El Juzgado 8 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías impuso medida de arresto domiciliario contra una inspectora de urbanismo por presuntamente incurrir en el delito de concusión.
Según la investigación de la Fiscalía, la funcionaria al parecer le exigió dinero al propietario de un establecimiento educativo, para no demoler unas obras de ampliación que no contaban con las respectivas licencias de construcción.
El juez también impuso arresto domiciliario contra un arquitecto y excontratista del Municipio de Medellín, quien actuaba en calidad de interviniente.
“De acuerdo con la investigación, las exigencias económicas se habrían presentado entre abril y diciembre de 2016, periodo en el que los procesados supuestamente recibieron la suma de 56 millones de pesos”, explicó el ente acusador en un comunicado.
Las exigencias económicas se habrían presentado entre abril y diciembre de 2016
Según las denuncias de la víctima, a cambio del dinero, los investigados se comprometieron a no paralizar las obras, a no ordenar su demolición y a gestionar las licencias necesarias.
La inspectora y el interviniente no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de concusión por constreñimiento.
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