El dolor de cabeza causado por la crisis financiera que viven los hospitales y clínicas de Antioquia parece no tener fin. Altas carteras, deudas con proveedores de insumos médicos y el riesgo inminente del cierre de servicios hacen parte del panorama que viven las instituciones prestadoras de salud (IPS). Y, por más esfuerzos que se hacen, el problema sigue. A los hospitales públicos de Antioquia las EPS les adeudan alrededor de 1,1 billones de pesos y tienen pasivos de unos 600.000 millones de pesos. Así lo aseguró Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA). Entre tanto, con corte a septiembre 30 de este año, la cartera de las 17 clínicas y hospitales que forman parte de la alianza Somos 14 más 1 superó los 2 billones de pesos. “La cartera sigue creciendo, y sigue creciendo la deuda con los proveedores. En la época de fin de año ellos hacen lo que llaman el plan puente y si no nos ponemos al día, no nos van a despachar los insumos o van a sacar algunas disculpas para no hacerlo. Esto se vuelve muy complejo porque si no hay liquidez vamos a tener problemas en los abastecimientos para atender a los pacientes”, explicó Luis Guillermo Saldarriaga, vocero de la alianza.La preocupación aumenta debido a que EPS liquidadas como Caprecom, Saludcoop y Cafesalud mantienen deudas elevadas. En el caso de Somos 14 más 1 deben 52.670, 68.093 y 93.749 millones de pesos, respectivamente. Ante uno de los anuncios del Gobierno Nacional de que en el presupuesto general del próximo año se destinarán 500.000 millones de pesos para el pago de la deuda de Caprecom, Saldarriaga expresó que es una gran noticia para las IPS, pues se aliviará un poco la situación. Asimismo, se mostró muy satisfecho con la noticia de que el Ministerio de Salud hará compra de cartera para que las IPS puedan mejorar su liquidez. Sin embargo, para Martínez esta solución solo beneficiará a los hospitales que tengan más de 50 camas, es decir, principalmente los privados, los de alta complejidad. El futuro dirá qué tan eficiente resulta la medida. Mientras tanto, las IPS siguen viviendo tras el fantasma de una posible liquidación, si bien algunas viven situaciones más críticas que otros.En el caso de la alianza se han presentado cierres paulatinos en algunos servicios, principalmente en urgencias. Por su lado, los hospitales públicos del departamento se ven en mayores problemas. Actualmente, el 52 por ciento de estos está clasificado en riesgo fiscal y financiero medio o alto, por lo que ejecutan programas de saneamiento. De acuerdo con Martínez, entre ellos están instituciones de salud de municipios como Hispania, Argelia, Olaya, así como en el San Rafael de Itagüí y el Marco Fidel Suárez de Bello. Públicos y privados, los hospitales y clínicas siguen esperando soluciones de fondo que les permitan mantenerse a flote, recuperar su solvencia financiera y garantizarles a los ciudadanos el derecho a la salud. No solo se trata de la solvencia económica. La crisis de la salud que afecta a clínicas y hospitales implica consecuencias graves para los ciudadanos. Según cifras del Ministerio de Salud, en Antioquia hay alrededor de 3’700.000 afiliados al régimen contributivo, 2’300.000 al subsidiado, unos 106.000 a regímenes de excepción y 50.000 personas no afiliadas. De ellos, indicó Yannet Castaño, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud, en Medellín son 1’900.000 en el contributivo, 600.000 en el subsidiado y 40.000 sin afiliación. Para Luis Alberto Martínez, director de AESA, aunque estas son las cifras oficiales, se mantiene la discusión sobre la cobertura en salud y se estima que en todo el departamento podría haber hasta 400.000 ciudadanos sin afiliación. A su vez, las personas afiliadas o no afiliadas cuentan con unas 3.600 camas en hospitales públicos de Antioquia. “Estas IPS generan alrededor de 190.000 hospitalizaciones al año, aproximadamente 3’800.000 consultas por médico general y la atención de casi 1’400.000 urgencias al año”, explicó Martínez. Por su lado, solo las 17 clínicas y hospitales de la alianza Somos 14 más 1 (la mayoría privadas) representan más del 80 por ciento de la oferta en salud de Medellín, con más de 4.850 camas. Asimismo, generan 21.000 empleos directos y atienden a unos 550.000 pacientes en urgencias cada año. Estos servicios, se complementan en el caso de Medellín con estrategias de promoción y prevención que dependen de cada comuna y sus condiciones socioeconómicas. Según Castaño, actualmente están trabajando en una reforma para que en 2018 se logre una verdadera articulación entre los programas de salud pública, que buscan prevenir las enfermedades con la comunidad. “Queremos lograr una integración porque sabemos que a las EPS les corresponde la gestión del riesgo individual, pero a nosotros como Municipio nos corresponde la gestión del riesgo colectivo. Esperamos que esa articulación empiece a funcionar desde julio del próximo año”, puntualizó la subsecretaria. Una de las problemáticas que también viven las clínicas y los hospitales, principalmente en el valle de Aburrá, es la congestión de sus centros de urgencias, lo que les genera costos adicionales. Para contrarrestar la situación, la Secretaría de Salud de Medellín empezó en agosto de 2016 el Centro Integrado de Gestión al Acceso en Salud (CIGA), una estrategia que tiene como objetivo descongestionar las urgencias de las IPS de la ciudad, por medio del fortalecimiento de la red de atención prioritaria de las EPS. En su primer año de funcionamiento se sumaron las 21 clínicas y hospitales de Medellín, así como las nueve EPS. “Con el CIGA empezamos a rescatar la atención de baja complejidad, es decir, fortalecer los servicios de médicos generales, urgencias, prevención de las enfermedades, para que la gente no tuviera que ir a IPS de mediana y alta complejidad”, explicó Yannet Castaño, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud. La funcionaria añadió que en el primer año, el CIGA también logró atender a más de 190.000 pacientes por medio de consulta prioritaria o programada, permitió descongestionar las urgencias en un 25 por ciento, aproximadamente, y dejó un ahorro de unos 5.000 millones de pesos al sistema de salud. Sin embargo, para Saldarriaga hace falta que la medida se expanda a otros municipios del valle de Aburrá, donde aún persiste la congestión.HEIDI TAMAYO ORTIZRedactora de EL TIEMPO@HeidiTamayoMEDELLÍN
