En una fría mañana, mientras Carlos Andrés Palacio trabajaba en su computador desde su casa, recibió una llamada inesperada. Era una amiga para decirle que mirara el periódico porque el nombre de su empresa, Colombiana Biocombustibles S.A, estaba en todas las noticias.
Él no entendía ¿por qué? En los titulares solo veía al Envigado Fútbol Club, que ingresó a la Lista Clinton, pero cuando se detuvo a leer, descubrió que Biocombustibles y otras 14 compañías colombianas estaban en el ojo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Era paradójico que una empresa que nació hace 15 años en Medellín para sustituir cultivos de coca en el país, fuera señalada por narcotráfico, nexos con la ‘oficina de Envigado’ y lavado de activos.
Desde ese momento, a Palacio se le derrumbó todo. En noviembre del 2014, pasó de ser un respetado líder de biocombustibles a ser señalado de delincuente.
Este empresario paisa por fin pudo demostrar su inocencia, tras dos años de lucha. El 25 de febrero de 2017, el Gobierno de Estados Unidos sacó a 18 empresas de la lista negra, entre ellas, la suya.
Sin embargo, los daños son irreparables. Su nombre y el de su empresa fueron estigmatizados por todos.
Palacio ingresó a la lista negra del gobierno estadounidense porque uno de sus socios, Gildardo Bedoya, señalado de tener nexos con la ‘oficina de Envigado’, le prestó un predio en Sopetrán (Antioquia) para que cultivara sus productos: semillas de Sacha Inchi, Higuerilla y Jatropha.
Nadie me podía comprar ni vender, si alguien negociaba conmigo, corría el riesgo de entrar a la Lista Clinton
El empresario recuerda que el mismo día que ingresó a la Lista Clinton bloquearon todas sus cuentas bancarias, las tarjetas débito y de crédito. Él quedó literalmente en la calle, no tenía plata para pagar el apartamento, los servicios públicos ni para mercar, incluso quedó sin seguridad social. Ni siquiera podía cubrir un hospital en caso de enfermedad o accidente.
Al mismo tiempo que Palacio sacó fuerzas para demostrarle al gobierno norteamericano que se trataba de un error, tuvo que despedir a sus empleados sin liquidación y buscar la forma de sobrevivir.
Su empresa no pudo volver a exportar semillas a Panamá, Costa Rica, República Dominicana ni a Nicaragua, países con los que tenía negocios.
“Nadie me podía comprar ni vender, si alguien negociaba conmigo, corría el riesgo de entrar a la Lista Clinton. Quedé estigmatizado y bloqueado por todos lados”, dice.
Las entidades con las que tenía convenio no quisieron volver a saber nada de él ni de Biocombustibles S. A. La Secretaría de Agricultura, con la que tenía un proyecto de regalías de 6.800 millones de pesos, le prohibió la entrada a la Gobernación de Antioquia. Igualmente, las universidades más importantes de Medellín le cerraron las puertas.
“Quedé debiendo todo. A los dueños del terreno en Caucasia (Bajo Cauca), donde teníamos la producción, les pagué con los equipos y a los trabajadores con computadores, muebles y escritorios”, recuerda.
Su vida familiar también se vino abajo. Su exesposa le dio la espalda y lo trató de fracasado porque no tenía para mantener a sus hijos. “Todo lo grave tiene algo bueno y esto me ayudó a saber con quién contaba y con quién no. Los que consideré mis amigos se fueron, otros estuvieron ahí, pero hubo unos que ni siquiera me volvieron a contestar el teléfono”, cuenta.
En medio de esa decepción, Palacio empezó la travesía de reunir los papeles para demostrarle a Estados Unidos su inocencia. Envió todos los documentos de la empresa, cómo se conformó, cuánto llevaba en el mercado, así como el historial de cada producción, venta y exportación.
Fue absurdo que los gringos me condenaran por narcotráfico, cuando mi modelo de negocio era combatir la coca
Él estaba sin un peso, no tenía ni para el bus y necesitaba mínimo dos millones de pesos para reunir los papeles, autenticarlos, pagarle a un contador y a un traductor de español a inglés y enviar esos documentos por correo certificado.
De eso dependía demostrar su inocencia, entonces reunió esa plata con ayuda de familiares y a punta de asesorías agrícolas de manera informal, casi que trabajando de domingo a domingo, regalando su trabajo.
“En cualquier proceso legal, el presunto culpable tiene derecho a defenderse, a un abogado, a conocer las pruebas que hay en su contra y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la Lista Clinton no hay jueces ni fiscales. Uno es culpable siempre, no existe un juicio”, afirma.
Fue tanta su angustia y su estrés que en ese tiempo no podía dormir ni concentrarse. “Llevé esto al extremo, todo el tiempo mi vida giraba en eso”, cuenta.
En ese momento, Palacio tuvo que decidir si se echaba a morir o empezaba de nuevo. Sabía que crear empresa era muy complicado porque ya no solo se trataba de defender su idea de negocio sino de defender su nombre, además no tenía acceso a ninguna cuenta ni préstamo bancario.
“Mis hijos eran adolescentes, pero siempre estuvieron ahí, vieron que su madre me dio la espalda y me animaron para seguir adelante, para no rendirme. Ese fue mi motor”, recuerda.
Él y otros agricultores crearon la cooperativa Sacha Colombia, con el mismo modelo de negocios de biocombustibles, reemplazar los cultivos ilícitos y que los campesinos puedan exportar semillas.
Tras salir de la Lista Clinton, Palacio espera que su nueva empresa prospere y sea una alternativa para el Gobierno en el posconflicto. “Fue absurdo que los gringos me condenaran por narcotráfico, cuando mi modelo de negocio era combatir la coca”, concluye.
Deicy Johana Pareja M.
Redactora de EL TIEMPO
MEDELLÍN