Viaje al corazón de La Oficina, la heredera del Cartel de Medellín

Viaje al corazón de La Oficina, la heredera del Cartel de Medellín

En entrevista, habla un vocero autorizado de la organización delictiva más poderosa de Colombia.

Escoltas de 'Ocho', de La Oficina de Envigado.

Los escoltas de 'Ocho', vocero de La Oficina de Envigado.

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Cortesía Revista Proceso

28 de agosto 2018 , 08:12 a.m.

* Este trabajo fue publicado por la revista mexicana Proceso que circula esta semana y EL TIEMPO lo reproduce con autorización del semanario. 

MEDELLÍN.- En una sencilla casa de madera ubicada al borde de una pendiente en una de las montañas que rodean el Valle de Aburrá, un integrante de la dirección colegiada de La Oficina que se identifica como 'Ocho' está acuartelado con sus hombres.

Alrededor de ese punto, desde el cual se aprecian a lo lejos Medellín y sus grandes edificios surgiendo de entre la vegetación, 'Ocho' tiene varios círculos de seguridad que le permiten estar al tanto de todos los movimientos que ocurren en un área de cuatro kilómetros a la redonda.

Son días de zozobra y de confrontación en algunas comunas de Medellín y el dirigente de La Oficina –organismo cúpula de las bandas criminales del Valle de Aburrá y el centro de mando de un ejército urbano que las autoridades calculan en unos cinco mil hombres— vive en estado de alerta.

Sabe que, desde hace meses, el orden criminal de esta urbe depende de frágiles equilibrios que se pueden romper en cualquier momento.


“Hay mucha tensión en algunos sectores de la ciudad y hay el peligro de una guerra (entre bandas) que puede dejar miles de muertos”, dice 'Ocho', quien habla con Proceso con autorización de la dirección colegiada de La Oficina y del jefe más influyente dentro de la organización, Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como 'Tom' o 'Carlos Chatas'.

'Tom' fue capturado hace ocho meses y, de acuerdo con sus abogados, desde entonces está “inactivo” y dedicado a hacer gestiones de paz desde la cárcel La Picota de Bogotá.

'Ocho' está consciente de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha priorizado en su gobierno el tema de la seguridad, y que eso se ha traducido en la captura de mandos importantes de La Oficina.

La semana pasada, tras recibir a Gutiérrez en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque dijo que las fuerzas del Estado están “encima de las estructuras criminales de la mal llamada Oficina”.

Solo este mes, fueron detenidos por la Policía Nacional dos integrantes de la dirección colegiada de la organización delictiva, Mauricio Alberto Uribe Tabares, 'El Grande', y Juan Carlos Castro, 'Pichi Belén'.

Pero de acuerdo con 'Ocho', vocero del grupo criminal urbano más poderoso de Colombia, “aunque hay más capturas, los cabecillas son sustituidos inmediatamente por otros, y la estructura delictiva sigue funcionando igual, pero con más violencia”.

Esto, afirma, porque los nuevos jefes “tienen menos control sobre sus estructuras”.

El hecho es que los homicidios en Medellín han aumentado en 20 por ciento este año. Entre enero y el 19 de agosto de este año ocurrieron 403, contra 336 en el mismo periodo de 2017. Más de la mitad de los asesinatos (el 56 por ciento) son atribuidos por la Alcaldía a enfrentamientos entre bandas por el control territorial.

'Ocho' afirma que La Oficina, que controla el 90 por ciento de las estructuras criminales del área metropolitana de Medellín –el Clan del Golfo controla el restante 10 por ciento-, no sólo está decidida a acabar con esas disputas territoriales, sino que ya ha logrado importantes avances en ese sentido.

Esto, dice el vocero de la organización, como paso previo para propiciar un proceso de diálogo con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional), a fin de lograr “la paz urbana” en la segunda ciudad más importante de Colombia.

“Queremos acogernos a la justicia”, dice el vocero de la organización fundada en los 80 por el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y la cual, desde entonces, ejerce el dominio de barrios enteros de esa ciudad y de los otros nueve municipios que conforman el Valle de Aburrá: Envigado, Bello, Itagüí, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Girardota y Barbosa.

Esto, agrega 'Ocho', significa “que estamos dispuestos a desarmarnos, a desmantelar las estructuras criminales y a acabar con las rentas ilegales”.

De acuerdo con el vocero de La Oficina, la organización creada por Pablo Escobar para agrupar a todos los “combos” (pandillas) del Valle de Aburrá y que acabó como el brazo armado del Cartel de Medellín, quiere iniciar un proceso de paz que ponga fin al conflicto urbano que ha marcado a esta urbe desde los años 80.

Y lo quiere hacer ofreciendo a las víctimas “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, los cuatro pilares de la justicia transicional que se ha aplicado en el país para resolver conflictos con organizaciones armadas de origen político. La Oficina no tiene estas características.

“Lo que necesitamos –dice ‘Ocho’— es una fórmula jurídica que le permita una salida digna a la totalidad de los miembros de La Oficina, a los líderes y a la base, con rebaja de penas a cambio de reconocer delitos y con compromisos por parte de nosotros para reparar a quienes hayan sido víctimas de nuestra organización”.

También, agrega, se requiere un programa gubernamental “para reinsertar a la sociedad y a la vida productiva a los jóvenes que forman parte de nuestra estructura y que no han encontrado otras opciones más que el delito”.

Y esto ha sido, señala 'Ocho', por “la ausencia del Estado” en los barrios marginados de Medellín.

Queremos entregar como gesto inicial 120 armas a la justicia. Ese sería un primer paso. Y después empezar un proceso de acogimiento

“La única salida de fondo al problema de la criminalidad es llevar a nuestros jóvenes educación, salud y opciones laborales”, asegura el vocero de La Oficina.

Considera que un proceso de paz con esas características lograría “la pacificación casi total de Medellín y una reducción de la violencia” nunca antes vista en la ciudad.

“Queremos entregar, como gesto inicial, 120 armas. Ese sería un primer paso. Y después empezar un proceso de acogimiento a la justicia. ‘Acogimiento’ nos parece un término más adecuado y amplio que ‘sometimiento’, porque apunta a soluciones de fondo”, asegura 'Ocho' sentado ante a una mesa de plástico en la pequeña terraza de su refugio en la montaña.

Allí, frente a una tasa de café y un plato con frutas picadas, dice que Juan Carlos Mesa Vallejo, 'Tom', es reconocido por la organización como un jefe que tiene las condiciones para hacer acercamientos de paz con el gobierno desde la cárcel La Picota, donde está recluido desde diciembre anterior bajo cargos de concierto para delinquir, porte de armas y falsedad en documento.

“Tiene todo nuestro respeto y quiere la paz”, asegura.

Tom

Alias Tom, líder de La Oficina de Envigado, pidió al Gobierno iniciar un proceso de sometimiento para las bandas bajo su mando.

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REUTERS

Emporio delictivo

Durante toda la entrevista, 'Ocho' habla en plural. Hace sentir que su voz es la voz de la dirección colegiada de La Oficina, una especie de Estado Mayor de la delincuencia del que emanan las líneas generales de acción para unas 200 estructuras del crimen organizado en el Valle de Aburrá, la mayoría de ellas “combos” (pandillas) y bandas.

'Ocho', cuyos escoltas están concentrados en un cuarto de la casa que da al pasillo donde transcurre la conversación, asegura que nada de lo que ocurre en el mundo delictivo de la enorme mancha urbana de 4.5 millones de habitantes cuyo epicentro es Medellín le es ajeno a La Oficina.

“La mayoría de los ‘combos’ (pandillas) son autosuficientes. Tienen plazas de vicio (en las que se venden todo tipo de drogas) y, si no, deben pagar arriendo por ellas.

Hacen ‘vacunas’ (extorsión) a buses (de transporte público), a negocios, a camiones repartidores, a casas (a las que les vende ‘seguridad’), pero de cualquier negocio ilegal que se hace en Medellín, La Oficina cobra algo”, explica.

Dice que a muchos jefes, incluso a él mismo, les disgusta que los “combos” extorsionen a empresas y a particulares.

“Lo vemos mal, porque los ‘combos’ solo se deben lucrar de actividades ilegales, sin perjudicar a la población. Consideramos eso como un abuso a la gente de la comunidad, pero como en toda familia, siempre hay un feo. Son cosas que no nos gustan, pero tratamos de erradicarlas, y los ‘combos’ se tiene que manejar con respeto y fidelidad a sus mandos”, asegura.

Sostiene que una forma de “erradicar” las arbitrariedades contra la comunidad es “fomentando que los mismos ‘combos’ hagan ‘microempresas legales’, como la comercialización de huevos y arepas; muchos están haciendo esto como parte de la mutación que sufre toda actividad criminal”.

Los “combos” también manejan alambiques clandestinos, apuestas y loterías ilegales, microtráfico en las esquinas de los barrios, prostitución, venta de lotes en asentamientos irregulares y los créditos “gota a gota”, por los que cobran intereses de hasta el 20 por ciento mensual y los cuales han exportado a diversos países latinoamericanos, inclusive a México.

Pero el gran negocio de La Oficina son los porcentajes que cobra por recuperar deudas, por “servicios de seguridad” y por el uso de los territorios bajo su control para actividades ilegales.

“Si, por ejemplo, alguien debe 30 millones de pesos (unos 10,500 dólares) y los acreedores nos buscan para hacer el cobro, nosotros vamos, cobramos el dinero, y nos pagan un porcentaje de entre el 40 y el 50 por ciento”, dice 'Ocho', quien siempre responde en forma pausada y tras repasar mentalmente por unos segundos lo que se le pregunta.

No es fácil entender la lógica criminal de La Oficina. Nació como una confederación de bandas al servicio del Cartel de Medellín y la muerte o captura de sus sucesivos jefes –Pablo Escobar, 'Don Berna', 'Sebastián' y, más recientemente, Juan Carlos Mesa Vallejo, 'Tom'— la fue transformando en otra cosa.

Hoy es una estructura armada cuya fortaleza se centra en Medellín y su zona metropolitana, pero que también tiene presencia en otros municipios del departamento de Antioquia y en tres grandes ciudades: Bogotá, Cali y Pereira.

Su poder radica en su capacidad militar. Es muy probable que en ningún otro país de América Latina exista un ejército urbano tan cohesionado, fuerte, organizado, de tanta flexibilidad táctica para adaptarse a las circunstancias y con tanta capacidad para ejercer un dominio territorial como el que ejerce La Oficina en el Valle de Aburrá.

Medellín está inundado de armamento. No tenemos ningún problema para conseguirlo

No sólo ha acumulado una experiencia de más de 30 años en guerra urbana, sino que ha asimilado tácticas de lucha guerrillera y tiene una formación paramilitar. También aprendió a crear una base social en las comunidades.

Su autoridad en el mundo criminal y en los espacios donde la legalidad y la ilegalidad son conceptos difusos emana de la calidad y cantidad de sus pertrechos bélicos: fusiles de última generación, metralletas ligeras, rifles con miras telescópicas y silenciadores, lanzagranadas, morteros, pistolas SIG Sauer, Glock, Five-seven, Beretta, y artillería pesada para cuando la ocasión lo amerite.

“Medellín está inundado de armamento. No tenemos ningún problema para conseguirlo”, asegura 'Ocho' luego de dar un sorbo a una botella de agua.

Si hubiera que definir la esencia de La Oficina como empresa criminal habría que llamarla una “oficina de cobro”. En el mundo legal, los acreedores con clientes morosos acuden a los abogados. En Medellín y el Valle de Aburrá, los narcotraficantes, los extorsionistas, los operadores del crimen organizado en general, y no pocos empresarios, acuden a La Oficina.

En Medellín se dice que es más fácil que los bandidos roben un banco a que le roben a La Oficina. Basta que en el ámbito criminal se sepa que determinado narcotraficante (o “traqueto”) está respaldado por esa organización, para que eso tenga un efecto disuasivo en cualquier adversario que se quiera pasar de listo.

Contratar a La Oficina es, en el espacio de la ilegalidad, como contratar un seguro de vida o un bufete jurídico de renombre en la economía formal.

“El narcotráfico –asegura ‘Ocho’— no es el fuerte de La Oficina, eso dejó de serlo desde Sebastián (un exjefe de esa organización capturado en 2012) y no manejamos rutas del narcotráfico. Cobramos sus deudas, no mencionadas como narcotráfico, sino como dinero que hay que cobrar. Medellín es base de muchas operaciones de narcotráfico, pero las hacen particulares”.

De acuerdo con el vocero de La Oficina, los “particulares” que están involucrados en ese negocio “no pueden tener acá (en el Valle de Aburrá) sus propios ejércitos” porque “la seguridad, por disposición de nosotros, se las brinda nuestra organización, y ellos tienen que manejarse con mucha coordinación con nosotros en temas bélicos o de seguridad”.

En esos asuntos, dice, “ellos deben seguir los direccionamientos” de La Oficina.

“Dependiendo de la seguridad que se les dé, hay que pagar. Por ejemplo, por mover dinero, por recuperar dinero que les roban, o una caleta (escondite) con droga que les roban, ellos deben pagar un porcentaje de alto valor. Eso puede ser más rentable que traficar directamente con drogas. ‘Tom’ (Juan Carlos Mesa Vallejo) nos inculcó eso”, asegura.

Mesa Vallejo, quien desde La Picota hizo saber a Proceso a través de uno de sus abogados que 'Ocho' es un vocero autorizado de La Oficina, no enfrenta cargos por narcotráfico ni está solicitado en extradición por Estados Unidos, aunque figura en la Lista Clinton y eso le prohíbe hacer transacciones financieras o negocios en ese país.

“Trabajamos con todos”

Entre los clientes de La Oficina, figuran, desde luego, los carteles mexicanos de las drogas.

Trabajamos con todos (los carteles mexicanos), no tenemos preferencia por ninguno, eso ya depende de que ellos hagan tratos con los ‘combos’ que prefieran, pero nosotros les damos acompañamiento en su seguridad, o si hay dinero extraviado les ayudamos a recuperarlo. Mientras vengan con una buena referencia, no hay ningún problema”, dice 'Ocho'.

El vocero no se ufana del poder de La Oficina, pero tiene bien medido el peso específico de la organización.

No somos más poderosos que las instituciones del Estado, pero no nos han podido acabar ni nos van a acabar con capturas y muertes

“No tenemos el control de Medellín, solo de una parte de la ciudad. No somos más poderosos que las instituciones del Estado, pero no nos han podido acabar ni nos van a acabar con capturas y muertes. Lo que se necesita es una salida dialogada, en el marco de la ley, que se acompañe de un plan efectivo de desarrollo que lleve empleo a las comunidades”, sostiene.

Considera que los programas sociales que hay ahora en Medellín, los cuales han sido elogiados y replicados en otras ciudades de América Latina, son insuficientes
para resolver las causas estructurales de la criminalidad.

Para el representante de La Oficina, las autoridades “nunca van a recuperar el control territorial a sangre y fuego” pero podrían hacerlo “con intervención social” en el marco de un proceso de paz.

Una estrategia basada en el uso de la fuerza, afirma, sólo hará “que siga la presencia de grupos armados en las comunidades”.

'Ocho', quien se asume como un católico abierto a las enseñanzas del budismo y de religiones evangélicas, asegura que La Oficina tiene una dimensión social, pues algunos de sus integrantes ejercen funciones de liderazgo en los barrios para resolver problemas de la gente.

“Gran parte de la comunidad está con nosotros porque llenamos vacíos que deja el Estado. Damos seguridad, actuamos contra violadores, resolvemos diferencias entre las mismas familias… los "combos" venden droga, pero esto no es un problema de Medellín, es del mundo. La Oficina ha ordenado no vender drogas a los niños, y si hay una persona de la comunidad a la que se le están violando sus derechos, actuamos con base en la razón”, afirma.

Por ejemplo, explica, cuando una constructora llega a un lote irregular habitado durante varios años por familias pobres y las quiere sacar, “nosotros vemos eso como una vulneración de derechos y lo que hacemos es buscar a los constructores o a los políticos que quieren hacer eso y buscamos una solución que favorezca la razón y que respete a la gente”.Y si es imposible lograr un arreglo, “no se deja que hagan nada en ese lote”, asegura.

Con la policía tenemos un juego del gato y el ratón, pero muy seguido capturan aquí policías que están en la nómina de La Oficina. Eso ha existido, existe y existirá

-¿Ustedes tienen amigos políticos? –se le pregunta a 'Ocho'.

-No los llamemos amigos, pero hay políticos que han buscado una salida al conflicto urbano. Son personas a las que les duele lo que ocurre en la ciudad, tanta violencia, y esto no es un secreto.

-¿Y tienen amigos en otros ámbitos de la economía formal?

-La Oficina tiene muchos amigos empresarios, consultores…

-¿Y policías y autoridades?

-Con la policía tenemos un juego del gato y el ratón, pero muy seguido capturan aquí policías que están en la nómina de La Oficina. Eso ha existido, existe y existirá. Y esto incluye a oficiales.

Gerente con formación militar

Medellín es una ciudad cálida. Los colombianos la conocen como “la ciudad de la eterna primavera”. Casi todo el año hace calor y por las tardes llueve. En la montaña donde se hace la entrevista sopla un aire limpio y fresco, casi vegetal. 'Ocho' lleva puestos un rompevientos ligero, un pantalón de drill y gafas oscuras.

Él observa un celular que está sobre la mesa y en el cual se está grabando la entrevista.

“La mejor comunicación es la personal o por emisarios”, comenta.

El vocero de La Oficina es un hombre reflexivo que está muy al tanto del acontecer nacional.

Sabe cómo marcha la implementación de la paz con la exguerrilla de las Farc y siguió con mucha atención los pormenores de las elecciones presidenciales, las cuales ganó Iván Duque, quien asumió el cargo el 7 de agosto pasado.

-Nosotros somos apolíticos –sostiene 'Ocho'.

-¿Qué funciones específicas tiene usted en La Oficina, son administrativas o militares?

-Soy un gerente con formación militar –señala.

Algunos de sus escoltas cruzan seguido por el pasillo de la casa donde transcurre la plática y preguntan si se ofrece más tinto o agua para beber. Otros encienden un televisor en una de las habitaciones para ver un partido de futbol y celebran las jugadas en ocasiones.

Para que le permitieran el acceso a ese sitio, el reportero tuvo antes que cambiarse de ropa en la casa de un barrio de la zona metropolitana de Medellín. Emisarios de 'Ocho' le indicaron que debía ponerse una camiseta y un pantalón deportivo que le entregaron, ambos recién desempacados.

“Es por seguridad, hay microchips de rastreo que se colocan en la ropa”, explica 'Ocho'.

Yo no hubiera querido estar donde estoy. Mi proyecto de vida siempre fue familiar, pero a mí me querían matar y tuve que buscar refugio en La Oficina

El vocero de La Oficina dice que si se pudiera lograr una fórmula para dejar las armas y acogerse a la justicia, abandonaría con gusto la vida criminal.

“En este mundo hay gente despiadada, sin corazón, y me ha tocado lidiar con ellos en lo verbal y en lo militar. Yo no hubiera querido estar donde estoy. Mi proyecto de vida siempre fue familiar, pero a mí me querían matar (tenía 18 años y llevaba una vida normal, de clase media) y tuve que buscar refugio y seguridad en La Oficina”, relata.

Afirma que ha logrado ascender en la estructura por su “seriedad, lealtad y capacidad y, dentro de lo malo, le puedo decir que he salvado vidas, y no pocas, por labores de mediación”.

La Guerra Fría

En los 90, Medellín llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo, con 45,370 homicidios en esa década, uno cada dos horas en promedio. Y el renovado ascenso de la violencia este año por el enfrentamiento entre bandas causa alarma entre la población.

Para el principal experto en conflicto urbano en Medellín, Luis Fernando Quijano, lo que se ha observado en la ciudad en los últimos meses es una disputa entre dos grupos de La Oficina.

Uno, el mayoritario, es el de Juan Carlos Mesa Vallejo, 'Tom', quien es reconocido por la influencia que ejerce en el 80 por ciento de los “combos” de La Oficina a pesar de estar en prisión. El otro era una “disidencia” minoritaria que estaba encabezada por las bandas La Terraza –al mando de 'Douglas' y 'Barny'— y Los Pesebreros, de 'Carlos Pesebre', y por el 'Gordo Pichi'.

Quijano llama a los disidentes “la línea 20” de La Oficina, porque ese sería el porcentaje de combos de la organización que controlan: el 20 por ciento, mientras que a la estructura de 'Tom' la denomina “la línea 80”.

'Ocho' reconoce que hay “tensión y enfrentamientos sectoriales” en las Comunas San Javier y Robledo y en el corregimiento Altavista.

En San Javier, que se conoce también como la Comuna 13, los homicidios han aumentado este año un 76 por ciento este año como resultado de los enfrentamientos entre bandas. Entre enero y el 19 de agosto de 2018 ocurrieron 53, contra 30 en el mismo periodo de 2017.

Este semanario conoció que 'Tom' hizo gestiones a través de intermediarios para que 'Douglas', 'Barny' y el 'Gordo Pichi' –los tres encarcelados en diferentes prisiones del país— ayuden a poner fin a los enfrentamientos y se sumen a la iniciativa para buscar un proceso de paz con el gobierno.

Sin embargo, la banda Los Pesebreros, de 'Carlos Pesebre', quien está encarcelado en Valledupar, sigue enfrentado a la unión “Chivos-Pájaros”, que es apoyada por la “línea 80” de La Oficina.

“Lo que ha enmarcado estos conflictos es la falta de comunicación –dice ‘Ocho’-. Esto se puede parar con el diálogo, porque las tensiones han sido creadas por personas de los sectores. Son temas específicos de los sectores. No creemos que haya interés de quitarnos espacios, sino intereses particulares que se están interponiendo en algunas zonas”.

'Ocho' reconoce, sin embargo, que existe el riesgo de que esas disputas sectoriales lleven a una confrontación entre la cúpula de “línea 80” de La Oficina, a la que él pertenece, y Los Pesebreros.

De acuerdo con una fuente consultada por este semanario, la banda de 'Carlos Pesebre' contaría en San Javier con el respaldo de facciones locales del Clan del Golfo –conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), por su origen paramilitar-, un grupo delictivo que tiene una presencia marginal en la ciudad pero que es el cartel de las drogas más poderoso de Colombia.

“Sabemos que la guerra nunca es buena para nadie, todo mundo pierde, y estamos haciendo lo posible por evitarla y por incorporar a todos a un proceso de paz”, afirma el vocero de La Oficina.

Luis Fernando Quijano explica que 'Carlos Pesebre' y los jefes de la “línea 80” todavía no se están disparando entre ellos “pero están detrás de los enfrentamientos que hay en varias zonas de la ciudad”.

Dice que lo que hay hoy en Medellín es una especie de 'Guerra Fría' que puede decantar hacia el diálogo o hacia una guerra que dejaría miles de muertos, como las que han sacudido a Medellín en otras épocas.

“Lo que pasa diario en las comunas nos está mostrando que algo malo está ocurriendo, algo muy grave, y la institucionalidad no está preparada para enfrentar las consecuencias sociales de una guerra”, afirma Quijano, quien es presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y director del portal especializado en crimen organizado Analisisurbano.org.

'Ocho' afirma que diferentes mandos de La Oficina están tratando de evitar que las confrontaciones sectoriales se desborden a toda la ciudad.

“Por eso veo con optimismo que se pueda evitar una guerra”, señala.

La aspiración de la dirección colegiada de La Oficina, indica el vocero de la organización, es ir unidos a un proceso de “acogimiento a la justicia” que lleve a la pacificación de la ciudad.

“Queremos que el gobierno nacional dé un impulso a esto, no con una mediación, sino que abra las puertas a un proceso de reconciliación a nivel del área metropolitana de Medellín y de las estructuras que tenemos en otras ciudades. En esto podrían participar también otros actores armados que hacen parte del conflicto urbano en todo el país”, señala 'Ocho'.

Para Quijano, un acuerdo entre la “línea 80” de La Oficina, Los Pesebreros y el Clan del Golfo, sería “la antesala de la pacificación de Medellín”.

'Ocho' confía en que se están dando las condiciones para transitar hacia un proceso “de paz y reconciliación” que acabe, o al menos reduzca a su mínima expresión, el conflicto urbano en Medellín.

La paz, asegura, significa “la desaparición de La Oficina” y la desintegración total de la estructura armada que quedó tras la caída del Cartel de Medellín.

Hemos sido un bastión paramilitar que dio apoyo al Estado. En la época de ‘Don Berna’ trabajamos articuladamente con el DAS, el Ejército y la Policía para combatir estructuras de izquierda en Medellín

Una criatura de Pablo Escobar

La Oficina ha mostrado a través de sus más de tres décadas de existencia una gran agilidad para adaptarse a las circunstancias del mundo criminal. Colombia ha fortalecido en estos años de manera muy notable su capacidad institucional para combatir el delito, y la organización ilegal ha sufrido grandes golpes, pero se mantiene vigente.

“Hemos ido mutando –dice ‘Ocho’-. Hemos sido un bastión paramilitar que dio apoyo al Estado. En la época de ‘Don Berna’ (como jefe de la organización) trabajamos articuladamente con el DAS, el Ejército y la Policía para combatir estructuras de izquierda en Medellín, y apoyamos la Operación Orión (para expulsar a las milicias de la guerrilla de las comunas, en 2002)”.

Y no ha faltado la presencia empresarial en la organización. El caso más notorio ha sido el del propietario del equipo Envigado Fútbol Club, Gustavo Upegui, quien fue asesinado en 2006 y al que se llegó a mencionar como un alto mando de La Oficina.

Pero todo comenzó con Pablo Escobar, en los 80, cuando el jefe del Cartel de Medellín estaba en la cúspide de su poder. Él tenía clara su condición de bandido, pero al mismo tiempo se asumía como el presidente de una boyante empresa multinacional cuyo principal ingreso era la venta de cocaína al mercado estadounidense.

De acuerdo con un abogado que trabajó para el capo en esa época y que pidió omitir su nombre, en sus jornadas cotidianas de trabajo Escobar se refería a su negocio como La Oficina.

Cuando salía de su casa le decía a su esposa María Victoria Henao, “voy a la oficina”.

Lo hacía antes de salir con su caravana de escoltas a las diferentes casas del municipio de Envigado, en el área metropolitana de Medellín, donde manejaba su “empresa”.

“La oficina no era un lugar especial, sino varias casas en las que él recibía gente, hacía sus negocios y atendía sus asuntos. Podía estar en Envigado, en Medellín, en su finca Nápoles, y para él todo eso era su oficina, su negocio. Él, a su organización, no la llamaba Cartel de Medellín, sino ‘mi oficina’”, cuenta el abogado.

Así fue tomando forma en el mundo de la ilegalidad de Medellín “La Oficina de Envigado”, que no sólo llegó a ser la firma criminal que administraba las operaciones del cartel, sino que con el paso del tiempo se transformó en una confederación de las bandas y pandillas de la ciudad y sus alrededores y en el ejército privado de Escobar.

La mañana del 19 de junio de 1991, día en que Escobar se sometió a la justicia, le comentó a sus allegados: “Hoy me voy entregar por razones de seguridad y porque en La Catedral (la cárcel que hizo construir especialmente para él y sus hombres, en inmediaciones de Envigado, y de la que se escaparían el 21 de julio de 1992) voy a reorganizar mi oficina”.

En La Oficina de Envigado -municipio ubicado en el área metropolitana de Medellín y en el que vivió muchos años el capo del narcotráfico— él aglutinó a sus jefes de sicarios, como El Chopo, Cuchilla, Pinina, Tyson, La Quica, Elkin Correa, Mugre, Arete, Otto, El Palomo, Cuchilla y los hermanos David, Armado y José Prisco.

Ellos, a su vez, comandaban los “combos” (pandillas) de las comunas de Medellín, de donde salían los pistoleros que ejecutaban las órdenes de Escobar, quien era conocido también como 'El Patrón' o 'El Doctor'.

Para el experto en seguridad y profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Gustavo Duncan, La Oficina hoy “es un cuerpo colegiado, como dicen ellos, que congrega a las 10 mayores bandas que controlan la ciudad y su zona metropolitana, pero sin duda fue Escobar el que creó esa estructura”.

Medellín, indica el doctor en ciencias políticas, estaba lleno de estructuras criminales a mediados de los 80, y Escobar les dio armas, las financió y las hizo partícipes de los negocios ilegales en la ciudad.

“Pasaron de hampones de barrio a bandidos de mejor nivel”, señala.

Juan Diego Restrepo, autor del libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, dice que esa organización fue creada como un mecanismo de regulación del narcotráfico a través del cual el Cartel de Medellín coordinaba el envío de cargamentos cocaína, establecía las rutas, resolvía disputas entre capos de la droga y actuaba como “agencia de cobro”.

Señala que al estallar la guerra entre Escobar y el Estado colombiano, a fines de los 80, La Oficina de Envigado –que hoy es conocida como La Oficina porque sus actividades abarcan toda la zona metropolitana de Medellín y no solo Envigado— adquirió mayor relevancia militar.

Fue, indica Restrepo, la ejecutora de magnicidios, asesinatos selectivos y atentados narcoterroristas que buscaban derogar la extradición de capos del narcotráfico a Estados Unidos.

En esa época, que precedió la entrega de Escobar a la justicia, se consolidó como el brazo armado del Cartel de Medellín y el centro de reclutamiento y capacitación de los sicarios de confianza del jefe de la organización criminal.

En la cárcel La Catedral, Escobar, en efecto, logró “reorganizar la oficina”, es decir, su negocio de narcotráfico.

Pero los excesos que cometió con sus socios y los frentes de guerra que abrió contra el Estado y contra el poderoso Cartel de Cali sellaron su caída.

A principios de julio de 1992, Escobar y sus hombres asesinaron en La Catedral, durante una visita, a los hermanos Fernando y Mario Galeano y Gerardo y William Moncada, quienes eran socios del capo y a los cuales responsabilizó de robarle dinero.

De esa matanza se salvó Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', quiera era jefe de seguridad de Fernando Galeano y quien no acudió a esa cita en La Catedral.

Escobar y sus escoltas se escaparon días después de la cárcel, cuando el gobierno ordenó un operativo del Ejército para trasladarlo a una prisión militar.

La Oficina de Envigado se partió en dos en esa época. De un lado quedó un puñado de sicarios leales al jefe del Cartel de Medellín y, de otro, un grupo de pistoleros que reclutó 'Don Berna', con financiamiento del Cartel de Cali, para cazar a Escobar.

En septiembre de 1992, Gilberto y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, crearon Los Pepes (acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar), junto con 'Don Berna' y los hermanos Fidel y Carlos Castaño, los principales paramilitares de Colombia en ese entonces.

La caída del Cartel de Medellín

Pablo Escobar murió baleado el 2 de diciembre de 1993 durante un operativo en una casa en Medellín en el que participaron policías, efectivos del Ejército, agentes de la DEA e integrantes de Los Pepes.

Aunque la historia oficial indica que fue el policía Hugo Aguilar quien abatió al capo de un disparo, 'Don Berna' sostiene que fue su hermano, Rodolfo Murillo, alias 'Semilla', quien mató a Escobar de un disparó de fusil M­16 calibre 5.56 en la cabeza.

El exabogado de Escobar consultado en Medellín asegura que tras la caída del jefe del Cartel de Medellín y la virtual aniquilación de esa organización delictiva, los hermanos Rodríguez Orejuela citaron a una reunión en Cali en la que los jefes de Los Pepes se repartieron el botín de guerra.

“A la viuda de Escobar, María Victoria Henao, la hicieron entregar muchos millones de dólares en bienes, efectivo, autos, obras de artes y joyas, a ‘Don Berna’ lo nombraron jefe de plaza en Medellín y a mí me ordenaron quedarme a trabajar con ellos en un plan que querían entregarle al gobierno para su entrega a la justicia. Eso me salvó la vida”, señala el abogado.

En 1994, 'Don Berna', con la bendición del Cartel de Cali y con el empresario Gustavo Upegui a su lado, se erigió como el nuevo jefe de La Oficina de Envigado, la cual fortaleció en términos bélicos y organizacionales y eso le permitió controlar en pocos años todas las actividades ilegales del Valle de Aburrá, incluido el tráfico de cocaína.

El autor de Las vueltas de la Oficina de Envigado, Juan Diego Restrepo, dice que 'Don Berna' transformó esa organización en una estructura paramilitar que se financiaba con el narcotráfico y que participó, en alianza con el Ejército, en la guerra sucia contra las milicias de las guerrillas de las Farc y el Eln que actuaban en las comunas de Medellín y a las cuales aniquiló.

“Esa transformación fue paralela al proceso de paramilitarización que vivió el país desde finales de los 90 hasta principios de este siglo”, indica Restrepo.

'Don Berna', quien había militado en su juventud en la guerrilla del EPL, se convirtió en uno de los principales comandantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en jefe de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que operaban en Medellín.

El control territorial de 'Don Berna' en el Valle de Aburrá llegó a consolidarse tanto, que se convirtió en un regulador del mundo criminal.


El resultado fue que los homicidios bajaron de 5,526 en 1993 a 782 en 2005, cuando el jefe de La Oficina se entregó a la justicia como parte de un acuerdo de paz entre las AUC y el gobierno colombiano. Esa época se conoció como la de la “donbernabilidad” de Medellín.

El narcotraficante y paramilitar fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, junto con 13 jefes paramilitares más, bajo cargos de seguir traficando cocaína a ese país desde la cárcel. Hoy cumple en una cárcel estadounidense una condena de 31 años.

El sucesor de 'Don Berna' como jefe de La Oficina fue Ericson Vargas, 'Sebastián', quien enfrentó durante tres años una guerra por el control de esa organización con Maximiliano Bonilla, 'Valenciano'. Entre 2008 y 2011, los homicidios se incrementaron en Medellín en un 57 por ciento. En ese lapso hubo 6,902 asesinatos en la ciudad, casi cinco diarios en promedio.

En noviembre de 2011, 'Valenciano' fue capturado en Venezuela, y nueve meses después fue detenido 'Sebastián' en una finca cercana a Medellín. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El sucesor de 'Sebastián' como jefe de La Oficina fue Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como 'Tom' o 'Carlos Chatas', quien fue capturado en diciembre pasado en El Peñol, un municipio cercano a Medellín, y quien desde antes de su detención buscaba iniciar un proceso de paz con el gobierno colombiano y entregarse a la justicia.

Para Juan Diego Restrepo, lo que se conoce de esa organización es su ala militar, “pero atrás, y probablemente más arriba que los jefes militares, están empresarios que invierten en los negocios de narcotráfico y que lavan las grandes rentas criminales que deja esa actividad”.

El profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Gustavo Duncan, considera que La Oficina ha menguado su fuerza porque sus últimos jefes, a partir de 'Sebastián', perdieron “la conexión que algún día llegaron a tener con el tráfico internacional de drogas”.

Además, agrega, el Estado colombiano “se fortaleció tanto, que en la época de Pablo Escobar la policía no entraba a los barrios de Medellín, y hoy entra cuando quiere”.

'Ocho' afirma: “Somos una organización con casi 40 años de fundada, hemos tenido muchos liderazgos, nos han capturado a muchos jefes, pero seguimos vigentes. La diferencia, hoy, es que queremos contribuir a la paz de Medellín y buscar un camino de acogimiento a la justicia”.

Las fórmulas que se barajan para hacer la paz urbana en Medellín

Al igual que en México, en Colombia se abre paso la posibilidad de ensayar estrategias alternativas a la persecución policiaca para enfrentar el problema de la criminalidad en las grandes ciudades.

En México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promueve foros “por la pacificación y reconciliación nacional” en los que se discuten mecanismos de justicia transicional para propiciar la desactivación de grupos criminales a cambio de beneficios judiciales que satisfagan a las víctimas y a organismos de derechos humanos.

En Medellín, la segunda ciudad de Colombia, voceros de la estructura delictiva conocida como La Oficina han expresado su deseo de “acogerse” a la justicia, entregar las armas, desmantelar sus negocios ilegales y reparar a sus víctimas a cambio de una rebaja de penas.

Consultado al respecto, el abogado de Medellín, Ricardo Andrés Giraldo, dice que “es necesario darles a estas organizaciones salidas legales para romper el ciclo de violencia”.

El maestro en derecho procesal penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana propone una legislación especial que permita a grupos delictivos como La Oficina, que actúan en entornos urbanos, iniciar un proceso de paz en el marco de una nueva legislación que garantice la justicia, la verdad, la reparación a víctimas y las garantías de no repetición.

Afirma que las capturas de integrantes y cabecillas de grupos criminales en Medellín, que suman más de 2,900 este año, resultan por sí solas ineficaces para reducir los índices de violencia y dar seguridad a la ciudadanía.

Este año se han registrado 67 homicidios más en la ciudad de los que se registraron entre enero y mediados de agosto de 2017. Y 2018 será el segundo año consecutivo con aumento de asesinatos.

“Es necesario cambiar la estrategia para combatir el delito. La que tenemos no está dando resultados”, señala el abogado, quien cursa un doctorado en derecho en la Universidad Sergio Arboleda.

Giraldo propone impulsar una ley que permita a todos los “actores del conflicto armado urbano” del país acudir a la justicia, confesar sus crímenes, abandonar sus negocios ilícitos y recibir, a cambio, penas de entre cinco y ocho años de prisión efectiva, en el caso de delitos comunes, y hasta de 10 años en los casos de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, ejecuciones y violencia sexual.

Además, señala, la iniciativa podría tener como incentivos que los condenados puedan cumplir sus penas en granjas agrícolas; que admita a los miembros de este tipo de organizaciones que estén presos y hayan recibido condenas, y que se limite la admisión de solicitudes de extradición a Estados Unidos a los delitos que se hayan cometido después de que haya entrado en vigor la eventual legislación.

Con este marco legal, explica, se propiciaría que en Medellín y otras ciudades de Colombia con alto niveles de criminalidad haya un “acogimiento” a la justicia, individual y colectivo, de integrantes de estructuras delincuenciales que generan violencia y terror entre la población.

En junio pasado, el Congreso aprobó una ley para el sometimiento a la justicia de bandas criminales que está dirigida a “grupos armados organizados” como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y las disidencias de las Farc.

La nueva legislación, que contempla sometimientos colectivos, rebajas de penas de hasta el 50 por ciento y el cumplimiento de condenas en granjas agrícolas, excluye a las estructuras delictivas urbanas como La Oficina, que están consideradas organizaciones delincuenciales integrada al narcotráfico (Odines).

La senadora del partido Centro Democrático, Paola Holguín, quien ha criticado la ley de sometimiento por contemplar solo entregas colectivas y no individuales de criminales, es partidaria de darle una salida a las organizaciones delictivas urbanas si eso contribuye “de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia”.

Holguín señala que, en ese sentido, ella es partidaria de “trabajar en herramientas jurídicas que permitan el sometimiento” de esos grupos a la justicia, a cambio de rebajas de penas y de establecer sentencias máximas de entre ocho y 10 de “prisión efectiva” que podrían cumplir en cárceles o granjas agrícolas.

Advierte, sin embargo, que un eventual proceso de este tipo debería ir acompañado “de investigaciones de fondo para llegar a la verdad sobre sus aliados, sus grupos de apoyo y sus fuentes de financiamiento”.

Además, “de una legislación que garantice que, quienes se acojan a ella, perderán todos los beneficios y nunca más podrán participar en una ley de sometimiento si reinciden en el delito”.

Holguín, quien es integrante de la Comisión de Política Criminal del Senado, dice que, frente a las estrategias que se han propuestos para transitar hacia la paz urbana, ella seguirá los lineamientos que establezca el gobierno del presidente Iván Duque.

El senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda, plantea que, por principio, es partidario de impulsar “cualquier proceso que implique la erradicación de la violencia en todos los contextos, no solamente la que tiene un origen político evidente, como la que ejercen las guerrillas, sino también la que está relacionada con el crimen organizado”.

La diferencia, dice, es que una guerrilla puede ser reconocida por el Estado como actor político, y un grupo delictivo no.

“Colombia –asegura Cepeda- ha tenido una larga y sangrienta experiencia con el esquema represivo que se ha aplicado en la guerra contra el delito y el narcotráfico. A lo único que nos ha conducido esto es a la reproducción exponencial de los carteles, los microcarteles y las redes del narcotráfico, así que hay que ensayar definitivamente otras vías”.

Afirma que si La Oficina y otras estructuras armadas urbanas tienen una intención auténtica de desmantelar sus negocios ilegales, reparar a sus víctimas y deponer las armas, “pues obviamente habría que pensar en las vías que hagan realidad esa intención”.

Consultado al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señala que su administración va “duro y de frente contra las organizaciones criminales” y que “cada vez debemos dar golpes más fuertes y estratégicos que debiliten su estructura”.

Gutiérrez, quien ha priorizado el tema de seguridad durante su gobierno, dice que esa postura “ha dado resultados” por la cantidad de cabecillas de La Oficina (120) que han sido capturados este año.

“Nosotros no negociamos con ellos. Hoy sus opciones son someterse o caer capturados”, asegura, aunque aclara que detener miembros de estructuras criminales “no es un fin en sí mismo; el fin es lograr confianza en la ciudad”.

De acuerdo con Gutiérrez, su lucha contra el crimen es “en favor de los valores colectivos que la mafia nos arrebató: volver al trabajo honrado en oposición al dinero fácil, a la discreción en oposición a la opulencia, al valor de la vida en oposición a un precio para cada vida”.

El alcalde atribuye el aumento de homicidios que se ha registrado este año en la ciudad a las disputas entre bandas por el territorio.

Es muy fácil hablar cuando usted vive en un edificio completamente blindado. En los barrios es donde se escuchan disparos día a día y donde las comunidades tienen que convivir con la muerte

El abogado Ricardo Andrés Giraldo plantea que los habitantes de Medellín que más sufren la violencia son los que viven en los barrios más pobres, como en la Comuna 13, donde los asesinatos han aumentado 80 por ciento este año.

“Es muy fácil hablar cuando usted vive en un edificio completamente blindado y con seguridad, ahí no pasa nada, pero en los barrios es donde se escuchan disparos día a día y donde las comunidades tienen que convivir con la muerte. Por eso creo que una salida que rompa ese círculo es la más adecuada”, señala.

La gerente de Paz de la Gobernación de Antioquia, Tatiana Gutiérrez Pérez, es partidaria de explorar una vía de acogimiento a la justicia, en el marco de una ley, de los miembros de La Oficina.

“Si este proceso está bien organizado, si hay una legislación, hay que hacerlo, porque a nosotros nos ha costado mucho construir una sociedad. Y si hay un compromiso de estos grupos delictivos de someterse a la justicia, de entregar parte de sus bienes para reparar a las víctimas y de seguir una ruta de legalidad, hay que darles la oportunidad”, asegura.

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