Sin embargo, tras las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc, la violencia bajó en el Norte. Según recuerdan algunos habitantes, entre 2014 y 2016 la calma llegó de una manera que no reconocían. Fue entonces cuando pudieron ir a zonas vedadas por la guerra, se empezó a hablar de desminado, sustitución de cultivos ilícitos y proyectos de reconciliación. Pero, desde el año pasado se notó la instalación de grupos armados y disidencias, especialmente en aquellos lugares que antes eran copados por las Farc, que se fue por los procesos de reincorporación a la vida civil.

En 2018, los habitantes han visto que la instalación pasó a consolidación y, según dicen, hoy están pagando en medio de una guerra que necesita acciones urgentes.

“Otra de las preocupaciones es que ya se empezaron a ver de nuevo enfrentamientos entre el Ejército y grupos ilegales, eso genera temor y pone en riesgo a las comunidades”, indicó uno de los líderes de la región.

La mayoría de líderes asesinados tienen similares características: defienden el proceso de paz, lideran la sustitución de cultivos y hacen denuncias constantes

Asimismo, contó que 17 líderes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos están amenazados, por lo cual el programa está suspendido temporalmente hasta que tengan garantías de seguridad.

EL TIEMPO trató de contactar varias veces a la secretaria de Gobierno de Antioquia, encargada del tema, pero no fue posible.

Por su lado, Yesid Zapata, coordinador del nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), explicó que la zona también está entre las dos del departamento con mayor riesgo para que los defensores de derechos humanos cumplan su labor. La otra es el Bajo Cauca.

“En estos territorios, la gran mayoría de líderes asesinados tienen características similares, que están defendiendo el proceso de paz, que están liderando sustitución de cultivos, que son campesinos, que hacen veedurías y denuncias constantes”, dijo, y añadió que muchos han muerto en el periodo que se toma la Unidad Nacional de Protección (UNP) para analizar el nivel de riesgo que corrían.

El defensor de derechos también dijo que las organizaciones sociales muchas veces no denuncian las agresiones y amenazas en sus propios municipios por desconfianza, ya que se ha visto “connivencia entre autoridades civiles y militares con estructuras armadas ilegales”. Esto, aseguró, genera subregistro. Sin embargo, no solo el Norte del departamento representa un riesgo para los defensores y líderes.

Datos preliminares de la Cceeu indican que entre el primero de enero y el 30 de junio de este año, se han registrado 145 agresiones, 15 homicidios y 64 amenazas en el departamento contra ellos.

Heidi Tamayo Ortiz
Redactora de EL TIEMPO
heitam@eltiempo.com - @HeidiTamayo

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