Con corte a octubre 30 de 2017 se registraron 248 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Antioquia, 41 casos más que en 2016. Así lo dio a conocer este 11 de diciembre la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) en su más reciente informe.
De acuerdo con el documento, la cifra indica que en promedio sucedió una agresión por día contra esta población en el departamento. Asimismo, el 31,8 por ciento corresponde a amenazas, el 28,6 por ciento a heridos, el 11,7 por ciento a detenciones arbitrarias y el 8 por ciento a homicidios.
Este último delito se evidencia en un total de 19 en el departamento, de los cuales la mayoría ocurrieron en el valle de Aburrá, con el 36,8 por ciento, seguido de Urabá y Nordeste (16 por ciento) y Oriente y Norte (10,5 por ciento).
Sin embargo, luego del cierre del informe asesinaron en el Bajo Cauca a una lideresa de la comunidad Lgbti, cuyo caso no se alcanzó a incluir en las cifras. El dato casi dobla al del año pasado, cuando se presentaron 11 asesinatos.
En el valle de Aburrá hay algunas dinámicas relacionadas con el control que ejercen en los territorios los grupos armados ilegales, explicó uno de los expertos durante la presentación de los resultados.
Respecto a los presuntos responsables de estos asesinatos, el informe indicó que la mayoría fueron cometidos por grupos paramilitares, con 12 de los casos. En cinco de los hechos no se logró establecer a los presuntos culpables y dos de los casos se atribuyen a la fuerza pública.
Las indagaciones de la ONG estipularon además que el Norte, el Nordeste, el Bajo Cauca y Urabá son las subregiones más sensibles a la hora de consolidar la paz, pero también zonas donde hay gran cantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos.
Su labor también acarrea persistentes amenazas en su contra, ya sea de forma individual o colectiva. En el transcurso de 2017 van 79 amenazas individuales y 12 colectivas.
“Estas amenazas suceden en centros de poder que, además están estrechamente relacionados con las circunscripciones especiales de paz como la subregión de Urabá, Bajo Cauca, Norte de Antioquia y se presentan en mayores proporciones en el Valle de Aburrá. Para este informe 2017 hemos registrado un incremento preocupante para el Oriente antioqueño”, indicaron los investigadores en el informe.
Las principales razones son la defensa del proceso de paz, hay muchos reclamantes de tierras, líderes de sustitución de cultivos ilícitos y otros que se dedican a la defensa del territorio
De acuerdo con Óscar Zapata, integrante del nodo Antioquia de la Cceeu, estos hechos están ocurriendo debido a que grupos paramilitares están copando los territorios, atacando, amenazando y asesinado a las personas que defienden los derechos humanos.
"Las principales razones son la defensa del proceso de paz, hay muchos reclamantes de tierras, líderes de sustitución de cultivos ilícitos y otros que se dedican a dinámicas como la defensa del territorio", dijo Zapata, quien añadió que sí se nota sistematicidad en los hechos.
La Cceeu también expresó su preocupación frente a la persistencia de grupos que heredaron el poder paramilitar. Según Astrid Torres, investigadora de la Corporación Jurídica Libertad, las organizaciones sociales consideran que sigue habiendo presencia del paramilitarismo en varias regiones del departamento, lo cual justifican en tres razones o características.
La primera es que las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), así como la denominada ‘Oficina’ son estructuras que perviven y heredaron el poder de las Auc.
“Esto se expresa en el dominio territorial, que se ve reflejado en prácticas de control social, como toques de queda, censuras, limpieza social, intolerancia social”, dijo la líder.
La segunda es que estas estructuras atentan no solo contra las organizaciones sociales, sino también a la población, pues muchos habitantes siguen siendo señalados como colaboradores de la insurgencia.
“En algunas veredas siguen amenazando a las personas porque son aliados de la guerrilla”, añadió Torres. La tercera, explicó, es que dichos grupos se dedican al narcotráfico como una estrategia de financiación para seguir ejerciendo control social.
Frente a esta situación, los líderes le hicieron un llamado al Estado para que declare “el patrón que prevalece en la sistematicidad de estas agresiones y homicidios, darle el tratamiento efectivo a las investigaciones y no abandonar líneas de investigación que permitirían esclarecer estos crímenes”.
También solicitaron que se les brinden todas las garantías de prevención, protección cuando sea necesario y garantías de no repetición para poder seguir ejerciendo su labor.
Asimismo, pidieron que las autoridades le hagan seguimiento y adopten medidas respecto al Informe de Riesgo del 30 de marzo de 2017 que emitió la Defensoría del Pueblo y que tengan en cuenta las alertas tempranas establecidas principalmente en los municipios de Apartadó, Barbosa, Bello, Briceño, Cáceres, Carepa, Chigorodó, Don Matías, El Bagre,Ituango, Liborina, Medellín, Puerto Berrio, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte y Zaragoza.
Finalmente, los defensores de derechos humanos que participaron en el informe pidieron que se cree en la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, “incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, 2017)”.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
@HeidiTamayo
Medellín
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