Las capturadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en su lugar de residencia por su presunta responsabilidad en actos de corrupción, que provocaron un detrimento patrimonial superior a los 320 millones de pesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Apartadó, Urabá antioqueño.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, en el 2014 se presentaron algunas irregularidades, por ejemplo, avalar gastos personales haciéndolos pasar como inversiones necesarias para la prestación de servicios en varios hogares infantiles.
Las sindiciadas de los hechos son Osdoly Pulgarín Rueda, exgerente del Icbf en la zona de Urabá, Luz Estela Muñoz Agudelo, exfuncionaria de la institución, y las contratistas Denis González Negrete, Katherine Keila Altube y Judith Morelo Padilla, quienes fueron aseguradas por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Los investigadores del CTI establecieron que las contratistas adquirieron objetos personales como televisores, zapatos y otros artículos, que luego fueron facturados como compras indispensables para los hogares infantiles que administraban, y luego el desembolso del dinero era aprobado por las funcionarias del Icbf.
Ninguna de las procesadas se allanó a los cargos que les imputó un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Antioquia. La Fiscalía apeló la decisión del Juzgado 3 Promiscuo Municipal de Apartadó, que les concedió prisión domiciliaria, y solicitó medida de aseguramiento carcelario.
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