Al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Antioquia le siguen sacando y sacando. Como si fuera poco la noticia de la reducción de casi 10.000 millones de pesos en los recursos para el 2018, la Contraloría General de la Nación informó sobre presuntas anomalías en la contratación del programa.
En la rendición de cuentas que el organismo de control realizó en Medellín, Érika Navarrete, gerente departamental de la Contraloría, informó que en Antioquia hallaron irregularidades en la contratación del programa por más de 2.000 millones de pesos.
“En las últimas auditorías hemos hecho apertura de seis procesos de responsabilidad fiscal. Pero más allá de eso, este problema hay que verlo con sentido social. Nos tiene que doler porque los más afectados son nuestros niños, especialmente aquellos de escasos recursos”, manifestó la funcionaria.
En el informe hacen referencia a contratación y falta de soportes de la entrega de algunas raciones específicas.
La gerente añadió que la auditoría se hace semestralmente y de manera rigurosa, repitiendo el proceso inclusive a las entidades o sujetos de control en Antioquia.
En un documento al que EL TIEMPO tuvo acceso, se indicó que Yondó, Heliconia, Argelia, Sonsón, Medellín son los municipios a los que se le abrió proceso. Asimismo, hay uno restante al departamento de Antioquia. Los de mayor cuantía hacen referencia a la auditoría 2015. En el documento, fue la capital antioqueña la que presentó la mayor cuantía de presunto detrimento con 1.168 millones de pesos, más del 50 por ciento.
Nos tiene que doler porque los más afectados son nuestros niños, especialmente aquellos de escasos recursos
“En los contratos, se evidenció que no obstante haber suministrado la misma ración a toda la población, tal como lo indica la minuta, este componente del menú (vaso de leche), fue cobrado y reconocido o pagado a diferentes precios, los cuales no estaban calculados según especificaciones técnicas”, dice el documento.
Como presuntos responsables, aparecen Héctor Fabián Betancur, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; y Pedro Fernando Hoyos, entonces director técnico de Seguridad Alimentaria.
Otro de los hallazgos se presentó en Yondó y fue por más de 840 millones de pesos. Allí, según el archivo, “se permitió que el valor inicial del contrato de suministro de víveres se ejecutara y pagara en un término menor al contratado lo cual obligó a una adición y no se pudo demostrar la ejecución total del contrato por parte de la Unión Temporal Casabe”.
es que una de las situaciones que se presenta en Antioquia, según Navarrete, es la creación de sociedades temporales que se van por regiones y comienzan a repetir este proceso en cada zona. El método no cambia, solo lo hacen los nombres de las sociedades.
“Empezamos a tomar versiones y pruebas para que comiencen los fallos en cada proceso y tenerlos adelantados antes de que termine este Gobierno”, aseguró Navarrete.
“Hoy Antioquia hace un uso adecuado de los recursos del PAE”. La frase de Hugo Alexander Díez, gerente de Maná, empresa que administra los recursos del PAE, deja en claro que no están de acuerdo con las afirmaciones de la Contraloría y por ende, se encuentran recopilando la documentación necesaria para desvirtuar las acusaciones.
“De los 117 municipios que están con el programa, hay cinco que están en el informe de la Contraloría, pero las irregularidades que hemos visto son de $50 millones. Hay que esperar a que la auditoría diga de qué fuentes de financiación son esas anomalías, porque puede que no todas sean PAE”, aseguró el funcionario, quien aclaró que Medellín no hace parte de los municipios a los que le administra el PAE.
Asimismo, defendió el modelo de descentralización e indicó que están terminando los procesos de contratación de este año y comenzando con los de la vigencia.
“Debido a los recortes del Gobierno Nacional solo podremos contratar 67 días. Seguimos esperando que la Nación transfiera los recursos faltantes para que 50.000 escolares no se queden por fuera del servicio”, agregó.
Estrategias de supervisión y acompañamiento, con un equipo específico para cada territorio, serán algunas de las acciones que tomará la Gobernación para revisar que cada municipio haga bien el ejercicio.
Esto se complementará con dos estrategias adicionales: La primera es una plataforma web donde los ciudadanos podrán enviar -en tiempo real- denuncias, recomendaciones y quejas que se presenten durante el año. Finalmente, en apoyo con la Contraloría, capacitarán a los contralores escolares para que estos sirvan de veedores de cómo se ejecuta el programa.
Con la estrategia de la descentralización, Maná considera que se puede asegurar que cada alcalde se apersone del funcionamiento del programa y que las raciones lleguen a los beneficiarios. Según el gobernador (e) de Antioquia, Iván Echeverri, “Consideramos que traer alimentos de las subregiones para Medellín y volverlos a llevar de nuevo a esas subregiones no es efectivo ni claro. Por eso desde Maná firmamos convenios con los alcaldes de cada municio”.
MEDELLÍN
