La Policía cree que delincuentes del ‘clan del Golfo’ estarían tras el asesinato de los exguerrilleros Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya Ibarra, del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), de la desmovilizada guerrilla.
El comandante del Distrito 6 de la Policía, el general Juan Rodríguez, dijo que integrantes de esta banda criminal serían los responsables de ese homicidio cometido el pasado martes, en el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia.
Al parecer, ese doble crimen habría sido rechazado por cabecillas de esa banda criminal y habría una disputa interna entre los que lo cometieron y los que no están de acuerdo.
El oficial anunció que el cuerpo élite de la Policía asumió las investigaciones, en conjunto con la Fiscalía para esclarecer esos homicidios.
Según las Farc, a la fecha van más de 30 excombatientes asesinados en el país y denuncian que los excombatientes e integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común han sido objeto de la constante persecución por parte de actores armados que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz, generar temor y zozobra de quienes hoy creen en el camino de la reconciliación.
Por medio de un comunicado, la desmovilizada guerrilla explicó que Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya se encontraban en Peque realizando un encuentro con la comunidad y preparando una reunión para impulsar la campaña del candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia Wilman de Jesús Cartagena Durango.
Ambos excombatientes estaban certificados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llanogrande, en Dabeiba (occidente), donde hay unos 300 exguerrilleros que se reincorporan a la vida civil.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condenó el asesinato y expresó su grave preocupación por este hecho, el cual constituye el primer atentado mortal en el marco del proceso electoral de 2018.
La Misión de la ONU valora los esfuerzos iniciales de articulación entre las autoridades civiles y militares, nacionales y departamentales, que se movilizan para esclacer este hecho. También, insta a todas las instituciones competentes a no escatimar esfuerzos para una pronta investigación y la judicialización de los responsables. Así mismo exhorta a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos durante el proceso electoral.
MEDELLÍN
