Por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal fueron condenados la exdiputada de la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano, y dos de sus parientes: su exesposo, Gabriel Jaime Velásquez, y su yerno, Carlos Andrés Moreno.
Contra los tres implicados pesan pruebas testimoniales, técnicas y documentales que le permitieron a la Fiscalía General de la Nación obtener sentencia condenatoria por estafar en más de 3.000 millones de pesos a numerosas familias de bajos recursos con dos proyectos de vivienda de interés social.
“Terminada la etapa de juicio oral, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí (Antioquia) acogió la teoría del caso sustentada por la Fiscalía y emitió sentido de fallo condenatorio contra los tres investigados, a quienes se les revocó el beneficio de la detención domiciliaria y se ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras se dicta la respectiva sentencia”, manifestó la Fiscalía en un comunicado.
La lectura de fallo se realizará el próximo 9 de agosto.
Para ganar su confianza, los afectados eran citados los fines de semana para limpieza y organización de los presuntos terrenos donde se ejecutarían los proyectos de vivienda
Acorde con la investigación de ese ente, desde el 2006, cerca de 240 personas de los estratos 1, 2 y 3 invirtieron más de 3.000 millones de pesos en dos proyectos de vivienda de interés social, ubicados en Itagüí. Las soluciones de vivienda nunca fueron construidas.
Los investigadores establecieron que Velásquez fue el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de la urbanización San Miguel y el proyecto Santa Marta.
Según la Fiscalía, las víctimas debían consignar un millón de pesos para firmar las escrituras de los inmuebles que nunca existieron.
David Sánchez / Archivo EL TIEMPO
Según la Fiscalía, las víctimas tenían que consignar una cantidad de dinero en una cuenta a nombre del representante legal para supuestamente obtener un cupo de vivienda. Además, debían consignar un millón de pesos para firmar las escrituras de los inmuebles que nunca existieron
“Para ganar su confianza, los afectados eran citados los fines de semana por los impulsadores del proyecto para la limpieza y organización de los presuntos terrenos donde se ejecutarían los proyectos de vivienda, el cual sería entregado en máximo dos años a partir del primer pago”, explicó la Fiscalía.
MEDELLÍN
