La suerte del viejo edificio Mónaco, donde vivió Pablo Escobar con su familia, aún es una incógnita para sus vecinos, en el barrio Santa María de Los Ángeles de El Poblado. No saben si sigue en firme el plan de demolerlo para construir un parque en memoria de las víctimas del cartel de Medellín o si se quedará ahí como ícono del terror.
Ya pasaron más de cuatro meses desde que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciara que la edificación iba a desaparecer, pero los vecinos no tienen claridad sobre el trámite, el cronograma de implosión ni del proyecto para construir el parque.
Dorely Restrepo, administradora del edificio Bahía Blanca, contiguo al Mónaco, dijo que pareciera que el proceso está frenado porque no hay avances. “Nos dijeron que el predio pertenece a la Policía y que la Alcaldía no puede decidir sobre su futuro mientras no le cedan la propiedad, supuestamente el trámite tendría que estar listo”, aseguró.
En lo que coincidió Luis Hernando Mejía, director de Corpoblado, quien aseguró que en julio pasado, el Concejo citó a un debate sobre el uso del inmueble y que una de las preocupaciones que salió de esa reunión es el presupuesto que la Alcaldía no tenía para la implosión del edificio. “Hasta ahí sabemos, la comunidad está esperando una posición o decisión del alcalde”, recalcó.
Lo claro es que el Consejo Nacional de Estupefacientes le hizo extinción de dominio a la propiedad en los años 90 y tras ser ocupado por varias instituciones, en el 2015 se lo cedió a la Policía Nacional para que instalara allí las oficinas del 123 y los servicios de inteligencia de la Sipol, a lo que los vecinos se opusieron con el argumento de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permite que esas entidades estén en zonas residenciales.
En el edificio Mónaco vivió Pablo Escobar con su familia.
Jaiver Nieto / EL TIEMPO
El director de Corpoblado contó que en enero pasado le pidieron al alcalde que gestionara para darle otro uso al inmueble. En ese momento, un estudio de la Universidad Nacional reveló que el edificio tenía fallas patológicas y que repotenciarlo costaba 50.000 millones de pesos.
Bernardo Alejando Guerra, concejal de Medellín, explicó que la ciudad no tiene esa plata. “El déficit de Metrosalud, que atiende a la población más pobre, es de 30.000 millones de pesos. No hay medicamentos en algunas farmacias, entonces cómo vamos a terminar pagando para reparar un edificio, cuando tenemos este déficit”, recalcó.
Mientras se resuelve todo eso, cada día al barrio llegan más turistas interesados en conocer la historia de Pablo Escobar y para tomarse fotos con la desteñida y oxidada fachada de fondo, exhibiendo el símbolo del cartel de Medellín en los años 80 y donde explotó el primer carro bomba del país, el 13 de enero de 1988.
Con la construcción del parque de memoria, Dorely y los residentes del barrio esperan que se acaben los ‘narcoturs’, paquetes guiados para recorrer los sitios emblemáticos del capo, a quien además muestran como un héroe, no como el narcotraficante que causó la muerte de 402 civiles en 625 atentados y ordenó el homicidio de 550 policías.
Álvaro Vélez, vecino del Mónaco, recuerda que hace casi 30 años, el cartel de Cali explotó 80 kilos de dinamita en el edificio para matar al capo y a su familia, aunque no cumplieron el objetivo, el hecho dejó tres muertos, 10 heridos y la destrucción de cuatro cuadras a la redonda.
El predio pertenece a la Policía y la Alcaldía no puede decidir sobre su futuro mientras no le cedan la propiedad
Los vecinos volvieron a vivir lo mismo 12 años después. El 19 de febrero del 2000, criminales detonaron una bomba en la portería con 40 kilos de explosivos para atentar contra funcionarios del CTI, quienes ocupaban el predio desde los años 90.
Álvaro contó que por ello también se opusieron a que allí funcionara la central del 123 y la Sipol. Él tampoco sabe en qué va el proyecto para hacer un monumento en memoria de la víctimas, propuesta que le agrada porque está cansado de turistas interesados en conocer la historia de lujos del capo.
EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Medellín para saber en qué va el proceso, cuánto costaría la implosión y qué falta, pero no había claridad si la información la maneja la Dirección de Planeación, la Secretaría de Seguridad o la Secretaría Privada del alcalde, cada entidad responsabilizaba a la otra.
DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
MEDELLÍN
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