Funcionarios de la Unidad de Víctimas de Antioquia habrían conformado una organización criminal para apropiarse de los dineros e indemnizaciones que estaban destinadas para los afectados por el conflicto armado.
Eso se conoció tras la captura de Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, y otras seis personas, entre las que están funcionarios y exfuncionarios de la entidad, el expersonero de Granada, quien actualmente trabajaba para la alcaldía de Sabaneta, y el gerente de un banco de ese municipio del oriente antioqueño.
A estas personas, que fueron capturadas ayer por la Sijín, la Fiscalía les imputará cargos, ante un juez de control de garantías de Medellín, por presunta corrupción en la entrega de dineros a las víctimas del conflicto. También tendrían que responder por concierto para delinquir, cohecho, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos, peculado y falsedad material en documento público.
El ente investigador analiza si para cometer los ilícitos, esta banda falsificaba documentos y suplantaba a las víctimas beneficiadas con las ayudas estatales, o si en otros casos utilizaban documentos de personas ya fallecidas para hacerlas pasar como reclamantes o incluso habrían utilizado cédulas con cupos numéricos no expedidos por la Registraduria Nacional del Estado Civil.
Por medio de un comunicado, la Unidad de Víctimas informó que desde el 2013, la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Unidad para las Víctimas trabajan en una estrategia anticorrupción que busca atacar de manera eficiente y coordinada el fraude contra la población víctima en los procesos de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
“En ese propósito, las entidades conformaron un grupo especializado de investigadores y fiscales a quienes capacitó frente a temas relacionados con Políticas de Víctimas, Rutas y Protocolos de Reparación”, informa la entidad.
En la misiva, la Unidad dice que la estrategia y la campaña ‘Ojo contra el Fraude’ ha llevado a la Unidad para las Víctimas a impulsar ante la Fiscalía General de la Nación 1.044 denuncias de posibles actos de corrupción y fraude tanto al interior de la entidad como de actores externos de la misma.
Producto de dichas denuncias terminaron en 19 capturas este año, tanto de tramitadores como de servidores públicos vinculados al proceso de reparación de víctimas, de las cuales, 16 terminaron en condenas por parte de la justicia.
“La Unidad para las Víctimas respeta el debido proceso y el principio de inocencia de las personas capturadas, y reitera su total disposición de colaborar con las autoridades en el proceso de investigación”, concluye el comunicado.
MEDELLÍN
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