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Estudio indica que el 70 por ciento de la minería es ilegal

Universidad Externado presentó el estudio Minería y Desarrollo para mostrar retos de la actividad.

Antioquia aporta cerca del 70 por ciento de la producción de oro del país, lo que le permite constituirse como productor de talla mundial. Así lo expresó el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez a finales de abril en el Congreso Nacional de Minería.
Por un lado, es un panorama promisorio pues acorde al Ministro de Minas Germán Arce “una actividad como la extracción del oro podría ser hasta 20 veces más rentable que la cocaína”.
Pero la otra cara de la moneda no es tan alentadora. Un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, indicó que el 70 por ciento de la Minería que se realiza en el país es ilegal.
Minería y Desarrollo: los nuevos retos jurídicos del desarrollo minero a partir del empoderamiento de las autoridades territoriales es el nombre del trabajo académico en el que participaron 93 investigadores de diferentes disciplinas de la actividad minera y es considerada la investigación más completa que se ha hecho en el país sobre Minería.
“Cuenta con 5 tomos con 69 escritos que tratan sobre un estudio trasversal sobre el tema en líneas como jurídicas, ambientales, empresariales, políticas, sociales e históricos”, cuenta Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.
Henao indica que el estudio –que duró cerca de dos años y medio– toca todas las facetas de la minería. Y precisamente la ilegalidad en la Minería, asegura el rector, será uno de los problemas más grandes que tendrá el país en un eventual posconflicto ya que en ésta están involucrados todos los actores de la violencia en Colombia.
Opina que debe haber una lucha frontal contra la minería ilegal en dos flancos: El económico, pues se extrae el mineral del subsuelo sin pagar regalías u otros impuestos, y también el ambiental, pues la minería está botando 180 toneladas al año de mercurio.
La explotación minera no controlada en Buriticá ha depredado el medio ambiente entre otras causas, por los desechos del Mercurio.
“La bolita de mercurio de un termómetro pesa menos de un gramo, ahora imagínense lo que son 180 toneladas de esas bolitas, o sea que el daño es nefasto”, explica Henao.
En el primer aspecto, ya se ha creado una unidad dedicada a combatir ese flagelo como se dio en el caso de Buriticá en el que según la Gobernación se ha controlado en un 80 por ciento la situación con la salida voluntaria de 3.040 mineros ilegales y se han decomisado 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
El rector añade que con la nueva reglamentación en el que el poder de decisión se compartirá entre los municipios, el departamento y la nación, ayudará a combatir la ilegalidad pues “van a involucrar a más actores y entre más regulación haya es más difícil hacer corrupción”.
El aspecto social
Lo que plantea el tomo de Participación ciudadana y comunidades, según explica Ana Carolina González, docente de la Facultad de Finanzas del claustro, es cómo las comunidades son receptoras de los impactos de la minería, pero también en su rol como actores que quieren ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
“En el caso de Buriticá, hay que ver cuáles son los incentivos –como el económico– que los obligan a arriesgar su vida. Me pareció muy interesante la instalación de mesas de concertación para tratar de dar solución a los temas. Pero no tiene que ser la solución del alcalde, del Ministerio de Minas, o del Gobernador, sino que sea entre todos, incluyendo a las comunidades”, cuenta la docente.
Ese cambio de mentalidad, añade, requiere tiempo. Pero los mineros no son los únicos a quienes hay que hacerles pedagogía. Milton Fernando Montoya, director de Investigaciones del departamento de Derecho Minero-energético de la Universidad, asegura que los mandatarios territoriales donde se desarrolla la actividad minera no cuentan con el suficiente conocimiento para proceder y aplicar los recientes fallos de la corte constitucional.
“Voy a recomendar que hagamos una pausa en el camino y trabajemos en una ley orgánica para evitar volver a cometer los errores del pasado. Y para eso la capacitación es vital”, finaliza Montoya. 
DAVID ALEJANDRO MERCADO
Redactor de EL TIEMPO
davmer@eltiempo.com
@AlejoMercado10
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