Caravana salió de Medellín con ayudas para municipios en paro minero

Movidos por la solidaridad, habitantes de Medellín y varias centrales obreras y organizaciones sociales partieron este domingo 27 de agosto hacia Segovia y Remedios (nordeste antioqueño), donde el paro minero que ya completa 38 días ocasionó desabastecimiento de alimentos.

Allí, 53 camionetas, tres camiones y varios motociclistas llegaron cargados de comida para distribuir entre las comunidades y mostrar su apoyo a las manifestaciones.

“La jornada de recolección de alimentos se hizo toda la semana pasada. Los sindicatos hicieron un llamado a sus afiliados para que ayudaran”, explicó la concejal de Medellín, Luz María Múnera, quien participó en la actividad. Asimismo, añadió que aunque el comercio está cerrado en ambos municipios, la población apoya el paro.

Por su lado, Elóber Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, indicó que los habitantes están muy agradecidos con estos gestos de solidaridad y que reciben las caravanas con banderas, pancartas y hasta el himno nacional.

El líder también aseguró que el desabastecimiento ha sido llevadero debido a las múltiples ayudas que han recibido en caravanas similares a la de este domingo.

“Hemos tenido más o menos unas ocho caravanas que han venido a apoyar. Hemos recibido ayuda de Medellín, así como de Yalí, Vegachí (nordeste), Caucasia, Zaragoza y El Bagre (Bajo Cauca)”, puntualizó.

Tras algunas reuniones que han sostenido, se ven los primeros asomos de una posibilidad de levantar el paro, pero, los mineros manifestaron que aún nada está acordado y se quejaron de la ‘falta de voluntad’ de la compañía.

La Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Minas y Energía le presentaron a la Mesa Minera una propuesta basada en sus peticiones iniciales resumidas en 14 puntos, de los cuales 10 tienen significativos avances, si bien, no están concretados del todo.

Uno de los puntos es brindarles acompañamiento y asistencia técnica a las alcaldías de Segovia y Remedios para la delimitación de las zonas de uso industrial en los esquemas de ordenamiento territorial (EOT) que permitan la reubicación de las plantas de beneficio, así como la implementación de medidas que permitan la eliminación del mercurio en el proceso de beneficio del oro.

Sobre este punto, representantes de la Mesa Minera indicaron que es muy positivo que exista ese compromiso y que esperan que las plantas de beneficio tengan un tiempo para adaptarse a las tecnologías limpias. De acuerdo con Elióber Castañeda, la cadena productiva de los mineros ancestrales se debe respetar, lo que implica que no será la Gran Colombia Gold la que desarrolle todos los procesos de beneficio del oro.

Entre otros de los puntos de los mineros están la creación de un mecanismo para la solución de conflictos, cuando estos se presenten en el ámbito contractual entre la empresa y los mineros; la búsqueda de apoyo internacional por medio de convenios para incentivar el sector; la presencia permanente de una oficina para funcionarios de la Mesa Minera de Soluciones, de modo que puedan acompañar los procesos de formalización.

Entre tanto, se espera que se entregue un cronograma de trabajo que permita abrir la mediación para la formalización entre todos los titulares mineros presentes en los municipios y las unidades de producción minera informal caracterizadas.

José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Gran Colombia Gold, habló de cómo ha afrontado la compañía esta situación. “Estamos abiertos al diálogo y las negociaciones con la Mesa Minera de Segovia y Remedios mientras estas se desarrollen en el marco de la ley. Rechazamos las vías de hecho que se han registrado en este paro minero y reiteramos que se respete el derecho al trabajo”, indicó el directivo.

También explicó que la empresa tuvo que suspender 900 contratos de trabajo de 1.500 empleados, por extorsiones e intimidaciones, así como 2.500 contratos con contratistas y proveedores, entre ellos los 36 contratos de operación firmados con las unidades mineras que se han formalizado. La compañía también reporta daños superiores a 3.600 millones de pesos, por los ataques con explosivos a instalaciones.

La propuesta de la multinacional es “pagarles, bajo el marco de un contrato de operación, 700 dólares por onza a aquellas unidades de pequeña minería que produzcan hasta 80 onzas mensuales, lo cual representa un valor aproximado de 300.000 pesos por 4,6 gramos”, puntualizó Noguera. Aún no se sabe si fue aceptada por la Mesa.

MEDELLÍN