Medellín no ha podido resolver el conflicto urbano que empezó en la década del 80. Los combos siguen con mucho poder armado en las laderas, marcan fronteras invisibles, amenazan de muerte, extorsionan, desaparecen, reclutan a menores de edad y desplazan a familias enteras.
Además, continúan con el monopolio de armas, enfrentamientos, explotación sexual infantil y con la falsa justicia: imponen reglas en las comunas y castigan a quienes las rompen.
A escasos 20 días de terminar el año, el personero de Medellín, Guillermo Durán, entregó un balance con cifras preocupantes en violación de derechos humanos en la ciudad.
“No cede el desplazamiento intraurbano ni la ‘justicia social'. Los combos solucionan los problemas pequeños que se presentan entre ciudadanos expulsándolos de los barrios”, dijo.
La Personería registró 2.841 desplazamientos en la ciudad entre enero y noviembre de este año. San Javier, con 513 denuncias, es la comuna con más casos, seguida de Robledo, con 437, y Popular, con 310.
Aunque la disminución es cercana al 50 por ciento frente al 2015, las cifras son muy altas y el desplazamiento forzado una vulneración múltiple de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
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También lo es la desaparición forzada. Las cuatro fiscalías especializadas de Medellín investigan 234 casos denunciados este año.
A la Fiscalía llegan casos de personas de las que no se conoce su paradero después de 60 días, pese a que la familia y las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda urgente en hospitales, morgues y publicaciones en medios de comunicación.
Durante el último cuatrienio (2012-2015) se registraron 2.324 personas desaparecidas, de las cuales, 1.261 aparecieron vivas, 95 muertas y 968 continúan sin dejar rastro.
Para el Ministerio Público, la desaparición forzada es una manera de control y dominio de los grupos armados para ocultar cadáveres y no incrementar las cifras de homicidios.
A Durán, además, le preocupa la utilización de menores de edad de parte de las bandas para delinquir. “Los combos, sobre todo los de las laderas, se dieron cuenta de que los niños tienen una legislación menos fuerte y los ponen a hacer tareas peligrosas. Afectan su formación, integridad y les ofrecen un futuro que continúa en la cadena de delincuencia”, agregó.
Sin embargo, este es un delito que poco se denuncia por miedo. Este año, la Personería ha recibido solo dos reportes de reclutamiento forzado perpetrados por bandas criminales, uno fue en Castilla por parte de 'los Mondongueros’ y el otro en el barrio Santa Cruz, de 'los Triana’.
El personero reconoció que el Alcalde se va de frente contra los combos, pero dijo que el problema es mayor y tiene muchos tentáculos, financiado por rentas criminales.
“Las políticas son de choque, hay que mirar cómo se seguirá enfrentando, pero es necesario que la Administración no solo continúe con el ataque frontal contra los grupos, sino también con componentes sociales”, agregó.
En esto coincidió Luis Guillermo Pardo, director del Centro Consultoría de Conflicto Urbano (C3), quien afirmó que el conflicto no se ha analizado a fondo, que faltan investigaciones de campo para establecer la realidad de la violencia urbana y de las rentas ilegales. “Se deben diseñar más estrategias de inteligencia y de seguridad, y evaluar cómo funcionan los cuadrantes de la Policía para ver si dan resultados”.
El experto también advirtió que las ‘Convivir’ siguen mandando en el Centro y que cada vez que extorsionan violan el derecho a la libertad económica; cada vez que imponen barreras invisibles, niegan el derecho al libre esparcimiento, y cuando reclutan a un niño, violan el Derecho Internacional Humanitario.
DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
Medellín
