¿Qué pasará en Hidroituango tras renuncia de la junta directiva?

La junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) se reunió este martes para saber por qué no fueron partícipes de la decisión de demandar a los consorcios involucrados en la emergencia del proyecto Hidroituango, la cual fue tomada por la gerencia de la empresa y avalada por el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero.

Luego de conocer las explicaciones, este mismo martes el pleno de la junta directiva, conformada por ocho miembros y presidida por Quintero, decidió presentarle en un comunicado conjunto su carta de renuncia al alcalde, al considerar que no están de acuerdo con el manejo y el rumbo que se le está dando a la compañía.

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Como respuesta, el alcalde publicó en la tarde de este martes un trino en el que aseguró que llamó a cada uno de los miembros, les agradeció sus servicios y aceptó su renuncia. Agregó, además, que “EPM continuará con acciones legales que le permitan recuperar los 9,9 billones de pesos de sobrecostos de Hidroituango”.

El descontento de la junta ya se había manifestado a través de una carta previa. En ella, los miembros expresaban su “preocupación y malestar” por algunas decisiones que se han tomado recientemente desde la gerencia de EPM, función a cargo de Álvaro Rendón.

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De manera puntual, en esa misiva se hizo referencia a la millonaria demanda por 9,9 billones de pesos contra el consorcio diseñador Generación Ituango, el consorcio constructor CCCI y el consorcio interventor Ingetec-Sedic, los cuales, de momento, no se han pronunciado sobre la acción jurídica a tomar.

Y ayer, en la carta de renuncia, los ocho integrantes señalan que se ven obligados a tomar la decisión luego del “reiterado desconocimiento a la junta directiva”.

La misiva prosigue insistiendo en la preocupación del estamento al observar que no se están llevando a cabo las prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado a EPM, pero reconocen la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa.

La junta directiva estaba integrada por Andrés Bernal, Oswaldo Gómez, Javier Gutiérrez (expresidente de Ecopetrol), Gabriel Maya, Manuel Mejía y Elena Rico. Y la completaban Luis Fernando Álvarez y Jesús Aristizábal, quienes habían sido delegados por el propio Quintero.

No obstante, Quintero respaldó este martes la labor de Rendón al frente de EPM.

Por su parte, Alexander Sánchez, vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, dijo que en ninguna parte del Acuerdo Municipal No 12 de 1998, que calificó como la carta de navegación, se obliga al gerente a consultar estas decisiones con la junta directiva, pero admitió que su deber podría estar en asuntos extrajurídicos. Y agregó que la decisión no fue consultada previamente con este ente de la compañía y que pudo tratarse “de un error en el comunicado”.


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Otra situación que sorprendió a la opinión pública fue que uno de los accionistas más importantes de Hidroituango, la Gobernación de Antioquia, tampoco estuviera enterada de la situación hasta cuando se presentó en la rueda de prensa en la noche del lunes. Así lo aseveró el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

“Esto es un tema de la reclamación que EPM, según vimos en los medios de comunicación, va a emprender contra el consorcio constructor y contra las aseguradoras. Realmente no teníamos conocimiento de manera formal, lo supimos a través de la rueda de prensa”, explicó el Gobernador.

En cuanto a las acciones legales como accionista (su porcentaje de participación es del 2,145808%), Suárez manifestó que: “Estamos haciendo todos los análisis técnicos, jurídicos, las debidas pericias, para definir una ruta de trabajo. Hoy tenemos otra vez reunión con el equipo de abogados, el paso que da EPM pues obviamente entendemos que el Grupo EPM debe defender sus intereses, y el Departamento está haciendo sus propios análisis como socio del proyecto hidroeléctrico de Ituango”.

Al grupo de los que no sabían de la decisión se sumó el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, Sinpro, que también emitió un comunicado en el que critica el hecho de que la gerencia dé un aire de consenso, tanto con la junta como con el Sindicato, cuando no es real.

“Existe malestar general en la empresa (los trabajadores) por las actuaciones de la actual administración (Gerente y alcalde -como presidente de la junta de EPM-)”, se puede leer en el comunicado.

Un exdirectivo de la compañía calificó la renuncia masiva de la junta como un hecho inédito y preocupante para el futuro de EPM, la cual se ubica como la empresa de su sector más grande del país, al registrar en 2019 ingresos por 18,3 billones de pesos, superiores a las del resto de compañías de servicios públicos.

El exejecutivo,además, indicó que la situación puede tener repercusiones graves en los grupos de interés, entre ellos los mercados financieros, las calificadoras de riesgo y los inversionistas.

De acuerdo con la fuente, aunque Quintero y Rendón dijeron que la demanda no se debía informar a la junta por no tener una cuantía, ellos mismos tasaron el valor en 9,9 billones de pesos y el artículo 17 de los estatutos de la empresa señala que la junta debe ser consultada frente a cualquier litigio que supere los 500 salarios mínimos legales vigentes. “No recuerdo una situación como esta”, manifestó a su turno otro directivo consultado por EL TIEMPO.

Además, según las fuentes, la solicitud de Quintero al Concejo de la ciudad, de darle facultades para cambiar el objeto social de la empresa, con el fin de hacer otras actividades como los servicios turísticos y de seguros, es una muestra de las decisiones desacertadas que se están tomando.

MEDELLÍN