Devuelven tierras a víctimas de violencia paramilitar en Urabá

Devuelven tierras a víctimas de violencia paramilitar en Urabá

Corte Constitucional dio la orden, tras años de lucha judicial de familias de la vereda Guacamayas.

Restitución de tierras vereda Guacamayas

El predio donde están ubicadas las fincas restituidas están en una zona de difícil acceso, especialmente en época de lluvias, pues hay constantes inundaciones.

Foto:

Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por: Heidi Tamayo Ortiz
19 de mayo 2019 , 06:20 a.m.

A Víctor Páez Medrano le faltó un mes de vida para cumplir el sueño de recuperar el título de propiedad de su tierra, el hogar que con esfuerzo construyó, tras llegar en 1975 a una zona baldía de Turbo (Urabá antioqueño). Su esposa María Candelaria Díaz recuerda con dolor que ambos arribaron al lugar con sus cinco hijos pequeños. Todo era cielo y monte, dice la mujer de tez oscura y ojos tristes.

Poco a poco empezaron a cortar maleza y hierba, a levantar un “ranchito”, a cultivar arroz y maíz y a incursionar en la ganadería. Tuvieron una vida feliz y dos hijos más nacieron. Con otras familias, que siguieron su mismo camino, fundaron la vereda Guacamayas.

Esos recuerdos se agolparon en la mente de María Candelaria el pasado 15 de mayo, cuando la juez Primera Civil de Restitución de Tierras de Quibdó (Chocó) llegó hasta allí para iniciar la entrega material de 12 predios, de los cuales el de su familia, llamado La Candelaria, de 168 hectáreas, fue el primero. La felicidad de recuperar la tierra que la violencia les obligó a dejar en 1997 no era completa porque un cáncer no permitió que su esposo, de 84 años, estuviera para vivirla juntos.

“Siente uno una cantidad de sentimientos encontrados porque este era el sueño de mi esposo, pero también siente uno mucha emoción y le da gracias a Dios porque volvimos a recuperar lo que él con tanto esfuerzo levantó”, dice la mujer, rodeada de varios de sus hijos, entre ellos Carlos Páez, el designado por la familia para firmar el acta de restitución.

Este emotivo hecho también lo vivieron ocho hogares más, para un total de 12 fincas devueltas por la juez, entre el 15 y el 16 de mayo, y que suman entre todas unas 800 hectáreas.

Restitución de tierras vereda Guacamayas

María Candelaria Díaz, su hijo Carlos Páez y varias de sus hijas estuvieron en la entrega de las fincas.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La entrega material de los predios se hizo después de más de una década de lucha de estas familias, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 11 de diciembre de 2018 que, a su vez, decidió por orden de la Corte Constitucional, que consideró que las víctimas no habían tenido verdaderas garantías de reparación.

Según Julio César Cuastumal, abogado representante de las víctimas, este caso es una fotografía de lo que les sucedió a muchas personas en el Urabá antioqueño, por la incursión violenta del frente paramilitar Álex Hurtado, comandado por Raúl Emilio Hasbún.

Tras su llegada a la zona, entre 1996 y 1997, empezaron los combates con la guerrilla, el asesinato de algunas personas y el desplazamiento de familias. Así lo recuerda María Candelaria: “En el 95 más o menos empezó una época muy dura de violencia, había presencia de la guerrilla y los paramilitares, pasaban unos y otros por la casa. Uno ya no sabía qué decir porque lo podían tildar de cómplice de uno u otro. Temíamos porque teníamos dos hijos jóvenes, empezaron a matar gente vecina; entonces nos confundimos y nos desplazamos”.

En meses, la zona quedó vacía. Entre finales de 1996 y mediados de 1997, todos habían vendido sus tierras a empresarios que pagaban la hectárea a unos 200.000 pesos. Once de ellos fueron adquiridos por la Sociedad Las Guacamayas y uno más por un particular, con la intención de desarrollar proyectos de ganadería.

Temíamos porque teníamos dos hijos jóvenes, empezaron a matar gente vecina; entonces nos confundimos y nos desplazamos

Años después de haberse ido, algunas familias se reunieron para reclamar sus derechos sobre la tierra, explica Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, y cuenta que en el año 2007 comenzaron el proceso, cuando no existía aún la Ley 1448 (Ley de Víctimas), por lo cual lo hicieron en competencia de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

En una primera instancia la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín falló en contra de las víctimas y a favor de los empresarios. Por ello, se hizo recurso de apelación en la Corte Suprema de Justicia, pero también la decisión fue desfavorable para las familias. Después, pidieron revisión de la Corte Constitucional, que le ordenó a la Corte Suprema emitir una nueva decisión a favor de estas, en 2018.

En medio de este proceso, en 2014, varias de las personas retornaron a sus tierras sin acompañamiento institucional y se quedaron allí a vivir hasta el día de hoy. A muchos les iniciaron investigaciones y procesos judiciales, señalados de invasores y falsos reclamantes. Hubo intentos de desalojo de parte de las autoridades, pero allí resistieron, pese también a las amenazas que recibían, si bien, no hubo asesinatos de reclamantes de Guacamayas, como sí lo hubo de otros procesos de la región, una de las más difíciles para la restitución, según Cuastumal.

Restitución de tierras vereda Guacamayas

Una juez de restitución de tierras de Quibdó (Chocó) fue la encargada de ejecutar la diligencia de entrega material de los predios.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En la revisión del caso, la Corte Constitucional consideró que hubo vicios en la negociación de las tierras, pues aunque se cumplieron los requisitos legales, ellos vendieron movidos por el terror que sentían ante la presencia del grupo paramilitar.

“No puede considerarse que los miembros de la sociedad Las Guacamayas actuaron de buena fe o con lealtad, en cambio, se da la culpa grave porque la adquisición de las fincas destinadas al proyecto se realizó en época de la violencia generalizada que causó la incursión paramilitar y a sabiendas de que los campesinos, para salvar sus vidas, tuvieron que vender al precio que les ofrecieron”, establece el fallo.

Los empresarios manifestaron a lo largo del proceso que no tuvieron vínculos con paramilitares para despojar a las familias y Hasbún aseguró en una de sus versiones que no tuvo vínculos con la empresa Las Guacamayas, pero reconoció que su organización criminal “ejecutó múltiples y variados crímenes con la pretensión de erradicar de la región de Urabá en Antioquia las fuerzas guerrilleras que de años atrás se habían asentado allí”.

Piden apoyo para empezar

Ahora que recuperaron las fincas La Candelaria, Villa Fanny, Fabiola, Carmen Alicia, Santa María, Santa Fe, No hay como Dios, Deja que Digan, El Descanso, Fundación, Fundación I y Fundación II, sus propietarios deben empezar de nuevo y buscan apoyo de las instituciones locales, departamentales y nacionales para tener una reparación integral, pues la Corte solo ordenó restituir los bienes, pero no las medidas complementarias a las que tienen derecho las víctimas, como salud, vivienda y proyectos productivos.

Una de las primeras acciones que harán con apoyo de Forjando Futuros es llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares que garanticen la protección de las familias, pues el lugar está ubicado en una zona alejada donde no hay frecuente presencia de la Fuerza Pública y a media hora de distancia de Belén de Bajirá, el casco urbano más cercano.

Además de la seguridad, empezar no será fácil, pues la tierra está afectada por la deforestación, debido a la ganadería que se hizo allí por años, lo que llevó a que haya constantes inundaciones y que haya perdido productividad.

Restitución de tierras vereda Guacamayas

La Fuerza Pública acompañó la diligencia de restitución. En esta zona no hay frecuente presencia de la misma.

Foto:

Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Carlos Páez dice que buscan apoyo con un sistema de drenaje en la boca del caño Guacamaya y el río Tumaradó, para que las fincas recuperen la productividad que tenían antes de las inundaciones y que hoy obligan a la gente a caminar en medio del lodo y charcos que llegan hasta los tobillos, a lo que se suma que la vía está en malas condiciones y que no hay servicio de acueducto, alcantarillado ni electricidad.

También piden una escuela y un centro de salud para esta vereda que está ubicada en el corregimiento Macondo, uno de los sitios en disputa entre Antioquia y Chocó, pero que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), pertenece a este último. Fue por ello que la diligencia de entrega la hizo una juez de ese departamento.

Las ocho familias restituidas también esperan que a otras de la región les devuelvan sus tierras. Vega indicó que son al menos 600 reclamantes que no han podido retornar. María Candelaria espera que su familia, compuesta por siete hijos y 100 nietos y bisnietos, y sus vecinos puedan volver a arraigarse allí.

Dunia Páez, la segunda hija, quien llegó al terreno cuando era baldío, a los 8 años, cuenta que buscan convertir la finca en patrimonio familiar, que no sea vendido, sino que pase de generación en generación, para hacer honor al esfuerzo que tuvo su padre cuando emprendió el viaje en busca del sueño de su vida.

¿Cómo va la restitución en Urabá?

Sobre los procesos de restitución en el Urabá antioqueño, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) informó que a la fecha en esta región han sido restituidas 13.186 hectáreas de tierra, que han beneficiado a 526 familias. Asimismo, 7.255 de dichas hectáreas corresponden a territorio étnico de las comunidades Eyákera, Arquía, Cuti y Tanela. 

Sin embargo, aún falta. "La Dirección Territorial de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido un total de 8.014 solicitudes, de las cuales la Unidad de Restitución de Tierras está trabajando sobre el 70 por ciento", reportó la entidad.

HEIDI TAMAYO ORTIZ
Enviada a Urabá

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