Durante el primer Encuentro Nacional de Concejales, que se realizó el lunes 14 de agosto en la ciudad, una de las quejas unánimes, de los cerca de 1.300 ediles que se citaron, tiene que ver con los riesgos que presentan al momento de desempeñar las labores de su oficio.
Este encuentro se desarrolló con el fin de generar un escenario de discusión que empodere a los líderes en su gestión de lo público. Mediante una masiva convocatoria se quiso mostrar la importancia del territorio como un punto de encuentro de los ciudadanos con el control político.
Sin embargo, un tema que preocupa a los ediles tiene que ver con la seguridad de sus vidas al momento de desempeñar las funciones que buscan propiciar un bienestar para su comunidad.
Algunos de ellos han manifestado ser víctimas de intimidaciones por culpa de bandas delincuenciales que tienen injerencia en sus municipalidades.
Es el caso de uno de los miembros del concejo de Valparaíso, Antioquia, quien por razones de seguridad ha pedido mantener su identidad en reserva.
En esta oportunidad la victima ha declarado haber sido objeto de amenazas contra su integridad, luego de realizar un trabajo en contra de la minería ilegal en el Suroeste antioqueño.
Con aquel proyecto se buscaba sumar a este municipio a Támesis y Jericó que le han dicho no a la minería.
La denuncia se radicó hace por lo menos tres meses. Se efectuó luego de haber recibido un ultimátum acompañado de diferentes agresiones físicas y psicológicas en contra de la persona que denuncia.
Entre ellas se destacan algunas llamadas, panfletos y la más grave que ocurrió hace pocos días que tuvo que ver con una retención en contra de su voluntad, en la que la víctima reportó haber sido sacada de Valparaíso y llevada hasta La Pintada en contra de su voluntad y recibiendo algunos golpes en su rostro.
El programa de protección solo se activa cuando se verifica una amenaza directa en contra del funcionario por razón de su actuar como concejal
Pese a haber reportado todas estas agresiones y haber empezado un proceso con la Unidad Nacional de Protección UNP), aún no se resuelve su situación y la inseguridad agobia el trabajo del edil.
Diego Mora Arango, el director general de la UNP, comentó que la mayoría de concejales solicita que se le asigne seguridad especial ante el temor de la delicuencia, pero “el programa solo se activa cuando se verifica una amenaza directa en contra del funcionario por razón de su actuar como concejal”.
Por esto Mora enfatizó en que debe ser la fuerza pública la encargada de brindar la seguridad a los ediles en situaciones donde no sean amenazas concretas y directas. El caso de Valparaíso deberá seguir un proceso de entrevistas y verificación de las pruebas antes de emitir un veredicto.
El presidente del Concejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry se sumó al fragor de la seguridad al expresar que existe un problema de garantías “por la imposibilidad que nos resulta parar abordar algunos temas de frente", pues según él en este oficio muchos han muerto en el ir y venir de su quehacer político.
Esteban Uparella, concejal de Montelíbano, Córdoba, reconoció el olvido al que dice está sometido este gremio por parte del estado y afirmó que se ha “buscado lanzar un clamor de apoyo y solidaridad que esperamos sea escuchado y las ayudas en materia de seguridad puedan cumplirse”.
La Policía Nacional por su parte se ha referido al hecho en ocasiones anteriores haciendo énfasis en el Plan Padrino que pretende brindar a la seguridad mediante el acompañamiento a los servidores públicos de los diferentes municipios del país.
DAVID FONSECA ARIAS
davfon@eltiempo.com
Para EL TIEMPO
MEDELLÍN
