Las dudas que quedaron tras demolición de edificio Babilonia de Itagüí

Las dudas que quedaron tras demolición de edificio Babilonia de Itagüí

Dos semanas después de finalizar el derribo de la edificación, familias afectadas piden respuestas.

Edificio Babilonia

Frente al futuro del lote, la Alcaldía respondió que es competencia de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Foto:

Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Por: Jacobo Betancur Peláez
07 de octubre 2019 , 06:10 a.m.

La Constructura Ruiz Sánchez & Asociados, la Alcaldía de Itagüí, una empresa aseguradora y la Curaduría Primera de ese municipio deberán explicar ante la Procuraduría General de la Nación cuál fue su papel en la desición que terminó con la demolición del edificio Babilonia.

La diligencia, programada para el próximo lunes 18 de noviembre, hace parte de un paquete de procesos legales que emprendieron las 36 familias que fueron evacuadas de la edificación y perdieron sus casas.

Después de más de cuatro años y medio de incertidumbre, los antiguos inquilinos piden que se haga justicia.

Ángela Ramírez, antigua administradora del edificio, explicó que por ahora cursan tres procesos judiciales: una denuncia ante la Fiscalía por estafa, una reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio y un proceso de conciliación prejudicial ante la Procuraduría.

Este último, que enmarca la audiencia conciliatoria, podría convertirse en una demanda administrativa. Según detallan las familias afectadas, son varias las presuntas irregularidades cometidas por las que pedirán respuestas.

La primera de ellas, confirmada por fuentes oficiales, consiste en que la constructora Ruiz Sánchez & Asociados, después de terminar la obra, nunca habría obtenido el permiso de ocupación por parte de Municipio de Itagüí para entregar los apartementos a los compradores.

Cabe recordar que un permiso de ocupación consiste en el visto bueno que las administraciones municipales deben dar a todas las edificaciones que se construyen en su jurisdicción.

Esto, con el objetivo de verificar que las estructuras terminadas se ajusten a los diseños aprobados por las curadurías. Según la ley, esta responsabilidad recae directamente sobre los alcaldes que, a su vez, pueden delegarla en otras dependencias del gobierno local.

Óscar Darío Muñoz, secretario Jurídico del municipio de Itagüí, dijo que en el caso del municipio la dependencia encargada de esos trámites es la Dirección Administrativa Especial de Policía e Integridad Urbanista.

El funcionario confirmó que el permiso de ocupación del Babilonia nunca fue encontrado en los archivos. “En los documentos de la Administración Municipal no se evidenció que existiera certificado alguno que diera cuenta de que el constructor hubiera solicitado el permiso de ocupación”, declaró Muñoz.

Para las familias afectadas, la ausencia de esos documentos demostraría que el gobierno local habría incurrido en presuntas fallas a la hora de ejercer el control urbanístico.

En los documentos de la Administración Municipal no se evidenció que existiera certificado alguno que diera cuenta de que el constructor hubiera solicitado el permiso de ocupación

Lo anterior, teniendo en cuenta que el diagnóstico que arrojó la demolición apuntaría a que la constructora no siguió los planos aprobados por la Curaduría Primera de Itagüí.
Luis Norberto Suaza, gerente y representante legal de JOLA S.A.S., empresa a cargo de la demolición, ratificó que uno de los hallazgos más graves durante ese proceso fue que la constructora estuvo lejos de seguir los planos.

Según computó el equipo de arquitectos e ingenieros enfrente del derribamieno, del piso 14 al 6, del 100 por ciento de los planos aprobados por las autoridades, la constructora solo habría seguido el 27 por ciento de los mismos. Del piso 6 hacia el suelo, el seguimiento de los planos se redujo al 20 por ciento.

Derribamiento de Edificio Babilonia en Itagüí
Edificio Babilonia

Antes y después del edificio Babilonia.

Suaza detalló que el edificio se sostenía gracias a la unión de la mampostería y la estructura. “La construcción estaba tan mala que si solo se dejaban los pórticos, columnas y lozas, se habría caído”, precisó.

Agregó que los elementos estructurales, a parte de no coincidir con los planos, no tenían uniformidad geométrica.

Es así como el grosor de las vigas variaba según el piso o incluso terminaban en punta. En unas había pedazos de madera o pedazos no vaciados. Y en las lozas encontraron pedazos de cartón o tablas a manera de remiendo.

¿Qué pasará con el lote?

Estas graves falencias se sumaron a la deficiencia de los materiales. Según relató Suaza, durante los trabajos fueron varias las veces en que mientras la grúa extraía las vigas de la edificación enferma, estas se deshacían solas en el aire.

De igual forma, los muros de concreto se partían solos. Por esta razón, dijo, la demolición tardó 110 días, en vez de 60 como se tenía planeado inicialmente.
Junto al lío del permiso de ocupación, otro tema que preocupa a las familias es qué pasará con el lote donde estaba el edificio.


Aunque muchas familias han reclamado a la Alcaldía claridad sobre ese asunto, el secretario Muñoz explicó que el tema no es competencia del Municipio, sino de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Por su parte, Enrique Henao, abogado de Ruiz Sánchez y Asociados, aseguró que tanto la empresa como su representante legal, Gabriel Jaime Ruiz, se preparan para defenderse en los estrados.

El apoderado anticipó que la empresa no se considera responsable por las pérdidas de las familias, ya que desde la misma siempre se propuso repotenciar el edificio.
Así mismo, Henao anticipó que la empresa se está preparando para entrar en un proceso de liquidación en los próximos meses.

Según calcularon las familias afectadas, sus pérdidas podrían ascender a los 5.380 millones de pesos.

Por lo cual tienen sus esperanzas depositadas en que la Fiscalía y la Procuraduría pongan la lupa en las presuntas inconsistencias y acompañen su proceso.

¿Dónde quedaron las cosas del Babilonia?

Otra inconsistencia que preocupa a las familias es ¿qué pasó con varios objetos que le pertenecían a la copropiedad y estaban avaluados en varios millones de pesos?

Los copropietarios señalaron que en su inquietud planteada se refieren a objetos tales como los motores de los ascensores, el hidrofló, calentadores de agua, entre otros.

Según manifestaron los antiguos copropietarios, ellos tienen en su poder videos y fotografías en los que se evidencia cómo varios equipos del edificio fueron sacados en buen estado del lugar y después montados en camiones.

Mientras el Municipio les dijo que la recuperación de esos equipos no se contempló en el contrato de la demolición, la empresa contratista asegura que la mayoría de estos quedaron destruidos en el derribamiento, mientras que otros están en custodia de la Administración Municipal.

Las familias, en consecuencia, insistieron en tener claridad sobre este asunto, ya que la mayoría de ellas aún pagan las deudas por los apartamentos derribados y aseguraron que con la venta de esos objetos podrían recuperar un porcentaje de lo que perdieron.

Las familias que habitaban la edificación equivalen a unas 80 personas. Ellas fueron evacuadas el 26 de junio de 2018, luego de que las autoridades locales inspeccionaran la estructura y encontraran graves fallas que ponían en riesgo alto los 13 pisos que contenían 36 apartamentos y cuatro locales comerciales.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Para EL TIEMPO
Medellín

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