Con una marcha, música, teatro, un conversatorio y un acto simbólico, los habitantes de la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral (Oriente antioqueño) conmemoraron 20 años sin saber dónde están 17 campesinos que se fueron llevando los grupos armados en un periodo de seis meses.
El acto, que se realizó el sábado, fue organizado por las víctimas y la Corporación Jurídica Libertad, con el eslogan “Que no muera La Esperanza”.
Los hechos ocurrieron entre junio y noviembre de 1996, cuando la población estaba cercada por la guerrilla, los paramilitares al mando de Ramón Isaza, y el Ejército que custodiaba la autopista Medellín- Bogotá, que atraviesa la vereda.
Las familias vieron cómo hombres armados se llevaban a sus seres amados bajo la presunción de que eran colaboradores de la guerrilla.
El último crimen de la racha fue el 26 de noviembre de 1996, cuando asesinaron a Helí Gómez Osorio, personero de El Carmen de Viboral, quien había denunciado a los grupos paramilitares y al Ejército Nacional como responsables de las desapariciones forzosas ocurridas en la vereda.
Los familiares de los desaparecidos, acompañados por organizaciones sociales, año tras año han hecho conmemoraciones. Después de 20 años, el objetivo principal dejó de ser la denuncia o las exigencias al Estado, ahora buscan recordar a los suyos y mostrar que han logrado resistir.
“Estamos demostrando que aquí seguimos todos, a pesar de que se nos han ido muchísimos, porque hay padres y madres que murieron sin saber la realidad. También queremos que vean que aquí hay una transformación de los jóvenes, de esos nietecitos de los desaparecidos, porque el dolor también se transforma en lucha, en denuncia y en la búsqueda de los desaparecidos”, expresó Flor Gallego, a quien le desaparecieron a su esposo, su hermano y su prima.
Para Claudia Castaño, la hija de Flor, esta fecha tiene un alto grado de emotividad, “pero no está la tristeza tan marcada sino que son las ganas de ratificar que todavía seguimos buscando y resistimos. Y que se han ido gestando nuevas generaciones para depositar la semilla, para que no se desfallezca después de tantos años de lucha”, dijo.
Ramón Isaza, el comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, desmovilizado en 2006, que recobró su libertad en enero de este año, se refirió en diferentes ocasiones al caso de La Esperanza. En una de sus versiones dijo que los cuerpos de los desaparecidos habían sido arrojados a los ríos Samaná, Calderas y Magdalena.
Sin embargo, las víctimas no le dan credibilidad a Isaza y esperan que se haga una investigación a fondo que determine cómo se llevaron a cabo las desapariciones y que se conozcan los demás responsables.
Desde que se cometieron los hechos, las víctimas han contado con el apoyo legal de la Corporación Jurídica Libertad y han agotado todas las instancias para exigir la investigación detallada.
Sobre el caso de La Esperanza, en el 2014 la Comisión Interamericana de Derechos concluyó que integrantes de las fuerzas armadas se aliaron con los paramilitares para coordinar las acciones criminales que se hicieron en la vereda, pues se señalaba a sus habitantes como colaboradores de los grupos guerrilleros.
El caso pasó de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que escuchó a testigos, abogados y a la defensa del Estado colombiano.
El pasado 21 de junio, la CIDH abordó el caso en una audiencia realizada en Costa Rica, a la cual asistió Flor Gallego como representante de las víctimas, las cuales están a la espera de una sentencia.
En busca de justiciaFlor Gallego, representante de las víctimas, expresó que posiblemente este año no va a salir la sentencia de la CIDH, porque esta decidió admitir el caso de un bebé de dos meses que llegó a la casa de ella porque sus padres habían sido asesinados. Al bebé se lo llevaron los paramilitares junto a Hernando Castaño, el esposo de Flor.
“Ese niño, que ya es un joven, lo tiene uno de los que fue líder paramilitar. Desde hace 18 años yo denuncié cómo un niño se levantaba bajo un régimen paramilitar y ni el Estado, ni Bienestar Familiar hicieron nada. Se denunció pero no hicieron nada”, aseguró.
Agregó que espera una decisión a favor de las víctimas, pues han sido 20 años de impunidad. “No se ha tenido un Estado comprometido, no ha profundizado en los hechos”, puntualizó Gallego.
SOFÍA VILLA
Para EL TIEMPO
