Representantes de las familias que están siendo desalojadas de Nueva Jerusalén, en el barrio París, de Bello, interpusieron este martes un incidente de desacato ante el Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Medellín, porque consideran que los alcaldes de Medellín y Bello no están cumpliendo a cabalidad las órdenes estipuladas en la acción popular del 2013, que estipula no solo el desalojo sino también una solución de vivienda.
“Señores magistrados, los alcaldes de los Municipios de Bello y Medellín no cumplen con lo ordenado por su despacho porque nos están sacando para la calle a la fuerza, no tenemos para dónde irnos con nuestros niños, niñas y ancianos que habitamos en el Sector Finca el Cortado; los alcaldes no nos están ofreciendo garantías para nosotros abandonar este lugar, solo nos ofrecen tres meses de arriendo por un valor entre 750.000 y a otros 900.000 pesos, y este dinero no es suficiente para sostener un arriendo por este tiempo, y lo que más nos preocupa es que después de estos tres meses vamos a quedar a la deriva”, dice el incidente interpuesto.
Ante esta preocupación, César Augusto Arango, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bello y vocero del Municipio, indicó que después de cumplidos estos tres meses, siguen tres más en los que se debe reajustar el valor del subsidio y en el que además las administraciones de Medellín y Bello comiencen a definir acciones.
“De hecho, ya Medellín tiene algunos planteamientos para hacer, en términos de cesión de lotes, que no se han aterrizado porque no conviene generar expectativas hasta que no se tenga una oferta concreta. Pero, los subsidios se pueden dar hasta por dos años, mientras se define una reubicación definitiva”, explicó el funcionario.
Sin embargo, Érika Restrepo, habitante del sector, manifestó que este compromiso no está firmado y no fue socializado de la mejor manera con las 175 familias que deberán dejar sus hogares y de las cuales 42 ya lo hicieron.
Asimismo, dijo que una de las grandes dificultades es que hay familias muy grandes que no logran conseguir una vivienda en el valor que les están entregando. A la fecha, se han entregado 93 subsidios, aseguró Arango.
Por ello, la petición de las personas ante el juez es que se detenga el desalojo, “hasta que nos brinden las garantías que la misma sentencia ordena para obtener una vivienda digna en donde poder vivir con nuestros niños y familiares; la suspensión del desalojo que estamos solicitando, es también para que no se violen los derechos humanos de los habitantes que vamos a ser desalojados”.
Arango agregó que en los dos años sí es posible lograr la solución de vivienda definitiva, siempre y cuando las familias no tengan propiedades a su nombre.
Por su lado, Andrés Alberto Ramírez, líder social de Bello, sostuvo que el proceso se hizo casi a última hora y no se avisó con suficiente tiempo a la comunidad sobre el desalojo. “Hubiera sido muy diferente donde se hubiera reunido a toda la comunidad y pasar pacíficamente a hacer el desalojo, pero no se ve ningún proyecto en marcha por parte de las alcaldías”, a lo que se suma, indicó, que la sentencia que ordena el desalojo se dio en el 2013 y apenas se le está dando cumplimiento.
Arango aseguró que las administraciones de Bello y Medellín llevan alrededor de seis meses reuniéndose para tratar este tema.
Entre las disposiciones de la acción popular del 2013 está el establecimiento de un plan de acción concertado entre ambas alcaldías para determinar un proyecto de vivienda de interés social para las personas que están invadiendo el predio.
Asimismo, ordena que “para reubicar a los habitantes del sector Finca El Cortado se hace necesario adelantar una política que requiere disponibilidad presupuestal y trámites jurídicos y técnicos que no pueden adelantarse en espacios reducidos de tiempo”.
La pregunta de los habitantes es por qué el cumplimiento de la sentencia no se empezó desde los años 2013 o 2014.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
@HeidiTamayo