El exdirector del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, Jorge Gaviria, antes de renunciar a su cargo, reveló el borrador de un proyecto de ley de sometimiento y acogimiento a la justicia para organizaciones criminales que adelantaba esa entidad, adscrita a la Secretaría de Seguridad.
El documento se conoció tras la polémica por el supuesto ‘proceso de paz’ para beneficiar a bandas criminales que salió a relucir en las audiencias contra el exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, señalado por la Fiscalía de tener nexos con la ‘Oficina de Envigado’ y a quien el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia a particular.
“La Fiscalía dijo que esto (el proyecto de ley) era un gran regalo que le íbamos a hacer a la delincuencia, pero no es cierto, este borrador no se hizo de forma clandestina, como lo quiere hacer ver la Fiscalía, entidad que incluso lo conocía”, aseguró Gaviria.
El exdirector también explicó que el proyecto se propuso en el marco de los diálogos que adelantaba el Gobierno con las Farc. “Nosotros no podemos hacer un proceso de paz con las bandas y con eso están enredando a Gustavo Villegas”, recalcó.
Gaviria afirmó que el acuerdo entre esa guerrilla y el Gobierno deja abierta la puerta de fortalecer las garantías de seguridad en los territorios y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz.
La Fiscalía dijo que esto era un gran regalo que le íbamos a hacer a la delincuencia, pero no es cierto
Por ello, organizaciones sociales y de derechos humanos promovieron un foro en la Asamblea de Antioquia que se hizo el 19 de agosto de 2016 y que se llamó: ‘La paz urbana si es posible, una construcción colectiva hacia la reconciliación del país’.
La conclusión de ese foro fue la necesidad de un proyecto de ley para promover el sometimiento y acogimiento a la justicia. El director precisó que sometimiento significa la voluntad de los miembros de bandas criminales de someterse colectiva o individualmente a la justicia y acogimiento es el ofrecimiento de garantías y beneficios jurídicos que otorgue la administración de justicia a miembros de esas bandas.
El exasesor de la Secretaría de Seguridad añadió que también se vio la necesidad de combatir el narcotráfico con la acción policial, ofrecer alternativas para que los jóvenes se aparten de redes criminales y vigilar con acciones concretas, bajo parámetros de reconciliación y cumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo de paz del Gobierno y las Farc.
El borrador del proyecto fija penas entre 24 y 48 meses de prisión para miembros de bandas criminales que cometieron uno o varios delitos como concierto para delinquir simple o agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones de uso personal y privativo de las Fuerzas Armadas, trafico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.
Asimismo, para los que tengan relación con la pertenencia y actividad de la organización criminal, se someterán a una pena alternativa de privación de la libertad efectiva por un periodo mínimo de 48 meses y superior a 96 meses.
Los miembros que hayan cometido delitos de lesa humanidad se someterán a una pena alternativa de privación de la libertad efectiva, por un periodo mínimo de 96 meses y no superior a 144 meses de prisión.
El exdirector aclaró que para las condenas de delitos de lesa humanidad salieron de las últimas condenas internacionales y que no fue debajo de la manga ni pactada con organizaciones criminales.
El documento dice que las bandas deberán manifestarle de manera escrita a la Fiscalía, a través de representantes, su voluntad de someterse colectivamente a la justicia.
Igualmente, que el Gobierno Nacional podrá designar representantes para que inicien procesos de mediación que faciliten los acercamientos entre la Fiscalía y las organizaciones criminales.
Nosotros no podemos hacer un proceso de paz con las bandas y con eso están enredando a Gustavo Villegas.
“Ahí se ve el cumplimiento de la Ley y la participación que tendría el Gobierno y la Fiscalía. El borrador lo empezamos en enero 18 de este año con seis abogados, la Defensoría del Pueblo, el Concejo de Medellín, la Personería y Agencia Colombiana de la Reintegración”, detalló.
También aclaró que el papel del secretario de Seguridad no fue ninguno distinto, a brindar un apoyo a su equipo para sacar adelante esa propuesta, “él no la lideró, la avaló, la lideraron los abogados”, recalcó.
Gaviria, quien dejó su cargo para apoyar a Villegas en la defensa, aseguró que cuando el borrador, que sería analizado por el Congreso, estuvo listo se entregó a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la ONU y fue conocido por la senadora Paola Holguín.
“Todavía no ha participado nadie distinto a abogados y académicos ¿Cuál era la idea? Darlo a conocer para hacerle ajustes y hacer un foro abierto. No hubo acercamientos con bandas para hablar de este proyecto, no podíamos hablar con ellos hasta que no haya un proyecto muy afinado”, concluyó.
DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
MEDELLÍN
