Denuncian crítica situación social en Bajo Cauca y Norte antioqueño

Denuncian crítica situación social en Bajo Cauca y Norte antioqueño

Violaciones a derechos humanos están ocurriendo a habitantes y a defensores y líderes sociales. 

líderes sociales

Detrás de las siluetas estaban los líderes y defensores, quienes no querían mostrar sus rostros por temor a más amenazas y agresiones.

Foto:

Cortesía Corporación Jurídica Libertad

Por: Medellín
15 de marzo 2018 , 12:21 p. m.

Siluetas negras que representan a los líderes sociales y defensores asesinados o que aún viven pero no quieren mostrar sus rostros por temor. Ese fue el símbolo que se vio este jueves durante la presentación del informe que presentó el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, para denunciar la difícil situación de derechos humanos que se vive en el Bajo Cauca y el Norte antioqueños.

'¡Nos están matando!'  fue la premisa con la que se convocó a la presentación del informe, que busca no solo mostrar la situación, sino también hacer un llamado a la institucionalidad para que sea más contundente en las acciones de protección para los líderes.

De acuerdo con los líderes sociales, que pidieron guardar sus identidades, en el transcurso de 2018 se han presentado varios desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas en el Bajo Cauca, especialmente en Cáceres, donde unas 1.500 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares, así como en Tarazá.


"Los desplazamientos se han dado a causa de las amenazas y de los enfrentamientos
constantes entre las estructuras paramilitares de las 'Autodefensas Gaitanistas de
Colombia' (Agc) los 'Caparrapos'.
En Ituango (Norte) se registran más de 215 personas
desplazadas durante 2017 y lo que va corrido de 2018, y existe una alerta de riesgo
por el posible desplazamiento de 338 indígenas", indicaron en un comunicado conjunto.

En este caso, añadieron, se debe a disputas entre las disidencias de las Farc y las AGC. En Ituango se

En Ituango (Norte) se registran más de 215 personas
desplazadas durante 2017 y lo que va corrido de 2018, y existe una alerta de riesgo
por el posible desplazamiento de 338 indígenas

Asimismo, denunciaron que también se presentan confinamientos y desplazamientos internos, que impiden la libre movilidad de los habitantes por los territorios, en los que también se han impuesto prohibiciones de desplazamiento, especialmente en horas de la noche.

Algunos lugares en los que indicaron que está sucediendo esto son:

  1. Ituango: en los corregimientos El Aro,  Santa Rita y La Granja. 
  2. Tarazá: En los cinco corregimientos, con especial situación en La Caucana, El Cinco, El Doce y Puerto Antioquia.
  3. Valdivia:  en Puerto Valdivia.

"Las estructuras paramilitares realizan patrullaje abierto y de acuerdo a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas. Esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona (Ejército y Policía)", aseguraron los líderes.

En estos sitios también denunciaron que se han incrementado las extorsiones a los campesinos, quienes muchas veces son obligados a pagar por hectárea de tierra y litro de leche. También les sucede a comerciantes y contratistas de obras. 

Líderes, en mayor riesgo

En el Norte y el Bajo Cauca, en el transcurso de 2018, se registraron 11
ataques contra defensores, entre los que se cuentan 2 homicidios, en Cáceres y Caucasia, así como amenazas.

En Tarazá, Valdivia, Anorí e Ituango, las Agc (..) obligan a asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer las 'nuevas reglas' que deben ser acatadas por todos los habitantes

"En Tarazá, Valdivia, Anorí e Ituango, las Agc llaman a los líderes sociales y
comunales para exigirles copias de actas de sus reuniones, realizar censos
poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer
las 'nuevas reglas' que deben ser acatadas por todos los habitantes", aseguraron los líderes.

Ante esta situación, hicieron un llamado al Estado para que les brinden las
garantías para proteger a las poblaciones,  incrementen las acciones para desmantelar las estructuras con reductos de paramilitares e investiguen y sancionen a agentes del Estado que podrían tener nexos con estructuras criminales
o que contribuyan a violaciones de derechos por acción u omisión. 

MEDELLÍN

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