Después de casi seis horas de debate, el concejo municipal de Jericó (suroeste de Antioquia) aprobó un acuerdo que prohíbe la exploración y explotación minera en su territorio. 
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​Este se convierte en el segundo municipio antioqueño en decidir que no permitirá la minería. El primero fue Támesis, que el 29 de mayo aprobó un acuerdo que prohíbe la explotación minera para proteger el medio ambiente.

"Fue aprobado en su integridad", dijo José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, quien agregó que de 11 concejales, 10 estuvieron presentes en la votación. 

Además, dijo que el debate de este miércoles contó con importante presencia de la comunidad, que ahora está alegre y felicitándose por lo sucedido, a pesar de que no todos los habitantes de Jericó estaban a favor de la prohibición minera.

Jaramillo agregó que casi todos los 11 municipios de la provincia Cartama (Fredonia, Jericó, La Pintada, Caramanta, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia) "tienen el propósito sus alcaldes de que esta provincia esté libre de minería metálica. Se están estudiando proyectos de Acuerdos por parte de los concejales de varios municipios", contó el defensor ambiental.

Además, agregó que los concejales de municipios de la cuenca del río San Juan, como Andes, Hispania y Bolívar, también han empezado a interesarse en este proyecto de acuerdo "y es muy probable que lo presenten a la Corporación y se aprueben porque el suroeste antioqueño no quiere minería metálica, dada su tradición y vocación agropecuaria".

Sobre la decisión, AngloGold Ashanti manifestó en un comunicado que respetan a las autoridades pero lamentan la decisión y la consideran inconstitucional.
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“Entendemos los temores de la comunidad respecto de la minería, pero en los 12 años que llevamos en el territorio no hay daños en el medio ambiente ni contaminación en el agua y sí un continuo relacionamiento con las comunidades locales, evidenciando así nuestra responsabilidad social y ambiental y los altos estándares por los que nos regimos”, manifestó la empresa.

Además de la afectación en las labores de la compañía minera, este tipo decisiones, según AngloGold, siembran un grave precedente para quienes buscar invertir en el país, los departamentos y los municipios de Colombia.
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“Solicitamos a todas las entidades del Gobierno Nacional que visiten las regiones de la mano de las empresas, informen más y mejor a las comunidades sobre las diferentes industrias, y nos brinden a las empresas las garantías jurídicas necesarias para el desarrollo de proyectos en el país”, concluyó el informe.

Resaltaron, además, que el proyecto de minería subterránea que se pretendía hacer en Jericó necesita varios años de estudios e inversión para definir su viabilidad y finalmente ser presentando a comunidades y autoridades en el proceso de licenciamiento.

El exsenador Darío Martínez aclaró que la sentencia de la Corte CU133 del 2017 le da la autonomía a los entes territoriales para que autoricen o no las exploraciones mineras en sus territorios.

"Según la sentencia, la Nación debe llegar a un acuerdo con los entes territoriales antes de aprobar cualquier proyecto de explotación minera", explicó.

Martínez aclaró que dicha sentencia tumbó el artículo 37 del Código Minero, en el que no se tenía en cuenta la automomía de los entes territoriales. Además, dijo que estos acuerdos se deben dar antes de que el Estado apruebe cualquier exploración.

"Obvio deben ser acuerdos previos, no conozco cómo han sido estos casos, pero si la Nación aprueba antes de acordar con el ente territorial es fácilmente un acuerdo demandable", señaló.

MEDELLÍN