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Medellín

En Antioquia fueron radicadas 100 demandas de restitución de tierras

300 personas reclamantes de más de 800 hectáreas que fueron abandonadas o despojadas.

300 personas reclamantes de más de 800 hectáreas que fueron abandonadas o despojadas.

Foto:Cortesía

Son 300 personas reclamantes de más de 800 hectáreas que fueron abandonadas o despojadas.

Tras la zozobra y el miedo que causaba el conflicto armado en el departamento, Edith Rojas* y su familia se marcharon de la zona rural de San Rafael, en el Oriente antioqueño, hace 20 años, luego de que grupos armados tumbaran una torre de energía muy cerca a la tierrita en la que ella vivía, a la edad de 13 años, con su madre, padre, hermana y unos sobrinos que estaban de vacaciones.
Era el año 2001 cuando abandonaron su tierra, después de que la violencia se volviera, en sus palabras, insoportable. Recuerda que escuchar que hubiera en una vereda dos o tres muertos al día no era extraño y mucho menos que en el cementerio del pueblo hubieses entierros colectivos de cuatro y cinco personas.
“Antes del conflicto, vivir allá se podría resumir como estado de felicidad, porque uno no conocía la ciudad y el tener allá lo necesario, sentía uno que no necesitaba nada más porque tenía la tranquilidad”, recordó con nostalgia, pero a la vez, con la esperanza de retornar a ese lugar, pese a que ya lleve dos décadas en la capital antioqueña.
“Como dice un hermano mío, eso como que se lleva en la sangre, uno fue levantado en el campo, entonces a uno le parecía bueno y era más difícil porque uno simplemente tenía que trabajar la tierra para poder comer de ella”, dijo.
Once años después de estar en la ciudad, pudo hacer la solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras para que a ella y a su familia, le devolvieran el predio que abandonaron por el miedo, en momentos en el que vender o regalar un producto como la panela que producía su padre era considerado una colaboración para el grupo armado contrario, y por ende, una afrenta.
Cuatro años después de que muriera su padre, quien “buscó mucha ayuda del Estado y falleció en ese intento”, en 2012 se radicó la solicitud y a la tierra se le impuso una medida cautalar. Ahora, este 2021, tras cumplir los requisitos, por fin pudo presentarse su demanda ante un juez de restitución de tierras, con el que esperan obtener una restitución integral, que incluya un proyecto productivo.
“Esos derechos consideramos nosotros que deben ser de manera integral, es decir, que se pueda recuperar en gran parte lo que se perdió durante todos estos años. La tierra al momento de ser abandonada, como resultado de este conflicto, tenía vivienda, servicios públicos, no se debían impuestos prediales, no se debía nada. Había cultivos de caña para la panela, cacao, café, maíz, yuca, plátano y fríjol. Se sobrevivía de ese manera, con el trabajo del campo”, explicó su esposo, Luis Jaramillo*.

Uno tiene ese temor de que pueda repetirse la historia porque el conflicto no se ha acabado, cambió fue de actores, pero está ahí. Pero sí queremos el retorno

Como en muchos casos, esta familia, aunque sobrevive hoy en día en la ciudad, sueña con volver a esta tierra, un ambiente que consideran mejor para sus hijos y para trabajar.
“Uno tiene ese temor de que pueda repetirse la historia porque el conflicto no se ha acabado, cambió fue de actores, pero está ahí. Pero sí queremos el retorno”, dijo Jaramillo.
La demanda de Rojas y su familia hace parte de las 100 demandas que radicó la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Antioquia ante los juzgados especializados en el primer trimestre del 2021. Son 300 personas las que fueron inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) y que ahora esperan recuperar las propiedades que perdieron por el accionar de grupos ilegales que han operado históricamente en este departamento.
Las demandas presentadas buscan devolver la tierra a las familias campesinas afectadas por la violencia en Abejorral, Alejandría, Cañasgordas, Cocorná, Concepción, Granada, Montebello, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente, Sonsón y Yolombó.
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, si la justicia reconoce la calidad de víctimas de abandono forzado y despojo de tierras se restablecerían los derechos sobre algo más de 800 hectáreas.
Otras medidas podrían ser la entrega de capital para la implementación de proyectos productivos, subsidios de vivienda rural, acceso a educación y salud, así como titulación y saneamiento tributario y fiscal del predio que debió ser abandonado por la violencia.
“Se espera presentar durante 2021 más de 600 demandas ante los jueces de restitución, con el ánimo de dar la mayor celeridad a los procesos judiciales que buscan propiciar el retorno de las comunidades más afectadas por la violencia. En Antioquia, nuestro compromiso se incrementa porque somos conscientes que es la región del país con el mayor número de víctimas, a las cuales debemos todo el respaldo desde la institucionalidad”, señaló Eliana Jaramillo, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Antioquia.
Según la entidad, en Antioquia, 6.000 personas han recuperado más de 19.000 hectáreas ubicadas en 43 municipios afectados por la violencia generada por grupos ilegales.

Sigue habiendo dificultades

Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros explicó a este medio que en Antioquia hay serias dificultades para los reclamantes de tierras, siendo el departamento donde “más ha habido oposición legal o ilegal” a los procesos de restitución de tierras.
De acuerdo con el abogado, hay poca tierra devuelta y muchos muertos, teniendo en cuenta que solo en Urabá han asesinado a 23 personas que reclamaban sus tierras.
Por ello, enunció que las tres principales dificultades en estos procesos son que el Estado no garantiza las condiciones de seguridad para las personas, por lo que pueden ser revictimizados. En segundo lugar, los largos trámites, por lo que sostuvo que debería haber una modificación al decreto, que permita hacer la restitución por vía administrativa debido que según los datos de esta fundación, el 70 por ciento de los procesos no tienen opositores (personas o empresas que crean tener derechos sobre la propiedad).
Y por último, señaló que debe eliminarse la figura de la microfocalización, parte del proceso en el que la Fuerza Pública da el aval para se continúe con el proceso. “La restitución está atrapada porque la Fuerza Pública dice que no es seguro continuar”, apuntó.
De acuerdo con el observatorio de esta fundación, de 21.272 solicitudes de restitución de tierras radicadas en Antioquia, solo se han proferido 1.130 sentencias, resolviendo 1.870 casos. El año 2018 fue el de mayor cantidad de sentencias, con 205.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes. 
MELISSA ÁLVAREZ CORREA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MEDELLÍN

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