Los habitantes de la comunidad indígena Choromandó, en Dabeiba, Occidente antioqueño, se quedaron esperando la presentación musical que había anunciado Socio Fernando Domicó. Este líder, docente y músico del pueblo Embera Eyabidá fue asesinado el pasado 13 de mayo.
“Este 18 de mayo voy a estar en la comunidad indígena de Choromandó llevando todo mi repertorio. Te lo dice el ‘Alegre del Pueblo’. Con mucho cariño para ustedes”, quedó grabado en un video que él mismo publicó en sus redes sociales.
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El asesinato de Domicó, quien era hijo de una reconocida líder de Dabeiba y hermano del consejero de Generaciones y Familia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), confirma la preocupación que ronda en la organización departamental desde donde aseguran que los comuneros siguen viviendo en medio del conflicto armado.
Las subregiones que más les inquietan son Occidente, Suroeste y Bajo Cauca, zonas del departamento donde los violentos se han ensañado con ellos, ya que sus territorios han sido trazados por las rutas criminales y se encuentran apartados de los cascos urbanos.
“Nos preocupa la región del Occidente donde tenemos poblaciones a grandes distancias del casco urbano, a dos y tres días de camino. Comunidades que vienen sufriendo el confinamiento por parte de los grupos armados que ponen unos toques de queda y reducen la movilidad a unos determinados horarios”, cuenta Wilfer Sánchez, vocero de la OIA.
A esto se le suma la instalación de minas antipersonales, estigmatización a los líderes por la capacidad de persuasión entre sus iguales y el reclutamiento de menores. Ellos llegan a las filas de grupos como el Eln y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’ que vienen en un proceso de expansión.
“El proceso de expansión del frente de guerra occidental del Eln procedente del departamento del Chocó y las Agc desde las subregiones de Urabá y Nordeste y el sur del departamento de Córdoba, hacia los territorios que fueron controlados por los frentes 5, 18 y 34 de las Farc-EP”, dice la Alerta Temprana 009-19 de la Defensoría del Pueblo.
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Los indígenas claman por la protección de sus derechos.
Cortesía OIA
Desde la organización han constatado que muchos menores son reclutados bajo amenazas y presiones, pero no siempre para portar un fusil, los obligan a transportar alimentos, agua o ser sus guías en estas zonas que conocen como la palma de sus manos.
Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, reconoce que la ubicación de los resguardos y su lejanía de las cabeceras municipales hacen que los indígenas sean muy vulnerables y agrega que su entidad, en los últimos años, ha atendido dos confinamientos de siete comunidades, afectando 286 familias y 1.900 indígenas.
“La zona de los indígenas que nos preocupa es todo el sector de Dabeiba, porque ha sido el sector donde no solamente hemos atendido el mayor número de víctimas sino también se han presentado los mayores hechos de confinamiento como fueron en el 2020 y 2021”, acotó el directivo que reconoce la existencia del reclutamiento, pero asegura que los padres son muy precavidos a la hora de denunciar.
Ante eso, Richar Nelson Sierra Alquerque, gerente Indígena de Antioquia, explica que es muy común que entre las mismas comunidades tomen la decisión de rescatarlos a su manera y sin la intervención de la institucionalidad.
“Lo que yo he sabido, en conversaciones con líderes, algunos buscan rescatar al menor. Hacen interlocución, buscan, conversan en el territorio hasta lograr que el actor armado les devuelva el menor. Pero, como los actores utilizan diferentes maneras, entre ellas el enamoramiento, esa situación se sale porque se supone que el menor expresa la voluntad y ahí la comunidad pierde cualquier tipo de control frente a la decisión. Eso también ha ocurrido”, explicó el gerente.
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En Cáceres tenemos más de 100 familias que permanecen en condición de desplazamiento desde hace un año
Por esta razón es que ni la OIA ni las diferentes entidades competentes tienen un registro fiel de la situación.
En Dabeiba, según datos de la Defensoría del Pueblo hay aproximadamente 23.378 habitantes en situación de riesgo, de ellos, 3.626 son indígenas de la etnia Embera Eyabidá.
En registros del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este municipio antioqueño es donde más comuneros han sido asesinados en los últimos dos años. Además de Socio Francisco Domicó, el año pasado murieron Rafael Domicó Carupia, jaibaná y gestor cultural, así como Higinio Bailarín, miembros de la guardia indígena.
Para los casos del Bajo Cauca y Suroeste antioqueño, los hechos victimizantes están enmarcados en el desplazamiento forzado.
En la primera subregión el flagelo se concentra en el municipio de Cáceres donde familias del pueblo Zenú llevan meses sin poder regresar a su territorio.
“En Cáceres tenemos más de 100 familias que permanecen en condición de desplazamiento desde hace un año luego de salir de la Isla La Dulzura. Allí no se ha podido garantizar un retorno acompañado a estas familias porque muchas de ellas permanecen refugiadas en el corregimiento Guarumo, en casas de familiares y amigos de esta subregión del Bajo Cauca”, agrega el vocero de la OIA.
Asevera el director Córdoba que su retorno no ha sido posible porque aducen no sentirse tranquilos y seguros ante la presencia de ilegales que “siguen pasando por allí”.
En Cáceres, además del Eln y Agc, las disidencias Farc y ‘los Caparros’ también están presentes.
En Andes, al lado del departamento, 86 miembros de la comunidad Embera Katio, pertenecientes a 19 familias, tuvieron que salir del corregimiento Santa Isabel tras una serie de amenazas y la golpiza de la que fue víctima un líder mientras se encontraba bañando en uno de los caños.
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Estos comuneros llegaron hace unos 10 años a Andes provenientes de El Carmen de Atrato, Chocó, y se instalaron en el municipio antioqueño.
“Con estos indígenas mes a mes les hemos suministrado alimentos de ayuda humanitaria de emergencia por el tema de que no han podido volver a sus sitios de donde no debieron haber salido”, enfatizó el director de la Unidad para las Víctimas.
“Un llamado al Gobierno Nacional para que active o cumpla de manera integral con la implementación de los Acuerdo de Paz, especialmente con esos acuerdos que tienen que ver con el capítulo étnico, pero, además, para que pueda empezar a generar los espacios ideales para que tanto el Eln como el Gobierno Nacional se puedan sentar en una mesa de diálogo y disminuyendo los niveles de conflicto que son abrumadores en los territorios indígenas” concluyó Sánchez.
La Gerencia Indígena de Antioquia cuenta con la Mesa Departamental de Concertación Indígena donde se le hace seguimiento a las políticas públicas de esta población y cuya agenda la pone la OIA. Se reúne dos veces al año, pero en lo que va de 2022 no se ha realizado el primer encuentro.
LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
EL TIEMPO
Medellín