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Las implicaciones de pacto firmado entre Alcaldía de Medellín y la JEP
Firma del pacto con la JEP

Daniel Quintero, alcalde de la ciudad y Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, firmaron el pacto.

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Cortesía Alcaldía de Medellín

Las implicaciones de pacto firmado entre Alcaldía de Medellín y la JEP

Daniel Quintero, alcalde de la ciudad y Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, firmaron el pacto.

Víctimas, exfarc y la JEP dieron su postura sobre lo que significa esto para los Acuerdos de paz.

Varias son las implicaciones que tiene el pacto firmado este lunes entre la Alcaldía de Medellín y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el que se busca impulsar los procesos relacionados con la justicia restaurativa en la ciudad.

En el mismo documento, firmado por el alcalde Daniel Quintero y Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP, se pone de manifiesto que el objetivo es “aunar esfuerzos para el fortalecimiento y la priorización de estrategias, programas, proyectos y acciones específicas encaminadas a fortalecer el proceso de implementación del punto 5 del Acuerdo de Paz”.

En síntesis, se trata de acciones con las que quienes en el pasado fueron los victimarios, puedan reparar hoy en día a la población, de diferentes maneras.

De acuerdo con la Secretaría de la No-Violencia de la ciudad, los cuatro compromisos centrales del convenio están basados en: la construcción de procesos restaurativos integrales con enfoque territorial, que permitan cerrar las brechas de exclusión, desigualdad y desventaja a las comunidades afectadas por el conflicto armado; la aplicación de la justicia restaurativa con la implementación de sanciones propias, trabajos, obras o actividades tempranas con vocación reparadora; el diseño de una campaña de comunicación estratégica que acompañe la implementación de los compromisos; y la implementación de canales de diálogo y acercamiento con actores estratégicos del territorio como los sectores económicos, sociales, grupos de apoyo y la academia.

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Pero ello se lograría a través de la participación de las víctimas, quienes manifestarán a los comparecientes de las extintas Farc lo que para ellos es o no reparador.

“Todos estos procesos restaurativos parten de la idea de darle participación a los comparecientes, responsables, a las víctimas y a la comunidad. Lo que vamos a hacer en este momento es empezar a tener diálogos participativos con la Mesa de Víctimas y con todas las organizaciones como el Conpaz, para construir los mecanismos y las actividades a desarrollar en el marco de este convenio”, manifestó Juan Carlos Upegui, secretario de la No-Violencia.

Las actividades reparadoras por parte de los excombatientes están definidas por la JEP como Toar, que quiere decir trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador, que algunos comparecientes deberán realizar y que es también voluntario para quienes no han sido sancionados por esta jurisdicción.

Eduardo Cifuentes, presidente de la misma, expresó que, "Medellín, a través de este acuerdo, ofrece una enorme capacidad institucional para establecer programas, proyectos, trabajos colectivos en los cuales víctimas, victimarios, en términos de justicia restaurativa, van a cerrar esa brecha que dejó el conflicto armado interno".

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Pastor Alape, integrante de la dirección de Partido Comunes y representante de los reincorporados en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), destacó el pacto y lo calificó como una muestra de voluntad del gobierno municipal con la implementación del Acuerdo de Paz. A su vez, agregó que trabajar junto a las víctimas en acciones, obras, reparadoras, permite reconstruir o fortalecer el tejido social y sembrar esperanza.

Sobre las implicaciones de que se haga a nivel municipal, Alape explicó que: “la Alcaldía entraría a certificar las acciones que desarrollemos nosotros en el marco de la reparación, para que la JEP decida si las considera acciones reparadoras o no. Lo que viene es el músculo a ese esqueleto que se firma, eso lo vamos a ponerlo nosotros y las víctimas del conflicto, sentarnos con ellos y que nos digan qué consideran que es reparador y qué no es reparador, qué obras”.

Lo cierto es que estas acciones reparadoras son diferentes dependiendo del contexto del territorio. Algunas tienen que ver con el manejo de basuras, recuperación de agua, recuperación y cuidado de bosques, mejoramiento de infraestructura como escuelas y hospitales, embellecimiento de infraestructura de uso comunitario, acompañamiento en acciones de pedagogía para la paz, entre otras cosas.

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Pero para Alape, una fundamental en Medellín debe estar enfocada a “desarrollar una actividad muy grande para todo este tema que tenemos de contaminación”.

Por el lado de las víctimas, esta firma significa también el reconocimiento del trabajo organizativo que se lleva en la ciudad y en la comuna 3- Manrique, donde fue firmado este compromiso en el barrio Santa Inés.

“Queremos que estos acuerdos y estas iniciativas que se han tenido y que hoy logramos firmar este pacto para seguir restaurando a las familias, nos tengan en cuenta en estos aspectos tan importantes como la construcción de la memoria histórica y la reparación integral de las víctimas en el territorio”, expuso Luz Danelia Guarín, representante de las víctimas de la comuna 3 y de la Mesa Municipal de Víctimas, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Luz Danelia Guarín, representante de las víctimas de la comuna 3, indicó que fue significativa que la firma se llevara a cabo en dicho lugar, donde hay miles de víctimas.

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Cortesía Alcaldía de Medellín

Guarín, desplazada en el año 2000 desde Alejandría (Antioquia), señaló que esta es una forma también de apropiarse de la ciudad, que aunque no fue su cuna, el haber llegado como desplazados los hace ya parte. Habla en plural porque, cuenta, la comuna tiene al menos 30.000 víctimas de la violencia, dentro de 5.000 familias censadas. Estas, ubicadas en su mayoría en las laderas de Manrique, que a su vez tiene 24 barrios.

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“Los hechos victimizantes en mi familia fueron causados por la guerrilla, pero también para los paramilitares. Eso me llevó tomar unas decisiones en búsqueda de la paz, en la reconciliación y el perdón”, reflexionó la lideresa.

El caso 04

Esta firma ayudará a la construcción de una verdad dialogada que aporte a los macro-casos priorizados por la JEP, específicamente, en el Caso 04 que prioriza la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién.

Así, las 23.000 personas que habitan en Medellín y que fueron víctimas en los municipios antioqueños priorizados por este caso podrán construir propuestas restaurativas para la recuperación cultural de sus raíces y cosmovisiones, tal como lo propone el enfoque territorial del Acuerdo de Paz, en el que el territorio trasciende la ubicación geográfica.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MEDELLÍN

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