Campesinos de la zona piden a las autoridades colaborar con la búsqueda de posibles fosas comunes, antes que sea inundada por la represa de Hidroituango.

El hermano de Eduardo* fue asesinado en el puente de Pescadero, en Ituango, en una masacre perpetrada por miembros del frente 18 de las Farc el 20 de noviembre del 2002. En aquel entonces, cuentan los testigos, se veían bajar cuerpos por las aguas del río Cauca, casi a diario, por cuenta de la violencia en la zona que involucraba a la guerrilla y a los paramilitares.

Como él, son más de 200 familias de esta zona del norte antioqueño que perdieron a sus familiares y nunca los encontraron; algunos dicen que los cuerpos viajaron con las corrientes del río, otros aseguran que en algún lugar de este inmenso valle que une al norte y bajo Cauca del departamento se encuentran enterrados sus seres queridos.

Pero la esperanza de encontrarlos será finalmente sepultada en junio de este año, cuando empiece la inundación de la zona por cuenta de la obra de Hidroituango, un ambicioso proyecto que busca generar energía eléctrica al país para los próximos 10 o 15 años.

Hidroituango, a 170 kilómetros de Medellín, está ubicado en el cañón del río Cauca, en jurisdicción de Ituango y Briceño. En total, esta presa de 225 metros de altura -20 millones metros cúbicos de volumen, 405 metros de longitud y 22.600 metros cúbicos por segundo con una capacidad de generación de 2.400 megavatios- requirió una inversión de 11,4 billones de pesos.

Hasta el momento, los trabajos avanzan en un 80,5 por ciento y van acorde al cronograma para que el primero de diciembre comience a operar la primera de las ocho turbinas tipo Francis que componen la central.

Muchos han sido los inconvenientes que habitantes de la zona han tenido con la obra, desde posibles daños ambientales hasta desalojos de los nacidos en este punto, sin embargo, el drama por las personas que buscan a sus seres queridos es una de las mayores preocupaciones de los voceros.

En total, 15 organizaciones agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos se han dado a la tarea de dar voz a estas personas.

"No se está respetando la muerte, hay muchas personas que saben en qué lugar de la zona están enterrados sus seres queridos y no nos están dando la oportunidad de buscarlos. Hemos hablado con las autoridades y no quieren realizar la investigación para ubicarlos ", dice Isabel Zuleta, vocera del movimiento.

Sobre estas denuncias, el grupo EPM manifestó, a través de un comunicado, que “conscientes de las problemáticas de conflicto armado presentes en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y en absoluto respeto por las labores propias de la Fiscalía General de la Nación, en relación con la búsqueda y la exhumación de restos humanos en condición de no identificación, EPM hizo un llamado en 2013 al ente Investigador para que en el marco de la debida diligencia se diera celeridad a los procesos de investigación, búsqueda y exhumación de restos humanos en la zona en donde se construye la presa y la zona de embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango”.

Isabel Zuleta asegura que el proyecto ha tenido 24 modificaciones por no cumplir con los cánones establecidos para la preservación del medio ambiente, por lo que se debe examinar a fondo el desarrollo de esta obra.

La comunidad se siente ignorada en este proceso, por lo que hacen un llamado a las autoridades para velar por sus peticiones.

No obstante, voceros de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), encargada de velar por la conservación del medio ambiente y que ya ha atendido 12 modificaciones en las licencias desde el 2009 por el aprovechamiento de los recursos en este proyecto, señalan que la búsqueda de fosas no es una competencia de ellos.

“Eso es competencia de la Fiscalía -explica el vocero- y son ellos los que están a cargo de ese tema, esperemos que puedan dar pronto una respuesta. La autoridad se encarga de verificar qué impactos generan esas actividades y si requieren unas modificaciones más allá de cualquier otra cosa”.

Por otro lado, la entidad aseguró haber cumplido con el requerimiento de la comunidad sobre una audiencia pública en la que se expusieron algunas dudas sobre la obra.

Desde la Anla señalan que para este ejercicio de impacto ambiental, la empresa tuvo que reunirse con las comunidades, en esas reuniones ellos pueden presentar derechos de petición y todo tipo de herramienta para que su voz sea escuchada.

Sin embargo, Ríos Vivos asegura que ya se interpuso una acción de tutela por el derecho a la participación el 26 de enero en un Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia sin tener aún una respuesta por inconvenientes registrados en una audiencia pública donde, denuncian, no se les permitió hablar.“La entidad cumplió con una audiencia pública pedida por la comunidad y estamos evaluando las 34 ponencias de los voceros”, explicó el vocero de la Anla.

Eduardo ha sido barequero desde que tiene memoria, su oficio lo aprendió de su padre, quien a su vez lo aprendió del suyo. Pese a todas las denuncias y las constantes luchas de Ríos Vivos en materia de preservación del medio ambiente, este hombre de 29 años solo piensa en encontrar a su hermano y poder darle un último adiós.

“La verdad es que nos preocupa el tema de la represa -afirma Eduardo-; cuando empiecen a llenar el valle vamos a perder la oportunidad de encontrarlos. Nosotros hemos hecho de este lugar un campo santo, por eso no estoy de acuerdo con que nos dejen sin la oportunidad de hallar a nuestros seres queridos”.En Ituango, más del 60 por ciento de la población ha sido víctima del conflicto armado. Desde 1986 hasta el 2017 fueron alrededor de 73 masacres las que se registraron en la zona.

Muchas personas fueron asesinadas en el puente de Pescadero. El conflicto afectó a los campesinos de la zona y muchos tuvieron que escapar del lugar. Eduardo regresó en 2004. Tenía aún fresco el recuerdo de la zona donde posiblemente se encontraba el cuerpo de su hermano, pero luego que se diera inicio a las obras, la referencia quedó perdida.

"Muchos se ubicaban por los árboles para encontrar los lugares donde estaban sepultados los cuerpos -cuenta Isabel-; casos como el de Eduardo son muchos, luego de la tala ya no hay cómo buscar las fosas, por eso necesitamos que la Fiscalía se encargue de buscar con los equipos necesarios".

Las 250 familias que hoy se encuentran buscando a sus seres queridos le piden a la Fiscalía que realice una intervención en la zona lo más pronto posible, de lo contrario, el agua inundará de incertidumbre a estas personas.

Isabel Zuleta sostiene que lo ofrecido a los campesinos es muy poco para abandonar la tierra que los ha mantenido a flote durante tantos años, además de ser el territorio en que posiblemente se encuentran sepultados sus familiares.

Datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) dan cuenta de por lo menos 522 denuncias de personas desaparecidas en este lugar, además de 53 casos de amenazas contra líderes sociales y ambientales.

El Grupo EPM aclaró que para realizar la labor de búsqueda de las fosas, la Fiscalía designó al Fiscal 91 Delegado ante los Jueces Especializados del Grupo de Exhumaciones de la Dirección de la Fiscalía General Especializada en Justicia Transicional, Gustavo Andrés Duque Serna, para que adelantara los procesos referidos.

“A la labor, el Grupo se sumó desde un apoyo humanitario, con trabajo en campo y recolección de información con la comunidad de las zonas de influencia, información que le fue entregada a Fiscalía y con la que se procedió a diferentes prospecciones”, indica el comunicado de EPM.

Por lo pronto, voceros de la Fiscalía señalan que se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de lo que dicen las familias y así poder iniciar con la búsqueda. La investigación avanza, pero para las familias el tiempo es poco hasta junio.

Eduardo continúa con su actividad a orillas del río. Lo hace por su familia, mientras sueña con encontrar los restos de su hermano que la guerra le quitó. Él no pierde la ilusión de una búsqueda que permita hallarlo, de lo contrario, la vida se lo habrá quitado dos veces.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO
Redactor de EL TIEMPO